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| Ex ministro. Francisco Bertrand Galindo sostiene que la ley es un apoyo para jueces. Foto EDH |
Francisco Mejía
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Con el tema del proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado, El Diario de Hoy inicia Seguridad en la Mira, un cobertura especial con entrevistas y análisis sobre la violencia, el Estado de Derecho y la participación ciudadana.
La iniciativa legal mencionada fue presentada recientemente para perseguir delitos graves o de investigación compleja, tales como homicidios con lujo de barbarie o masacres, extorsiones y secuestros.
El abogado Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Seguridad Pública, sostiene en entrevista con El Diario de Hoy, que el proyecto de ley es una herramienta legal para que las autoridades encaren los delitos graves, aunque claramente sostuvo que por sí sola no era la solución.
En el proyecto incorporan algunas facilidades para que la policía pueda valerse de medios científicos y tecnológicos con el fin de documentar actuaciones y recolectar evidencias. Esto significa, por ejemplo, que una grabación casera, de una extorsión o la grabación en video de una entrega de un botín podría ser valorada en un proceso judicial.
Sin embargo, aún no se considera la intervención telefónica. En cuanto al “blindaje” de los jueces, Bertrand Galindo explicó que esto se refiere más al sistema de protección del cual gozará el grupo de administradores de justicia que clasifique para hacerse cargo del proyecto que a ser incorruptibles.
A juicio del ex funcionario de gobierno lo importante es brindar de una herramienta legal a los jueces para hacer más expedito el proceso y castigar a los hampones.
¿Esta nueva normativa viene a llenar los espacios vacíos de las leyes penales contra el crimen organizado?
Las dos grandes debilidades estaban en que primero los códigos fueron diseñados para atender delitos individuales. El código está planeado para evaluar que se investigue y que los jueces puedan determinar si la conducta específica de una persona sobre un hecho que se considera delincuencial.
Esa conducta es punible dentro de lo que el código dice que es un delito. Cuando hablamos de crimen organizado tiene otras características que el código ya no la puede manejar, porque el crimen organizado tiene una estructura de cometer el delito que realmente no coincide y hace difícil que bajo patrones individuales se pueda demostrar la pertenencia a la estructura criminal.
Usted dijo que existía en el país una actitud de ineficiencia para combatir la delincuencia ¿a qué se refiere con esto...?
Para mí la solución del problema comienza con que cada quien haga su trabajo. Debe haber una verdadera responsabilidad de la Policía, la Fiscalía y los jueces.
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| Especiales. El ex funcionario explicó que los jueces gozarán de mayor seguridad. Foto EDH |
Pero cuando lo que vemos es que la fuerza pública no cumple su trabajo, entonces lo que hay es un incentivo a delinquir.
Es importante que haya una exigencia social a la institucionalidad para que haga su trabajo. De lo contrario, nos sirve como excusa de que es tan grave el problema que no hacemos el trabajo.
Desde la presentación pública del anteproyecto de esta ley habló de jueces “blindados”.
¿Qué piensa al respecto?
Tiene ciertas características que buscan que los jueces tengan mayor nivel de seguridad. El hecho de tener un pequeño grupo de jueces y que se les pueda dar una seguridad más especializada, que puedan tener defensas que los jueces normales no tienen, es un elemento que les da garantía, no es que los blinden que no les pueda pasar nada. Ante los recursos del crimen siempre cabe la posibilidad.
¿Pero el concepto de blindados no se refiere a que tienen que ser jueces incorruptibles?
Yo creo que el tema va por la seguridad del juez. Obviamente el hecho de que sea un juez escogido bajo características psicológicas y bajo la medición de su personalidad, en cierta manera lo puede blindar. Yo creo que con una persona de mala formación moral no hay blindaje posible. Lo que se le está dando son las herramientas de defensa que una persona necesita para que haga bien su trabajo.
¿Cómo será el proceso para seleccionar a los jueces especializados?
