Libres acusados de robo de autos y proxenetas

Polémicos. La Fiscalía presentó la apelación contra la resolución del juez en uno de los casos. Fuentes policiales dijeron que estos fallos eran un “mensaje alentador” para la delincuencia.

Publicada 2 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Entre los capturados había agentes aduaneros, tramitadores, dos policías y empleados públicos y privados Foto EDH

Dos bandas ligadas al robo de autos y a la prostitución de menores fueron liberadas en la última semana por dos tribunales de San Salvador y Santa Tecla, informaron fuentes judiciales.

En ambos casos, las autoridades judiciales alegaron fallas en las investigaciones que hicieron que los casos se cayeran, pero la Fiscalía dijo que apelará porque las pesquisas estaban bien fundamentadas.

En el primero de los casos, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador decidió ayer que nueve de diez procesados por el robo y comercio de vehículos robados en El Salvador, Guatemala y Honduras fueran puestos en libertad luego de ser procesados desde septiembre de 2005. Sólo el presunto líder de la banda, Francisco Chávez Abarca, será enjuiciado por el delito de estafa agravada por dos casos, de quince que se le imputaban.

Chávez Abarca ha sido mencionado por autoridades cubanas como quien reclutó a Raúl Ernesto Cruz León para que cometiera atentados en La Habana en 1997, bajo la organización del anticastrista Luis Posada Carriles.

El resto de implicados, entre ellos tramitadores, agentes aduaneros y un miembro de la Policía, dejaron el tribunal sin las esposas en sus manos.

Los liberados son Manuel Gómez Palacios, Miriam Urbina Guardado, Juan Pablo Polío Morales, Silvia Granados Raymundo, Ernesto Mario López, Ramón Rivas Zamora, José Gonzalo Girón y Karla Trigueros de Chávez.

Chávez Abarca y otras 21 personas fueron detenidas a finales de septiembre de 2005 bajo cargos de robo de automóviles y estafa.

Santa Tecla. Agentes de la División de Fronteras detuvieron a tres sujetos bajo cargos de prostituir a menores nicaragûenses Foto EDH

Según la Policía, la banda venía operando desde 2002. La investigación se inició en 2004 y llevó un año.

Esta operación incluyó una serie de allanamientos en San Salvador, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, así como los departamentos de Chalatenango y Sonsonate.

La banda robaba vehículos de último modelo en El Salvador, Guatemala y Honduras y los legalizaba en forma fraudulenta para venderlos internamente o en el extranjero.

En su momento, las autoridades aseguraron que se trataba de la desarticulación de una de las principales estructuras del crimen organizado dedicadas al robo y hurto de vehículos a nivel nacional y centroamericano.

La organización fue denominada por la misma policía como “Los Profesionales”, debido a que lograron establecer conexiones delictivas con agentes aduaneros, tramitadores y con empleados privados y públicos.

Pero, según el juez del caso, Levis Italmir Orellana, los agentes y tramitadores no tenían vinculación con la elaboración fraudulenta de documentos para introducir o sacar lo vehículos del país, ya que ellos se basaban en los poderes que notarios elaboraban.

“El problema fundamental aquí es que se rompió la cadena de investigación, la Fiscalía debió procesar a los notarios y no lo hizo”, argumentó Orellana.

Polémico fallo. Acusados de ser “Los Rastreros”, liberados en agosto. Foto EDH

El juzgador no amplió la información justificando que no tenía el documento en sus manos y que, por lo tanto, era difícil explicar los argumentos del fallo ya que cada imputado había sido liberado por diferentes razones.

Se intentó obtener la versión del jefe de la Unidad de Hurto y Robo de la Fiscalía, pero no fue posible localizarlo. No obstante, otras fuentes dijeron que lo más probable es que apelen contra el fallo.

Fuentes policiales dijeron que la investigación había aportado buenos elementos probatorios, como los vehículos decomisados, además de la participación de cada uno de los implicados y la forma cómo legalizaban los vehículos en colaboración de los agentes aduanales.

“Es un mensaje alentador para la delincuencia, prácticamente se les está diciendo que seguirán en la impunidad”, manifestó la fuente.

La misma agregó que estarían atentos por si la Fiscalía General apela y se gira una nueva orden de captura en contra de los imputados.

“Se había capturado a casi toda la banda. Recapturarlos significaría hacer otro esfuerzo”, agregó la fuente.

Libertad a “Los Pilotos”

Mientras, dos sujetos de cuatro que eran procesados por prostituir a menores fueron liberados definitivamente por el juez Segundo de Instrucción de Santa Tecla.

