Arresto domiciliar para familiares de diputado Silva

Una Cámara de justicia resolvió admitir la apelación presentada por la defensa de Nora Emely Parada de Silva y María del Carmen Ortiz Herrera, quienes seguirán en detención, pero en este caso ya no en un recinto policial, sino que en sus respectivas viviendas con vigilancia policial.

Publicada 17 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Las dos mujeres son vinculadas a las presuntas negociaciones ilícitas del diputado suplente por el Partido de Conciliación Nacional, Roberto Silva.

Por lo tanto, según la resolución, se le deberán dar todas las facilidades para que las dos mujeres sean trasladadas al domicilio donde deberán permanecer con las restricciones que dicta en estos casos, como el de presentarse de forma periódica a un tribunal y la prohibición de salir del país.

Otro de los beneficiados con esta resolución es el señor Óscar Mauricio Contreras, quien fue detenido junto a las mujeres por el delito de lavado de dinero y activos. Contreras también deberá permanecer en arraigo domiciliar.

El 29 de septiembre, Lorena Rodríguez Avelar, titular del Juzgado 3o. de Paz dictaminó que Nora Emely Parada de Silva, María del Carmen Ortiz Herrera y Óscar Mauricio Contreras deben ser procesados por el delito de lavado de dinero y de activos cuya pena, de ser condenados, oscila entre los cinco y 15 años de cárcel.

Los tres imputados fueron favorecidos por la misma jueza, quien ordenó que guarden prisión preventiva en las bartolinas policiales de la División de Antinarcóticos (DAN), tras una petición que le hicieran los seis defensores.

Ese tipo de favoritismo judicial ha sido la regla siempre que un imputado por casos de drogas o lavado de dinero dice que su vida corre peligro si lo envían a reclusorio formal.

Así ha sucedido con los imputados Jaime Arturo Morales, Luis Alfonso Pinto Ríos o con el convicto Sabas David Arias.

Sin embargo, esta vez la jueza cedió a la solicitud de la defensa quien arguyó que no era posible que el diputado Roberto Silva, señalado como principal responsable, anduviera libre mientras sus cómplices permanecían encarcelados.

La defensa argumentó el parentesco entre las dos mujeres y la avanzada edad de una de ellas y el contador, según informó un vocero judicial y Carlos Escobar y Manuel Cruz Azucena, ambos del equipo defensor.

La jueza Rodríguez no quiso hablar del porqué favoreció a los imputados. Ante la insistencia, la colegiada dijo que un vocero judicial explicaría las razones.

Apelarán fallo

Ante la resolución adversa de la jueza, la defensa dijo que en los próximos cinco días apelarán la medida de prisión preventiva. Carlos Escobar dijo que entre martes y miércoles presentarán el recurso.

Aclararon que procurarán que a sus defendidos les impongan medidas sustitutivas a la cárcel.

Carlos Escobar dijo que la jueza Rodríguez no fue objetiva en su resolución, pues ella se había limitado a transcribir la acusación fiscal.

"Las mismas sospechas que tenía la Fiscalía y que había plasmado en su requerimiento como fundamento de la imputación fue la misma sospecha para la jueza", aseguró el abogado.

De acuerdo a la defensa, había suficientes pruebas de que el dinero con que los imputados han adquirido muchos muebles e inmuebles provenía de licitaciones ganadas en varias alcaldías a las que desarrollaron varios proyectos de infraestructura y no de actividades ilícitas.

Bastantes indicios

De acuerdo a la jueza Rodríguez, no es posible que la esposa del diputado Silva haya adquirido dos inmuebles, cada uno en 200 mil dólares, sin tener ingresos que le permitieran hacer esas compras.

Según la Fiscalía, la jueza se refería a la adquisición de la hacienda Altamira, que dividieron en dos partes. Cada porción fue comprada con un día de diferencia, el 11 y 12 de octubre de 2005.

Nora Emely Parada de Silva refirió que obtenía ingresos de 300 dólares quincenales de su empleo en la gasolinera de su madre, María del Carmen Ortiz.

Según la jueza, la esposa del diputado posee firmas autorizadas en todas las cuentas, bienes muebles e inmuebles inscritos en su favor, "por lo que es lógico considera que ella sabía de la procedencia ilícita de los fondos", reza la resolución.

En cuanto a la suegra del diputado, la jueza consideró ilógico que la imputada que declaró tener ingresos de 500 dólares mensuales, producto de una pensión, pudiera comprarle a su yerno, una gasolinera valorada en 200 mil dólares.

Esa compra la hizo el 5 de enero del 2005. Además, la imputada María del Carmen Ortiz, aparece como propietaria de un negocio llamado "Centro Ferretero".

Triangulación de dinero

Según la jueza, existen diversas irregularidades en el incremento del patrimonio familiar y empresarial de las dos mujeres procesadas.

Es ahí donde aparece la responsabilidad de Óscar Mauricio_Contreras, quien se desempeñaba como subgerente de la banca de personas de la zona oriental del Banco Hipotecario.

Contreras hacía una serie de movimientos de dineros provenientes de las empresas _de Roberto Silva, depositando grandes cantidades a su cuenta personal y luego transfiriéndolas a terceros.

La defensa alegó que Contreras, como buena persona hacía esos movimientos a manera de favor para sus amigos, pero la jueza advirtió que el informe del banco no revelaba otras transacciones como no fueran con las sociedades de los Silva.

En ese entonces la Fiscalía se mostró satisfecha con la decisión judicial y se apresta a oponerse al recurso que la defensa interpondrá para revocar la detención provisional.