Desconozco la mecánica porque es competencia del Órgano Judicial. Aquí lo que se da son las facilidades al Órgano Judicial para que haga una selección, que obviamente tiene que ser en cuanto a valores morales, formación específica, compromiso con el combate del crimen organizado.
La Fiscalía y Policía dicen que con esta ley lo que se está haciendo es cortando los plazos del proceso ¿Es cierto que será más expedito?
Lo que sucede hoy es que hay como redundancia. El juez de paz hace una parte, se supone que suma a lo que después hace el juez de instrucción y eso se supone que después suma al juez de sentencia. Esto hace que los procesos sean más largos, hay pruebas que se vierten en una parte del proceso para ratificarse en otro eso hace más largo el proceso.
¿Qué es lo que plantean en la ley, sobre todo en el caso de los jueces de paz?
Una vez definido que el delito es de crimen organizado, pasa inmediatamente para un juez especializado y eso acorta el proceso.
¿Quién define si el caso se trata de un delito de crimen organizado y por tanto aplica para ser visto en los tribunales especiales?
La Fiscalía, hasta donde entiendo.
¿Cuánto es el tiempo que se acorta?
Yo creo que es sustantivo. Hablamos de varios meses los que se acortan. Un proceso normal está llamado a que dure meses hasta el nivel de sentencia, y con los recursos y apelaciones puede durar más.
De ser aprobada esta ley, ¿se podrá utilizar fotografías de imputados en los procesos para identificarlos? ¿Esto es algo nuevo o ya lo contemplaba la ley?
Eso ya se usaba antes en reconocimientos de foto. Parte de los problemas que se tiene y se trata de resolver es dar criterios más claros a los jueces, porque algunas de estas herramientas ya se han usado, pero no son necesariamente reconocidas por todos los jueces. Lo que se busca es que sea de reconocimiento estandarizado.
Hay cosas novedosas como el hecho del testimonio por referencia, al que se oponen algunos jueces, es decir que yo puedo decir que escuché a otro declarar que fue testigo de tal hecho. Esto es importante que los jueces lo puedan considerar, no que lo deban valorar como plena prueba, pero eso combinado con otra información debería ser importante. Una de las formas de actuar del crimen organizado es hacer desaparecer a los testigos.
Usted dijo que el mayor acto de corrupción es no hacer bien su trabajo. ¿Se refería a la Policía, Fiscalía y jueces?
Eso es en general y tiene que ver con toda la sociedad, cuando uno recibe un salario o un dinero por algo y ese algo usted no lo presta es un fraude, si me siento moralmente permitido de recibir un dinero, se supone por un servicio que no hice eso es corrupción. Nos es difícil comprender que el fenómeno comienza allí, después llega a la mordida, al robo, al cohecho, pero el problema comienza desde que nos damos el permiso de cobrar algo por lo que no hemos hecho.
¿Con esta ley se pretende frenar la ola del crimen organizado?
Digamos que la ley es una herramienta, no es la solución. Yo veo esto dentro de un marco general donde se asume cambios metodológicos en la Policía, Fiscalía, refuerzos de la prueba científica de todo el proceso y por otro lado el cambio conceptual en los jueces.
Contra el crimen
El proyecto de ley llegó el lunes a la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para ser analizado por las fracciones
Art. 3 Ubicación de tribunales
Los tribunales especializados tendrán su sede en San Salvador Santa Ana y San Miguel. Su competencia se extenderá a los delitos cometidos en los departamentos de su circunscripción territorial. Los departamentos han sido agrupados en tres zonas.
Art. 6 Medios tecnológicos
La Policía podrá auxiliarse de medios científicos y tecnológicos para documentar actuaciones y recolectar sus evidencias. Utilizarán cualquier instrumento técnico de transmisión o grabación del sonido, la imagen o cualquier otra señal de comunicación.
