Jueces de paz verían los delitos menores

Redistribución. El anteproyecto final del nuevo proceso penal será presentado a la Asamblea en marzo. Su elaboración está a cargo de salvadoreños y cuesta menos que el actual.

Publicada 23 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Sede judicial. Los delitos considerados menores serán resueltos en los juzgados de paz. Foto EDH

La figura de los jueces de paz no desaparece en el anteproyecto de Código Procesal Penal y Código Penal, sino que les dará el papel fundamental de resolver delitos menores y ayudar así a descongestionar el sistema judicial.

La viceministra de Gobernación, Silvia Aguilar, quien ha trabajado en los documentos, explicó que actualmente tanto delitos graves como menores pasan por todas las etapas del proceso penal, cuando no pueden tener el mismo tratamiento.

No obstante, agregó, en los tribunales de paz se podrían realizar procedimientos abreviados cuando el hechor admita la culpabilidad.

Para los delitos graves se pueden dejar a los tribunales de instrucción y sentencia, afirmó.
“Si valoramos, es más la cantidad de delitos menos graves a los graves, pero ¿qué pasa? Saturamos las instituciones con muchos casos y hay unos que no se diligencian, otros que no se presentan y el ciudadano se siente muy inconforme”, añadió la funcionaria.

Aguilar explicó que los involucrados en la creación del proyecto trabajan sobre la premisa de buscar acercar la justicia a las comunidades. “Si hay una experiencia ganada es en los juzgados de paz, para resolver conflictos”.

Mientras tanto, el magistrado Mauricio Clará respalda la iniciativa de dar a los jueces de paz la potestad de juzgar sólo delitos menores, aunque se manifiesta inconforme con la revisión que se ha hecho de la legislación procesal penal y cree que se debe hacer un cambio profundo.

El proceso penal tiene dos fases: una de instrucción y otra de juicio, debate o controversia. “Si ya tenemos un juez de instrucción, con la mentalidad de que participará en el fortalecimiento de la prueba, de la imputación o de la defensa, no es que se menosprecie el trabajo de los jueces de paz, pero esa parte ya no les compete a ellos”, explicó.

La instrucción de los procesos grandes debe quedar en manos de los jueces de primera instancia. “El concepto de instruir implica que el juez se involucre en el trabajo y no sólo esté a la expectativa, como un juez de lo civil que no actúa si no se lo piden”, afirmó.

Recordó que a veces ha sido “contraproducente” que algunos jueces de paz hayan resuelto sobre casos graves, con resoluciones cuestionadas que han causado escándalo social.

La legislación procesal, penal que entró en vigencia en 1998, era de transición y como tal, para la viceministra Aguilar, ha llegado el momento de diseñar un nuevo proceso que responda a la realidad salvadoreña bajo el marco constitucional. “Será una legislación salvadoreña hecha por salvadoreños y a un menor costo”, afirmó.

Dice Clará: “Primera revisión no basta”

Mauricio Clará, magistrado de la Sala de lo Constitucional y uno de los críticos del proceso penal actual, declaró que el primer borrador de las nuevas leyes penales, patrocinado por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), “no basta” porque tiene sólo cambios de forma y no de fondo.

“El esfuerzo y el reconocimiento que se hace de algunas fallas de la actual legislación procesal penal es aceptable, pero el trabajo está a medias”, observó.

Clará, quien desde antes que se promulgara en 1998 advirtió sobre el garantismo de la normativa, expuso que ahora el riesgo es hacer “cambios cosméticos” y dejar los vacíos y fallas procesales, con lo cual los códigos actuales siguirían vigentes.

El magistrado es partidario de un “rediseño completo” de la legislación procesal penal, porque, a su juicio, con el proyecto planteado “hay pequeñas mejoras, pero la cuestión fundamental de un cambio integral ha quedado obviada”.

El funcionario insistió en que el actual proceso penal ha sido “una especie de comedia”, porque desconoce el artículo 2 de la Constitución, que dispone que el Estado está obligado a proteger el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Si no se hacen cambios de fondo en el proceso penal, sino simples enmiendas, no se cumplirá este precepto constitucional, dijo.

A su juicio, el proceso penal actual sobrepone los derechos de los imputados a los de las víctimas. Esto significa un desbalance entre los derechos de los imputados y los de las víctimas potenciales, que son todos los ciudadanos y constituyen el interés público, que debe prevalecer sobre el particular de los primeros.