Reforma
al sector agua potable

Anteproyecto. La Anda presentará la propuesta a varias ONG hoy por la mañana. La Ley de Agua Potable creará un ente rector que autorice a operadores y sus tarifas. Alcaldías, ONG y asociaciones de vecinos que prestan el servicio tendrán un marco legal

Publicada 13 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Racionamiento ANDA ha aplicado esta política a fin de que el agua llegue al menos por unas horas donde se necesita. Foto EDH

Aumentar la cobertura de forma gradual, garantizar la calidad del servicio, fomentar la inversión y contar con una política de subsidios que beneficie a quienes más lo necesitan son cuatro de los objetivos del anteproyecto de Ley de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

La propuesta será presentada hoy por la mañana a 11 organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta área.

El Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), César Funes, reconoce que el país carece de instituciones adecuadas para la mejor gestión del recurso hídrico y, además, de un ente que rija el subsector de agua potable y saneamiento.

La Ley que solventará la primera carencia será la Ley General de Agua, cuyo anteproyecto ha estado a cargo del ministerio de Medio Ambiente, mientras que el tema agua potable y saneamiento estará regulado por la propuesta en manos de la Anda.

El objetivo principal de la reforma será separar el rol operativo del rol regulador que de forma simultánea ha desempeñado la Anda. Por ello, el anteproyecto contempla la creación de una Dirección General de Agua Potable. Está se dividirá en comités. Uno avalará o modificará las tarifas propuestas por los operadores del servicio. Otro resolverá las apelaciones (en caso de desacuerdo de los operadores) y un tercer comité autorizará a los operadores para prestar el servicio durante un periodo.

Chorro común. En el campo 7.8% de la población tiene acceso al agua por este medio. Foto EDH

La visión tras la reforma
Unificar lo que está disperso y en aparente anarquía. Eso pretende la reforma.

Silvia de Larios, del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma), afirma que lo que se busca es contar con una institución que regule a los proveedores del servicio y que se establezcan las funciones de las empresas descentralizadas.

La nueva ley pretende regular el papel que ya desempeñan municipalidades, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales como operadores del servicio de agua potable y saneamiento, pues, al momento, el único operador regulado por una ley es Anda.

El gerente de agua y saneamiento de Care, Jonathan Claros, considera necesario este punto. El ingeniero lamenta que en el país no exista una estructura institucional que dé soporte y acompañe la gestión que hacen pequeñas y medianas operadoras locales a las que nadie da soporte técnico ni supervisa.

En su opinión, la nueva ley deberá estimular y acompañar la prestación de servicio que hacen las organizaciones locales.

En el país funcionan aproximadamente 300 juntas rurales que brindan el servicio a sus comunidades. De estas, 152 están agrupadas en la Asociación Nacional para la Defensa Desarrollo y Distribución Ecológica del Agua a Nivel Rural (Andar).

Julio Menjívar, presidente de la asociación, asegura que esas 152 juntas brindan el servicio de agua potable a 46 mil familias.

La propuesta de ley reconoce este aporte al incluir el funcionamiento de las asociaciones comunales como prestadores del servicio de agua potable.

Otro elemento que Menjívar considera necesario en la nueva ley es “una visión básica de cobertura universal”.

El anteproyecto de ley contempla esta necesidad. Sin embargo, establece que el aumento de la cobertura debe ser gradual. Según César Funes, la ley deberá establecer “una gradualidad que se pueda cumplir”, pues, de lo contrario, se caería en el vicio de prorrogar constantemente el plazo para alcanzar la cobertura deseada.

Pozos El 24.9 de la población rural tiene agua así.. Foto EDH

Subsidio y calidad
La Ley de Servicios de Agua Potable incluirá también una política de subsidios.

Julio Menjívar, de Andar; Silvia de Larios, de Prisma, y Jonathan Claros, de Care, coinciden en afirmar que los subsidios al servicio de agua potable y saneamiento deben ser focalizados y no generales. Y así lo considera el anteproyecto de Ley. Menjívar explica que incluso en la zona rural, hay familias que sí tienen la posibilidad de pagar por el servicio. Mientras que las familias que no pueden pagar “se amamantan de otras” abasteciéndose de agua en las casas de familiares que tienen el servicio. El gerente de agua y saneamiento de Care, Jonathan Claros, cree necesario que la ley considere un mecanismo de subsidios para aquellos ciudadanos que no pueden pagar el servicio, los que “no se conectan a la red porque no tienen la capacidad de pago”.

La focalización del subsidio incluirá el tema de la energía eléctrica, pues, en la zona rural, el suministro llega desde la fuente a las casas por medio de bombeo electromecánico. Según Claros, en la nueva ley deberían considerarse mecanismos que disminuyan el impacto negativo que los incrementos de energía eléctrica tienen en prestación del servicio.

Otro punto que los consultados creen necesario no omitir es el tema de la calidad del agua.

Actualmente, Anda controla la calidad de su propia agua en su propio laboratorio. Sin embargo, nadie controla el servicio a cargo de alcaldías, juntas rurales y colonias autoabastecidas, pues el Ministerio de Salud se limita a “vigilar”. Para CésarFunes, el ente rector del sector agua potable deberá establecer y monitorear los estándares de calidad y estimular que estos de cumplan.

La reforma es ambiciosa y se pretende que llegue a la Asamblea Legislativa dentro de un mes.

características del plan:
La propuesta espera ordenar el sector de agua potable y saneamiento y crear un marco legal para los operadores