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| Encuentro. Luego de la reunión, la cual
Saca calificó de “muy productiva”, los mandatarios
dieron una conferencia en Casa Presidencial. Foto
EDH |
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Francisco Mejía
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Para el diputado del FMLN, Walter Durán, el proyecto de la Ley
Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja pasa
a ser una iniciativa gubernamental más y sostiene que poco contribuiría
a combatir la ola de criminalidad en el país.
Sin embargo, Durán dijo que no cierran la puerta a la iniciativa
y que la analizarán y enviarían a la recién formada
Comisión Nacional contra la Delincuencia, que fue formada por representantes
de diferentes sectores de la sociedad.
Contrario a lo que expresaba el ex ministro de Seguridad Pública,
Francisco Bertrand Galindo, el legislador cree que hay probabilidades
de que algunos conceptos implícitos en el proyecto puedan contradecir
a la misma normativa penal vigente y algunos artículos de la Constitución
de la República, aunque no especificó los casos.
A juicio del efemelenista, el proyecto ha sido creado para castigar más
rápidamente a quienes sean imputados en delitos bajo la categoría
de complejos. Añade que se capacitará a jueces y fiscales
para acusar y llevar a la cárcel y dejan de lado el tema de capacitación
de fiscales para que presenten mejores pruebas.
¿Considera que la ley contra crímenes especiales
surge porque los códigos Penal y Procesal Penal están desfasados
y ya no aplican a este tipo de delitos?
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| Perfil
Walter Eduardo Durán Martínez, diputado de la fracción
legislativa del FMLN por el departamento de Usulután.
Lugar y fecha de nacimiento: Departamento de San Salvador, República
de El Salvador, 19 de agosto de 1965
Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas
Estado Civil: Casado
Candidato a Alcalde de Ciudad Delgad en 1994.
Asesor Legal del FMLN en la Comisión Nacional para la Consolidación
de la Paz -COPAZ- a partir de 1992.
Asesor Legal del FMLN a partir de 1989.
Incorporación al FMLN en 1980. Foto
EDH
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Si bien es necesario revisar la legislación penal para hacer las
adecuaciones pertinentes a las normas penales vigentes para fortalecer
el combate del crimen organizado, es necesario ver con mesura cualquier
iniciativa de este tipo que aun cuando aparentemente constituya un instrumento
adicional al combate de la delincuencia, pueda tener inconvenientes de
carácter jurídico o vaya a resultar un cartucho quemado
como fue la ley Antimaras, como han sido las casi 300 reformas a los códigos
penales, propuestas a iniciativa del Órgano Ejecutivo supuestamente
para combatir el crimen, pero que fueron hechas sin un criterio científico
fundado para llegar al fondo del combate de la criminalidad. Vemos positivo
el esfuerzo que se hace con la creación de la Comisión de
Seguridad Ciudadana porque se ha planteado hacer un análisis integral
en el tema de la delincuencia a fin de hacer propuestas integrales y no
sólo de carácter represivo.
¿No cree que los jueces especializados contra el crimen
organizado sirvan para combatir este problema?
Dicen que de centavo en centavo se llega al peso y puede ser que sea un
centavo para el peso de lo que se necesita hacer sólo en la parte
del combate al crimen. Pero hay que estudiar a profundidad la ley porque
de una primera vista que se hace de ella, encuentro que tiene muchas limitaciones.
Pueden haber problemas de orden constitucional y de contradicción
a la misma ley penal ordinaria. No estoy diciendo que nos cerremos a la
posibilidad de que se creen tribunales especiales. Lo que quisiera situar
es que nos parece que crear tribunales especiales para lo que llaman el
crimen organizado... Para comenzar hay que discutir cómo ellos
definen crimen organizado en la ley que están presentando. Se refieren
sobre todo a las maras, pero no al problema de crimen organizado en general.
Dejan otras estructuras de crimen organizado que está enquistado
en el aparato del Estado, lavado de dinero que en algunas ocasiones han
hecho funcionarios, el narcotráfico, la ley no es un instrumento
que va a resolver el problema por sí del combate a lo que ellos
llaman crimen organizado. Si acaso se podrán crear estos tribunales
y lográramos consensuar y se aprobara una ley de este tipo podría
ser un aporte más. Respecto al contenido y lo que proponen, yo
no veo que vayan a reducir el problema de la delincuencia en el país
como se plantea.
¿Cómo se tiene que combatir la delincuencia o a
las organizaciones criminales?
Diseñar planes de prevención que involucren el trabajo de
las alcaldías, de la Policía Nacional Civil, que se fortalezca
la investigación de la Policía. Cuando vemos el problema
y dicen vamos a crear tribunales especiales al final lo que quieren hacer
es tribunales donde prácticamente que jueces, fiscales terminen
condenando más eficiente a quienes estén acusados de los
delitos, se está señalando que el problema es la administración
de justicia y no es el problema de cómo los jueces han resuelto.
Y así lo ha expresado el Presidente (Antonio Saca). Más
que una nueva legislación penal lo que se necesita es fortalecer
con capacidad de investigación a la Policía y la Fiscalía
para que investiguen los hechos.
¿Quiere decir que con esta ley no se llega al fondo del
problema?
