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| Iglesia sigue preocupada por violencia El arzopispo Saenz Lacalle, insiste desarme público porque se encuentra preocupado por el alto índice de violencia.
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San Salvador, ACAN/EFE El Diario de Hoy nacional@elsalvador.com El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, reveló hoy que la Iglesia sigue preocupada por el alto índice de violencia en el país e insistió en que debe aplicarse la prohibición de portar armas en sitios públicos. El jerarca católico informó, en rueda de prensa, de que la Iglesia ha insistido en ese aspecto en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, conformada en noviembre pasado por el Gobierno para que le presenten propuestas para combatir en forma integral el problema de la violencia. La Comisión está integrada por representantes de universidades, iglesias, partidos políticos y asociaciones empresariales. Por la Iglesia Católica participa el sacerdote Jesús Delgado, quien según dijo el arzobispo le ha presentado un informe sobre los pasos que se están dando con el fin de presentar propuestas que ataquen de forma integral el fenómeno, sobre todo en materia de prevención. "La primera propuesta es el desarme general en lugares públicos, prohibir el portar armas, no se prohíbe tener armas en la casa, es una buena defensa ante un agresor, pero se prohíbe el portar las armas. Son medidas que tendrán la canalización oportuna y ojalá contribuyan a la mayor tranquilidad en suelo patrio", expresó. Las estadísticas oficiales reconocen entre 10 y 12 los muertos que se registran en el país cada día, lo que le convierte en uno de los países con más alto índice de violencia en América Latina. Por otra parte, Sáenz Lacalle consideró "un éxito de la Fiscalía" la extradición de Francia del ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, quien se encuentra detenido en el país desde el pasado miércoles. Perla y otra veintena de empleados de la institución son acusados de malversar fondos de la misma, por un monto que podría ascender a unos 40 millones de dólares. "Es un éxito de la Fiscalía haber vencido todas las dificultades que se han ido poniendo para que este encausado esté aquí en el país, pero por otra parte hay que dejar que el juicio sea justo, transparente y que se saquen las consecuencias debidas de las pruebas que se puedan lograr", apuntó el prelado. Añadió que, por supuesto, "todos los datos que se den en posibles fraudes o manipulación de fondos públicos deben ser investigados". Sáenz Lacalle manifestó su esperanza porque en el proceso judicial contra Perla haya una verdadera "independencia de poderes y que nadie falle".
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