Art. 7 Inmovilización de cuentas
En casos urgentes el Fiscal General podrá ordenar la inmovilización de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, operaciones comerciales y financieras, títulos y documentos mercantiles entre otros que sirvan para la consumación de los delitos investigados.
Art. 9 Jurisdicción
Si no fuere posible la localización del juez especializado de Instrucción competente, la Fiscalía podrá recurrir directamente al juez de Paz de la localidad donde se practicará la diligencia y someterá su resultado a la ratificación del juez especializado.
Art. 14 reconocer por fotos
Durante una investigación, si el fiscal considera necesario reconocer a una persona que no esté presente, le exhibirá su fotografía a quien efectúe el reconocimiento junto con otras personas, extraídas de cualquier registro público o de los archivos policiales.
Comentario
Seguridad en la mira
El Diario de Hoy
La seguridad es el tema del momento.
En nuestro medio es, sin duda, el problema que de manera más directa y grave afecta a todos los sectores. La situación se ha vuelto ya agobiante y, en ciertos sentidos, insoportable.
Tenemos amenazada la propia vida y la de nuestros seres queridos, a cualquier hora y en cualquier lugar. Tenemos amenazadas las pertenencias, sean éstas muchas o pocas. Tenemos también amenazada la seguridad del Estado y, de seguir así, el precario dinamismo de la economía nacional.
Peor aún, tenemos la sensación de que el problema se agrava, en vez de aliviarse, con el paso del tiempo. Así, hemos venido poco a poco perdiendo la esperanza, la fe en el futuro, el sentido positivo de la vida y del trabajo, la confianza en la esencia noble del ser humano.
Cada día que pasa, conforme aumentan las víctimas, se siente más indignación, desánimo, impotencia, cólera y angustia, depende de cuán cercanos los lazos con la víctima, en caso de no haber sido uno mismo.
Pero si bien nos sentimos agobiados, no estamos derrotados, porque este es también, paradójicamente, el momento en que el país tiene más y mejores posibilidades de salir adelante; de dar un verdadero salto de calidad en su desarrollo y en el bienestar de su población. Porque es el actual, un momento decisivo y extraordinario.
Debemos, por lo tanto, poner más energía, audacia, lucidez, responsabilidad, empeño y convicción en todo lo que hacemos para resolver los problemas de violencia y delincuencia. De ser así, tal vez, de una pérdida sacamos ganancia si la crisis nos obliga a cambiar de una buena vez todo lo que hace tiempo debimos cambiar.
La seguridad está en la mira de todos, y debe estar también en la mira de los medios de comunicación, con lupa, con objetividad, a fondo; sin concesiones a la derecha o a la izquierda, a la oposición o al gobierno; sin contemplaciones; con el dedo en la llaga, aunque duela; sin ánimo de agraviar, pero sin temor a afrontar; sin ánimo de acusar, pero sin temor a denunciar.
Todo lo que está mal hecho o mal pensado debe salir a flote, con claridad meridiana. La mira de los medios debe hacer temblar a los funcionarios que no cumplen, a los empresarios que evaden impuestos, a las instituciones del Estado convertidas en feudos partidarios, a los políticos que engañan al pueblo, a los corruptos que defraudan al fisco.
Las propuestas de solución también deben estar en la mira de los medios de comunicación, especialmente las que parezcan más controversiales, más antagónicas, más difíciles o más traumáticas. ¿Leyes especiales? ¿Más policías? ¿Menos garantías procesales? ¿Militares en las calles? ¿Portación de armas? ¿Mejoramiento urgente de barrios marginales?
¿Programas extraordinarios de educación para jóvenes en riesgo? ¿Responsabilidad de gobiernos municipales? ¿Estado de emergencia por graves perturbaciones del orden público? ¿Presupuesto?
La seguridad está en la mira. Y en la mira estará también la manera en que los líderes nacionales discutan, acuerden, decidan y hagan valer las medidas extraordinarias que el país necesita.
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