No, no sólo del crimen organizado, de cómo investigar y
sancionar efectivamente a ciertas expresiones de la delincuencia en el
país. Los códigos con tantas reformas que se le han hecho
se terminaron deformando y se llega a la conclusión que el Ejecutivo
ha hecho un trabajo persistente para deformar los códigos y después
justificar y decir que hay que hacer unos nuevos.
En síntesis, ¿cuál es la propuesta que tienen
como partido para acabar con el crimen organizado y la delincuencia?
Un política integral y resulta difícil interpretar esto,
pero creemos que no es haciendo leyes como ésta que ha presentado
el Ejecutivo que el problema se puede resolver, ni siquiera atender mínimamente.
Nos basamos en las mismas pruebas científicas que tenemos hasta
el momento. Ni leyes Antimaras ni i leyes especiales, ni 300 reformas
a los códigos han disminuido la delincuencia en el país.
La solución no es reformar la ley. Se necesita más inversión
social en los sectores más proclive al delito, es decir en el sector
de las pandillas hay que dar prevención, rehabilitación
social. Hasta hoy los gobiernos no lo han querido hacer porque dicen para
qué vamos a invertir en vagos. Hay que invertir en las alcaldías
porque los gobiernos municipales, por conocer mejor su territorio, pueden
dar una atención más directa al delito para prevenir y organizar
a la comunidad para que haya una vigilancia más efectiva.
¿Qué está planteando? ¿que se cree
un fondo de seguridad para las alcaldías?
Nosotros hemos propuesto en la Asamblea Legislativa que este año
se aprobara la creación de un presupuesto especial de emergencia
para atender la delincuencia, un fondo especial y esto implica buscar
recursos económicos extraordinarios, si eso implica crear impuestos
especiales para que algunos sectores que tienen mayor capacidad económica
puedan hacer un sacrificio adicional que lo hagan, si ellos son los que
se verían más beneficiados.
A los empresarios más ricos de este país les saldría
más fácil que hicieran inversión social en un fondo
especial que permita que las alcaldías y otros sectores de la sociedad
contribuyan a disminuir el delito que estar pagando ejércitos de
seguridad privada o las extorsiones a los delincuentes.
El proyecto recién les llega a la comisión de legislación
de la Asamblea. ¿Contará con el apoyo del FMLN?
Lo que decidimos es que como consideramos conveniente permitirle a la
Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que haga el esfuerzo que
se le ha encomendado que trabaje en una propuesta integral de seguridad
ciudadana. Consideramos conveniente someterlo a consulta de ellos el proyecto
para tener opinión.
Allí están representados académicos, iglesias, empresarios,
miembros de los partidos políticos y otros sectores que en conjunto
podrían aterrizar en conclusiones más reales, más
francas, más sinceras, que puedan estar discutiéndose acá
en la Asamblea Legislativa. Les decimos: si creen conveniente aprobar
la ley, perfecto, mándenla.
Si la Comisión Nacional de Seguridad dice al final que puede servir
la ley contra el crimen y recomiendan que se apruebe, aunque sea con modificaciones,
pues será más fácil que nosotros como Comisión
de Seguridad darle el visto bueno. Como partido creemos que hay que hacer
un debate más reposado, más responsable de una ley de ese
tipo no simplemente aprobarla porque la gente esta afligida y hay que
aprobar una ley que por lo menos les de tranquilidad mental, a la gente
va a estar tranquila cuando vean que no le están llegando a pedir
el dinero, no solo con que les digamos que ya viene la solución
y esta nunca llegue hasta los hogares.
La mesa que no avanza
La subcomisión que naciera desde el seno de la Asamblea Legislativa
como la apuesta para convertirse en el motor generador de propuestas para
la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social no se
ha reunido más que una vez: la de su instalación.
Los medios de información, a la expectativa de ver los avances
de la citada comisión especial para Estudios de Asuntos de Seguridad
Ciudadana, han quedado plantados dos martes consecutivos, ya que la reunión
ha estado en agenda para las 11:00 de la mañana en ambas ocasiones.
Al consultar a los diputados sobre las razones por las que no se están
reuniendo, no queda claro qué está pasando, y sólo
se deduce el desinterés en promoverla.
“Sólo los de ARENA llegamos el martes pasado y como no hubo
quórum nos fuimos”, sostuvo el jefe de la fracción
tricolor, Guillermo Gallegos.
“Yo estaba fuera del país cuando fueron convocados los miembros,
además a mí no me han convocado ni una vez”, afirmó
el diputado Roberto Angulo, del PCN.
El diputado Óscar Kattán, de CD, dijo, “desde el momento
en que se juramentó la comisión nacional, murió”.
Su razonamiento apunta a que no hay interés en participar en ella
porque todas las fuerzas políticas están representadas en
la mesa nacional que lidera el Ejecutivo.
En la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social está
formada por representantes de diferentes sectores de la sociedad, Iglesia,
empresarios, organismos no gubernamentales, representantes de los partidos
políticos entre otros.
La comisión tiene la responsabilidad de diseñar planes integrales
para combatir la delincuencia y la criminalidad que impera en el país.
El esfuerzo surge como una alternativa de apoyo a las instituciones que
se encargan de la seguridad pública de los salvadoreños.

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