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| Abogado. Arturo Argumedo. Foto
EDH |
Francisco Mejía
El Diario de Hoy
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El nombramiento de jueces especializados en delitos graves o complejos, previsto en la Ley Contra el Crimen Organizado, no sólo involucra el hecho de “blindarlos” para proteger su integridad física y a sus familias, sino también que sean intocables.
El diputado del PDC Arturo Argumedo hizo un análisis del proyecto de ley contra el crimen organizado, y sostiene que si bien no es la fórmula mágica para erradicar el flagelo, ayudará. Dice que ante el problema no se pueden quedar de brazos cruzados viendo cómo la delincuencia se incrementa.
La normativa prevé que estos funcionarios tengan sus sedes en las principales cabeceras departamentales, para mayor protección.
Argumedo está de acuerdo con el ex ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo, en que es una herramienta legal que se pretende crear.
La ley contra el crimen organizado crea a los jueces blindados. ¿A qué se refieren? ¿A la incorruptibilidad que deberían tener o al término de seguridad personal?
Lo de blindaje jamás se refirió a lo incorruptible, porque entonces habría que mandarlo a hacer a “algún lugar de La Mancha”. A veces uno no sabe cuánto es el precio, pero de que todos tenemos un precio no me cabe la menor duda, y hablo incluso por mí, porque si me van a amenazar a mi familia, por ejemplo, las famosas mafias de la época de El Padrino, hay que hacer una oferta que sea imposible que la rechace, cinco millones de dólares o la cabeza de la hija, no podía rechazarla; no hay jueces que tengan el suficiente blindaje a menos de que sea un robot. Yo no creo mucho en que el grueso de jueces del país sea sobornable. Pienso que fácilmente pueden ser atemorizables, porque son humanos. Entonces, la idea es que no atemoricen a ellos ni a su familia y entonces poder resolver con mayor libertad.
¿No se violentan disposiciones del sistema judicial con esta iniciativa?
No, al contrario. El que crea que se está violando facultades entonces es o que no la conoce o porque le anda buscando gallos a todo, como dicen.
Esta ley va a tratar delitos especiales. ¿Quién tendrá que definir qué delitos pasarán a ser vistos por estos tribunales?
El que va a calificar si lo manda allí o a otro es el Fiscal General, que es el titular de la acción penal, pero si en un momento dado llega al juez al que no le corresponde, éste se descarga y lo manda a un juez de lo común o viceversa.
Con esta ley se pretende disminuir la ola de criminalidad ¿Será posible esto?
Es una herramienta más que puede o no funcionar. Lo que puedo garantizar es que no nos podemos cruzar de brazos los más, que somos los buenos, contra los malos. La idea es hacer juicios ágiles y si se va a declarar inocente a una persona, que se declare, y ya, no hasta los cuatro años.
El diputado Walter Durán, del FMLN, decía que estos tribunales especiales servirán para condenar más rápidamente a los imputados. ¿Comparte esta opinión?
Eso se lo acepto a cualquier otro que no sea abogado. La verdad es que no es cierto que se nombre a un juez sólo para eso. Yo le diría que ellos (FMLN) nombran a sus militantes, los consiguen como jueces para que hagan lo que ellos les ordenan y eso sería tan absurdo como creer que el Consejo Nacional de la Judicatura propone a más de una persona para que opte a cualquier caso para que les resuelva favorablemente. Además, ¿y los recursos dónde quedan? ¿Los medios de impugnación de los fallos?
En el artículo 6 del proyecto se estaría dando pie para facultar a la Policía y a la Fiscalía a utilizar medios tecnológicos y electrónicos para la investigación. ¿Cree que con ello se avalan las intervenciones telefónicas?
Ese no es un medio tecnológico. A mí me parece que el medio tecnológico es aquella que se utiliza como técnica especial para saber si se ha consumido alcohol, por ejemplo. El otro es un mecanismo que por hoy no se puede porque aun y cuando está en el artículo 6 de esta ley, es prohibido de conformidad con la Constitución de la República.
Aunque en esta ley se le abre un poco la puerta para realizarlas.
Aunque abrieran de par en par, se estaría violando la Constitución. Si la víctima les dice a las autoridades: “Yo quiero que me pongan acá un aparato para que grabe la llamada de los extorsionistas”, entonces él lo está permitiendo que lo den.
¿Eso no es intervención?
Intervención es sin autorización judicial, pero con el consentimiento de la víctima puede ser.
¿Y esa grabación puede ser utilizada como prueba en un proceso judicial?
Ese es el punto, que haya jueces que le quieran o no dar validez, porque yo les diría antes que me traiga el video “Hágame la experticia para averiguar si efectivamente la voz que ha grabado es la del extorsionista”. Cualquiera podría simular una llamada. Eso podría pedirlo la Policía, la Fiscalía, y se le manda, y pedirle incluso al juez que él ponga al especialista.
