Costos de Perla serán pagados por el Gobierno

Proceso. El Salvador tendrá que cancelar los 3,000 euros que el Consejo de Estado de Francia sentenció a pagar al imputado. Además, todos los gastos de extradición desde la comitiva de fiscales que viajará hasta el pasaje del ex presidente de la Anda. Las autoridades tienen también un plazo de 30 días

Publicada 15 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

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El Estado salvadoreño tendrá que pagar los 3,000 euros por las costas procesales que el Consejo de Estado francés ordenó a Carlos Perla cancelar y también a todos los gastos de extradición en los que incurran, dijo la jueza Nora Montoya.

La funcionaria, quien como titular del Juzgado Noveno de Instrucción ordenó la extradición de Perla y ahora se desempeña como miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), señaló que “Francia no puede pagar por alguien que no es su ciudadano”.

“El derecho internacional también ha contemplado que el país requeriente, en este caso El Salvador, tendrá que pagar todas estas costas por lo que haya estado detenido (Carlos
Perla) allá. No tienen por qué incurrir en gastos de envío porque ellos (Francia) no lo están deportando, nosotros lo estamos pidiendo”, afirmó.

Además, ese plazo de 30 días que da el país galo para la repatriación de Perla también aplica para el pago de esos costos.

“Ese plazo de 30 días es fatal porque lo tienen que ocupar para todo. Tras la notificación inicia un proceso que se debe hacer expedito entre cada instancia gubernamental que participe en las coordinaciones: Cancillería, Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema y la Interpol”, señaló.

PRESIDENTE DE LA ANDA CELEBRA EXTRADICIÓN - El presidente de la Anda, César Funes, celebró ayer la decisión de las autoridades judiciales francesas sobre la extradición de Perla, informó la agencia EFE. -“Nadie puede estar por arriba de la ley. Por supuesto que nadie puede ser condenado sin pasar por un juicio justo y un debido proceso”, dijo Funes. -“Si algún funcionario público cae en irregularidad no tiene ningún privilegio para poder enfrentar los cargos ante la justicia”.

Montoya recordó que para hacer el documento en el que pedían la extradición se tuvo que estudiar la legislación penal francesa para explicar a las autoridades los delitos que se le imputaban.

“Tras haber redactado el documento se tuvo que mandar a traducirlo al francés y eso es más difícil. Se tradujeron alrededor de 500 páginas a once centavos de dólar cada una”, acotó.

Dicho escrito costó alrededor de $10 mil, algo que la miembro del CNJ considera caro para el país, pero el Órgano Judicial asumió esos gastos.

“Afortunadamente las aclaraciones que pidió el Gobierno francés en su momento fueron mínimas, entonces los gastos que se hicieron después no fueron más allá de lo que se necesitaba”, señaló la funcionaria.

Perla es procesado en El Salvador por negociaciones ilícitas por más de 37 millones de dólares mientras estuvo al frente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).

Juzgado, a pedir permiso

Debido a que la justicia francesa determinó que CarlosPerla sólo podrá ser enjuiciado por delitos cometidos desde el 10 de noviembre de 2000, el Juzgado 7o. de Instrucción, que también lo procesa, tendría que pedir permiso a Francia para enjuiciarlo por otros ilícitos debido a las normas de derecho internacional.

La ex jueza Nora Montoya asegura que el derecho internacional manda que el país requeriente (en el caso El Salvador) le dice al país requerido (Francia) cuáles son los delitos por los cuales él tendrá que responder y conocer única y exclusivamente por ellos.

“Si ya llegando al país existen nuevos hechos o hay nuevas imputaciones tenemos siempre que recurrir al gobierno francés para solicitar ese permiso a nivel internacional para que él pudiera responder”, dijo.

Agregó que en cualquier país con el cual se tenga algún tratado, el Derecho Internacional manda que hay que seguir reglas mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los requisitos de Derecho Internacional al cual El Salvador se sometió para hacer la petición de extradición fueron a que el imputado no se le sometiera ni a la pena de muerte ni a pena perpetua.

“El Órgano Judicial francés es garantista por excelencia y entendemos que estos aspectos son los que fueron analizados para obtener una respuesta positiva”, aseveró.
Orellana, en manos de FGR

Proceso. El proyecto Río Lempa II es una de las obras cuestionadas por la justicia.

El futuro del ex Gerente de la Anda,Mario Orellana Andrade, aún depende de la Fiscalía General (FGR).

Su participación como testigo criteriado (con beneficios penales), que quedó supeditada, por el Juzgado Noveno de Instrucción, a la colaboración que tenga que dar al momento que inicie la fase de valoración de prueba, dijo Nora Montoya.

“Entendería que, de aquí en adelante, es donde la Fiscalía tendrá que hacer sus mejores esfuerzos para demostrar en el proceso que ese testimonio es o no es válido para lo que fue solicitado”, señaló.

Aunque Orellana haya declarado en otros procesos, la FGR aún puede solicitarle al tribunal que cese las restricciones que aquél tiene, pero habrá que resolver la situación sobre la responsabilidad civil (daños y perjuicios) al final del proceso.

“Perla no está al borde del suicidio”

Ex jueza. Nora Montoya inició el proceso de extradición cuando estuvo en el Juzgado 9o. de Instrucción.

Para el abogado de Carlos Perla en Francia, Eric Amar, el hecho de que el Consejo de Estado haya pedido más providencias para la seguridad de su defendido en la prisión de Fresnes (afueras de París) no indica que esté al borde del suicidio.

“No se va a quitar la vida. El que las autoridades lo hayan solicitado es normal. Esto se hace en todos los casos judiciales”, dijo el defensor a El Diario de Hoy.

Agregó que su defendido no está deprimido como para matarse en una prisión, tomando en cuenta que las medidas de seguridad en estos recintos es “bastante alta”.

Por su parte, el defensor de Perla en El Salvador, Narciso Rovira, dijo que Ana Coralia de Perla le manifestó que no están satisfechos, pero que ahora le preocupa la salud de su esposo.

“Hace dos meses que tuvo un derrame facial. Se cansa con facilidad, camina más lento. La familia espera que por lo menos le den seguridad tanto durante el viaje como en el reclusorio que lo van a internar. Hay que pedir garantías”, dijo Rovira.
Ambos abogados aún no han sido notificados formalmente de la resolución.