Comisión gratuita
Entre teólogos y diputados

El Plan Nacional de Desarrollo debe contener, entre sus objetivos fundamentales, una estrategia de seguridad a los ciudadanos y certidumbre jurídica a los empresarios, así como las maneras para prevenir la delincuencia

Publicada 8 de noviembre de 2006, El Diario de Hoy

Carlos Sandoval*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

El Gobierno ha dado un giro de 180 grados en su estrategia contra la delincuencia. De la “mano dura” y “súper mano dura” ha pasado ahora a la “mega mano amiga” ---en el lenguaje del “marketing”---, impulsada por la recién creada Comi-sión Nacional para la Seguridad.

Es innegable que dicha Comisión está conformada por ciudadanos de la más alta categoría moral e intelectual, pero esto no quiere decir que sea la más idónea para elaborar y recomendar soluciones eficaces, oportunas e integrales para prevenir la delincuencia, combatir las organizaciones criminales y evitar la impunidad de los delincuentes. Esta es una tarea para expertos en criminología, derecho penal, sociología, psicología, pedagogía y muchas otras ciencias y técnicas afines.

Una Comisión es un conjunto de personas encargadas por una autoridad ---en este casa el Presidente de la República--- para atender de algún asunto ---en este caso el de la seguridad pública---. Pero su papel se reduce, como lo aclaró el presidente Saca, a “dar recomendaciones”.

El Dr. Joaquín Samayoa dijo en un artículo “Una comisión innecesaria” (LPG, 01/11/06) que la Seguridad Pú-blica no es una tarea para una comisión de ilustrados, sino para un equipo de expertos en la delincuencia.

El presidente Saca aclaró que la Comisión gozaba de “autonomía” (sin injerencia gubernamental), “independencia” (sin dependencia oficial), además de ser “apolítica” (ajena a la política) y con capacidad de “gestionar” (hacer diligencias para el mejor logro del encargo). Estas características son ideales para un “dream team”, pero no para una comisión destinada a elaborar la herramienta antidelincuencial.

El que crea que es “apolítica”, por ejemplo, es un iluso porque está integrada por políticos y diputados curtidos. Está hecha con criterio de cuotas y no de capacidades. Además, se trata de una Comisión profundamente ideologizada pues sus integrantes son teólogos, diputados, políticos, empresarios y académicos con sus respectivas concepciones del mundo social.

Para que funcione debería resolver primero la cuadratura del círculo. No repara el Gobierno que ya cuenta con una hiperburocracia de seguridad: Gabinete de Seguridad, Comisionada de Seguridad, Consejo Nacional de Seguridad, Fiscalía General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Hu-manos, Procurador General de la República, PNC, OIE, gobernaciones, Corte de Cuentas y, excepcionalmente, el Ejército.

Por esta misma composición heterogénea del grupo es fácil prever su ineficacia, pues además de esto, nació, repito. ideologizada. Por ejemplo, ANEP le da más importancia al castigo de los delincuentes y el FMLN, en cambio, a la prevención del delito. Y no hay duda de que lo fundamental es la prevención porque ataca las causas.

Las facultades que se atribuyen a todo Gobierno se reducen a tres: legislar, a los diputados; ejecutar o aplicar las leyes, al Presidente de la República y juzgar de la aplicación de las mismas leyes, a los Magistrados de la CSJ y a los jueces.

Y estas leyes debe aplicarlas el Presidente de la República, fundamentalmente, para garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. La seguridad pública no brota aisladamente, sino que forma parte, velis nolis, de un Plan Nacional de Desarrollo.

Por ello me parece inaudito que, después de dos años, el Gobierno no sólo no tenga una política de seguridad, sino que también ceda esa facultad a una Comisión particular. Tampoco cuenta con una agenda política en la que figuren los graves problemas del país y se establezcan prioridades de solución.

El Plan Nacional de Desarrollo debe contener, entre sus objetivos fundamentales, una estrategia de seguridad a los ciudadanos y certidumbre jurídica a los empresarios, así como las maneras para prevenir la delincuencia, combatir el crimen organizado y castigar oportunamente todos los delitos.

De lo contrario, la población seguirá viviendo en la incertidumbre, la zozobra, la angustia y la desesperanza. Corresponde al Estado, por imperativo constitucional, garantizar a los ciudadanos tranquilidad, seguridad y confianza porque es el que tiene el monopolio de la violencia para combatir las violencias particulares y asegurar la convivencia social o seguridad pública. Por estas razones considero que la nueva Comisión es una duplicación innecesaria de esfuerzos, voluntades e inteligencias. Es gratuita.

Licenciado en Filosofía. carlos_sando1@yahoo.com