Otro de los puntos que toca el proyecto de ley es que el juez inmediatamente va a congelar estados de cuenta de imputados. ¿Eso no se puede ser con la actual ley?
Lo que se pretende es dar más herramientas a los jueces y por eso es importante hablar de jueces especializados, no especiales; especializados en ese tipo de delitos que permita que no se burle la ley. ¿De qué sirve que a Pedro Pérez le estafen 40 mil dólares y metan preso al estafador y que no haya manera de devolver los 40 mil a la víctima? Al estafador no le importa que lo metan preso y lo chamusquen vivo si quiere. Una manera de garantizar la responsabilidad civil, la restitución de la cosa hurtada o robada es esa, la de congelar inmediatamente los fondos y que se le devuelvan a la víctima.
Algunos profesionales del derecho dicen que en vista de que los códigos penales han quedado desfasados se está creando esta ley. ¿Comparte esta opinión?
Si alguna función tenían que cumplir, aunque mal, ya la cumplieron; hay que renovar, pero estar haciendo parches... mejor las leyes especiales que no son, técnicamente hablando, muy convenientes, porque los que saben de derecho le llaman la atomización del derecho penal. ¿Acaso no hay una ley especial de Lavado?
¿No va a quedar esta ley del crimen organizado como la Ley Antimaras que iba encaminada en ese sentido?
Es el tiempo que determina si sirve o no y el que crea que la Ley Antimaras no sirvió, no vive en este país.
Con la nueva normativa lo que se proponen es acortar los plazos en los procesos judiciales ¿Es esto factible?
Por eso yo hablaba de celeridad, porque al acortarse los plazos, obviar los jueces de paz es dar cumplimiento al precepto constitucional de pronta y cumplida justicia.
¿Con esta ley se eliminan los jueces de Paz?
No se eliminan, en estos casos no se va a tener necesidad, es un salto a Instrucción para abreviar. Los jueces de Paz, cuando se hicieron los nuevos códigos, estaban eliminados, pero eran más de 600, ¿cómo se indemnizaban? Dijeron: “Dejemos aunque sea para las audiencias iniciales. A todos estos debieron, hace ratos, haberlos hecho de instrucción; hubieran trabajado a ese nivel, después hubieran pensado en la compensación salarial, pero son de creación constitucional.
Quienes van a ser los jueces especializados?
Los que la Corte elija o decida el Consejo Nacional de la Judicatura. Deberían tener unas características; obviamente, el Consejo tendrá la obligación de diseñarlo que sean ellos. No crea que van a andar ofreciendo recompensa para ver si se consigue uno, van a sobrar quienes quieran jugársela. La Escuela de Capacitación Judicial tiene actualmente más de 100 jueces que los ha preparado para jueces de Paz, pero no hay plazas, a ellos les (deberían) comenzar a hablar de delitos de ejecución compleja.
Se harán reconocimientos de imputados a través de fotografías ¿Eso se dejó de hacer?
Se hacía antes. Era el equivalente al reconocimiento en rueda de reos. Como eran reos ausentes se iba a la alcaldía a buscar la fotografía de las personas incluyendo al imputado. Incluso la Policía lo hacía antes. Se incorpora no porque sea novedad sino por el desuso en el que había caído y hoy se le está dando respaldo legal.
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| Legislador. Está de acuerdo con el proyecto, aunque dice que no existen jueces infalibles. Foto
EDH |
Investigación científica, la clave
Francisco Mejía
Un ex ministro de Seguridad Pública y dos diputados de la actual legislatura coinciden en que la mejor arma para combatir eficientemente al crimen organizado es dar capacitación a la Fiscalía y a la Policía en técnicas de investigación científica de delitos especiales.
Esto comprende la estructuración de un laboratorio especializados en el análisis de pruebas.
Arturo Argumedo, del PDC, dijo que ya no se está en la época de las torturas para obtener la verdad.
“Ponerle la capucha con cal a un cristiano, como se hacía en tiempos de la Benemérita (Guardia Nacional)... si me la hubieran puesto a mí, yo juro que vendí a Cristo, a cualquiera lo hacen confesar. Pero la idea es buscar los mecanismos científicos adecuados”, dijo el diputado del PDC quien se muestra a favor de la aprobación de la ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja.
El diputado Walter Durán, del FMLN, dice que tiene que existir una mejor capacitación científica para los fiscales, con el objetivo que lleven ante los jueces mejores pruebas para acusar, y que los casos no se “caigan” por falta de pruebas contundentes.
En tanto, para el ex ministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, es urgente que la Fiscalía y Policía cuenten con los instrumentos científicos necesarios para el análisis de las pruebas que sean recopiladas en la escena del crimen.
Los tres entrevistados señalan que de contar con ese tipo de recursos más un cuerpo legal como el que se ha planteado entre otros, contribuiría a una mejor administración de justicia y combate de las organizaciones criminales.

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