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Dura
pena para marero en EE.UU.
Ley RICO.
Se declaró culpable de los delitos de uso de arma de fuego y extorsión.
Dos pandilleros más esperan el fallo de la Corte de Greenbelt.
Cometieron delitos en Maryland.
Publicada 9 de noviembre de 2006 , El
Diario de Hoy
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Semana crucial para mareros
El jurado de la Corte de Greenbelt continúa deliberando.
- Edgar Ayala está acusado de participar en un tiroteo en el
que murió una persona y dos más resultaron heridas.
- Ramos Velásquez está acusado de violar a dos niñas. |
The Washington Post
El Diario
de Hoy
nacional@elsalvador.com
José Peña Aguilar, un pandillero salvadoreño de
la MS-13, fue condenado a diez años de prisión por una corte
de Maryland, Estados Unidos, y además, sentenciado a cumplir cinco
años de probación de libertad condicional supervisada.
Peña, alias “Smokey”, fue declarado culpable por los
delitos de uso de arma de fuego y chantaje o extorsión.
El convicto es parte de un grupo de 22 pandilleros involucrados en una
serie de delitos en los suburbios de Maryland.
Según una publicación del periódico The Washington
Post, Peña tendrá que cumplir su sentencia simultáneamente
a los 20 años más de prisión que le impuso una corte
del circuito del condado de Prince George´s hace tres años.
En esa fecha, Peña se declaró culpable del intento de asesinato
en un tiroteo ocurrido en el colegio secundario, High Point High, en Beltsville
el 10 de junio del 2003.
Culpables
Peña, junto a otros pandilleros enjuiciados identificados como
Edgar Alberto Ayala y Óscar Ramos Velásquez, se declararon
culpables ante la Corte.
Sin embargo, el jurado que procesa a Ayala y a Velásquez continúa
deliberando y aún no han dado un fallo definitivo.
Todos los pandilleros están siendo acusados bajo la Ley RICO, la
cual considera a las pandillas como parte del crimen organizado y como
mafias.
Deportación
Según una fuente judicial local, Peña podría ser
deportado al país después de que cumpla su condena, pero
no cumpliría los cinco años de libertad surpervisada, pues
su calidad de extranjero no se lo permite.
Sin esos cinco años, Peña no iniciaría un proceso
de rehabilitación y regresaría al país sin que las
autoridades norteamericanas tengan un control de su comportamiento.

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