Armas en poder del hampa
Tráfico

Medidas. El director de la Policía dijo que la mayoría de homicidios se comete con armas ilegales. Las autoridades judiciales dicen que además no se aplican las normas vigentes en la Ley de Armas

Publicada 17 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Prohibidas La mayoría de decomisadas son de guerra. Foto EDH

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El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, dijo ayer que existe un tráfico ilegal de armas que estarían llegando al país vía Honduras o Nicaragua, aunque no profundizó.

Para el jefe policial la mayoría de homicidios que se comete en el país son perpetrados con armas sin registro legal.

A diferencia de otros sectores de la sociedad que proponen un desarme general, Ávila pide que se apliquen las restricciones previstas en la Ley de Armas, se apliquen sanciones severas para quienes sean detenidos con armas ilegales o sean reincidentes.

Además pidió que se dote a la corporación de mayores recursos para combatir el tráfico de armas.

“El tema no es desarmar a los honrados, porque con una ley de desarme sólo afectaríamos a los honrados, a los que tienen las armas legales, no las ilegales”, advirtió.

A juicio del director de la PNC se debe apostar por frenar el trasiego de armas, pero la corporación necesita más recursos y mecanismos legales para allanar de forma expedita los sitios donde se investigue que existan alijos clandestinos. Para el caso, citó que los sujetos que intentaron asesinar a un alcaide, esta semana, estaban armados con fusiles de uso exclusivo de la Fuerza Armada.

Para Ávila, la citada ley es clara al prohibir la portación de armas en espacios públicos, pero muchos reincidentes de portación ilegal de armas son liberados cuando se les debería de aplicar sanciones más severas consideró.

Néstor Castaneda, magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que se necesita aplicar la ley.

“Ya hay una legislación vigente que prohibe la portación de armas en lugares públicos, lo que necesitamos es que se aplique esta ley, un buen registro y una buena supervisión ”, indicó Castaneda.

Según registros de la División de Armas y Explosivos de la Policía, en el país hay 216,033 armas matriculadas, pertenecientes a personas naturales y a empresas de seguridad. Hasta julio, en el país había 111 mil armas de fuego con los permisos vencidos, la mayoría desde 2003.

Según la Policía, hasta el 31 de octubre se han decomisado 2,480 armas registradas, la mayoría de ellas porque tienen permiso vencido, otra parte por ser portadas en lugares públicos.

Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, coincide con el titular de la Policía en cuanto a que el problema no radica en la regulación de armas legales, sino en la falta de un control sobre éstas de parte de las autoridades.

“El problema no está en las personas que tienen permiso para usar armas, sino en las armas ilegítimas y este problema no se resuelve desarmando a la población, al contrario, se va a poner en mayor vulnerabilidad”, advirtió el magistrado.

El alcalde en funciones de San Salvador, John Nasser, afirmó que debe ejercerse un mayor control en el trasiego de armas, sobre todo en los puntos ciegos en las fronteras que es por donde llegan los cargamentos con municiones.

“Es un tema bastante delicado y son las autoridades policiales las que tendrían que detener el tráfico de armas en los diferentes puntos ciegos del país”, apuntó.

“Hay que señalar que si existe tráfico es porque en las diferentes fronteras existen los mecanismos para poder ingresar todo tipo de armamento lo cual no es legal, así que las autoridades del Gobierno central se deben sumar a este esfuerzo desde las fronteras, las cuales están siendo invadidas por armas”, continuó.

Endurecer leyes
En cuanto a la falta de aplicación de medidas más severas para quienes portan armas ilegales, el magistrado de Corte Suprema, Ulices del Dios Guzmán, dijo que existe un problema de aplicabilidad de la detención provisional y debido a que existen muchos márgenes de discrecionalidad, dentro de esos y con la tendencia de que la detención debe ser la excepción y no la regla, algunos jueces tienden a dejar en libertad a los imputados.

“Debe determinarse con mayor certidumbre los márgenes de procedencia, de aplicabilidad, pero ahora quedan muchas cuestiones a la interpretación y con la concepción”, dijo del Dios Guzmán.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Orellana, aseguró que pueden revisar la Ley de Armas y hacer las reformas que sean necesarias, para ayudar a disminuir el problema, como endurecer las penas para quienes porten ilícitamente armas de fuego.

El Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, exhortó a las autoridades judiciales a crear leyes que regulen con rigor el trasiego y la portación de armas.

“Debe haber una legislación (para el ingreso de armas) y vigilancia oportuna del Estado para impedir que estén en manos de personas inescrupulosas”, advirtió el Arzobispo.

El presidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, no descartó que modernizar los marcos legales sea positivo, aunque aseguró que el énfasis en el combate contra la portación ilegal debe ser que cada institución cumpla su parte.