En enero de este año, los sujetos fueron detenidos bajo cargos de introducir menores nicaragüenses al país y prostituirlas en casas de citas en Santa Rosa de Lima y Santa Tecla.

Los imputados, Oscar Ernesto Rodríguez Pérez, de 23 años y Jorge Armando Sorto Rodríguez, de 20, fueron acusados de dirigir “la Banda de los Pilotos”, en referencia a que todos eran estudiantes de aviación.

Según una vocera del juzgado, el Juez Antonio Núñez decidió absolver definitivamente a los imputados debido a que las víctimas se contradijeron en la declaración anticipada y luego en la vertida ante el juez.

“Una de las menores dijo que era la primera vez que entraba a El Salvador, pero luego dijo que había estado varias veces en una institución para menores”, señaló la fuente.

Según la informante, la otra víctima relató que habían entrado al territorio nacional atravesando un río y que habían conocido a los victimarios ya estando en el país.

Estas inconsistencias en las versiones de las jóvenes fueron una de las razones de la decisión del juez, según la misma fuente.

Otro de los argumentos se basa en el examen psicológico realizado a las víctimas, el cual indicó que no se sabía si las menores estaban mintiendo o no.

“Han mentido en sus declaraciones”, dice la resolución.

Fiscalía se pronuncia

La Fiscalía presentó ayer la apelación contra el fallo del juez. Esta es la segunda ocasión que el Ministerio Público apela la resolución en este caso.

El primero de febrero, el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, Eduardo Tenorio, ordenó sobreseimiento o exoneración provisional de cargos para los imputados por dos razones: porque las niñas habían venido al país por su propia voluntad y porque el tiempo que pasaron fue muy corto para que los implicados generaran ingresos “de tal situación” (la prostitución).

Pero los fiscales asignados al caso no cedieron. El 6 de febrero presentaron ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla una solicitud de reapertura del proceso.

Esa vez consiguieron pasar la causa a la fase de “instrucción formal sin detención”. En otras palabras, a pesar de ser acusados de delitos muy graves, los imputados estaban libres.

Los delitos que enfrentaban eran tráfico ilegal de personas, trata de personas y agrupaciones ilícitas, hasta la semana pasada cuando fueron liberados.

Otros fallos polémicos en el lapso de un año

La liberación de acusados de un secuestro, de una banda de robafurgones y de otra de evasores de impuestos, además de los imputados de cavar un túnel hacia bancos en la capital, han planteado cuestionamientos sobre el sistema judicial.

Aunque los jueces han esgrimido argumentos tales como fallas en las investigaciones, el caso es que en algunos no han valido evidencias contundentes para ellos.

El primero de los casos es la liberación de cinco acusados del secuestro de un empresario en la zona de San Juan Opico, en diciembre del año anterior, pese a evidencias como dinero incautado y el reconocimiento de la víctima.

Carlos Escobar, entonces Juez 3o. de Paz suplente de Santa Tecla y quien emitió el fallo, fue separado del cargo en junio por la Corte Suprema de Justicia. Aunque el máximo tribunal no vinculó su decisión con este caso, es seguro que pesó entre los magistrados.

Otro caso fue la liberación de 14 supuestos miembros de la banda de robafurgones “Los Rastreros” por decisión del Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, el pasado agosto.

El tribunal, presidido por Delfino Parrilla, se basó en que los testigos de cargo se contradijeron en el juicio.

A estos hechos se agrega la decisión del juez Adrián Menéndez Cabezas, de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, de absolver a cuatro sujetos acusados de evadir impuestos y cobrar incentivos fiscales simulando exportaciones a Nicaragua. El caso le valió al funcionario que la Corte Suprema de Justicia le abriera una investigación y lo suspendiera del ejercicio del cargo.

A esto se suma la liberación de los sujetos que cavaban un pozo en la 5a. Avenida Norte, en la colonia Layco, a finales del año anterior.

Argumentos

No verificaban legalidad de documentos
El Juez Levis Italmir Orellana explicó que uno de los argumentos para exonerar a algunos de los implicados (agentes aduanales, tramitadores y policías) fue que éstos no tenían en sus funciones verificar los poderes que los notarios les otorgaban para realizar los trámites de ingreso y salida de los vehículos, por lo que no eran culpables de los trámites fraudulentos. El juzgador dijo que la Fiscalía debió acusar y procesar a los notarios, pero al no hacerlo se “rompió la cadena de investigación”.