Respuestas concretas

Seguridad Presentan ley de jueces especiales antimafias. Habrá más policías en las ciudades y más militares en el campo. Todos los sectores se unirán en comisión.

Publicada 31 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Titulares. Rubén Orellana, del Legislativo; Antonio Saca, del Ejecutivo, y Agustín García, del Judicial. Foto EDH

CSJ la propondría a la Asamblea.-2006/10/28 Tres poderes recibirán ley de jueces blindados.-2006/10/28 FGR y PNC avalan plan de jueces "blindados".-2006/10/27 Diputados ven positivo crear los "superjueces".-2006/10/26 Jueces antimafias hallan apoyo en la CSJ.-2006/10/26

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La propuesta de una ley contra el crimen organizado, el refuerzo de la Policía Nacional Civil y la formación de una comisión nacional contra la violencia son algunas de las medidas que el gobierno, la empresa privada y los partidos políticos han comenzado a desarrollar para frenar el auge de la delincuencia.

Pero este es quizá el inicio de un esfuerzo integrado de los diferentes sectores para enfrentar la criminalidad, después de repetidos llamados de la empresa privada, las iglesias y varias entidades.

“Tenemos plenamente identificadas las amenazas, el homicidio simple o agravado, las extorsiones y algunas manifestaciones de secuestros, que deben ser combatidas de manera inmediata”, declaró el Presidente Antonio Saca al presentar el paquete de medidas a sus colegas del Legislativo y Judicial y representantes de otros sectores.

La ley contra el crimen organizado es la plataforma para la creación de tribunales “blindados” que se centrarán en los delitos más horrendos y complejos, como las masacres, las extorsiones y los secuestros.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) informó ayer que está listo para seleccionar a los profesionales del Derecho que cumplan el perfil para ese cargo.

De la misma manera, el mandatario anunció que esta misma semana el patrullaje urbano será reforzado con 2000 policías, mientras que en el campo se desplegarán 2000 soldados adicionales. El sistema 911 tendrá 221 agentes más y espera atender emergencias en no más de tres minutos, para lo cual contará con 40 patrullas para el Gran San Salvador, que es donde se comete el 70% de los crímenes.

El embajador de Estados Unidos, Douglas Barclay, y el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado, llamaron hace dos semanas a las autoridades y a los diferentes sectores a unirse para tomar medidas efectivas contra el crimen.

ANEP, incluso, dio un plazo hasta fin de mes para ver medidas concretas o de lo contrario comenzaría a denunciar a quienes las bloquearan.

Ayer, Colorado fue el primero en felicitar estos primeros esfuerzos (ver nota aparte). “Este es el tipo de respuestas que el país demanda en este momento y qué bueno que los tres órganos del Estado anuncien el anteproyecto de ley (contra el crimen organizado).

Saca dijo que con la misma fuerza deben ser perseguidos “aquellos elementos de influencia externa que se han convertido en los principales viveros del crimen: los deportados por Estados Unidos que tienen antecedentes criminales”.

Según las autoridades, desde 2005 hasta esta fecha han llegado más de 3,800 repatriados en esa condición y la mitad de ellos, según la Policía, estarían integrando bandas.

Las autoridades salvadoreñas han solicitado a sus homólogas norteamericanas ayuda para construir nuevos penales de máxima seguridad y la suscripción de un tratado para que los deportados que tengan sentencias pendientes terminen de cumplirlas en El Salvador. Se espera que este convenio esté listo para antes de finalizar el año.

El Presidente también anunció la integración de una comisión nacional que hará recomendaciones en el tema de seguridad y que estará formada por partidos políticos, universidades, iglesias y otros sectores. Este organismo será juramentado el próximo miércoles.

Una fuente de la embajada de los Estados Unidos dijo ayer que “están interesados” en los pasos que se vayan dando y reiteró el llamado a la unidad de todos los sectores para frenar la violencia.

En su discurso de hace dos semanas, el embajador Barclay lamentó que cada día haya un promedio de diez muertos por la criminalidad y que el 11 por ciento de los costos de hacer negocios en el país (1.7 mil millones de dólares) se dedique a proveer seguridad en lugar de invertirse en producción.

El Presidente Saca dijo ayer que las medidas que anunció son el resultado de una serie de reuniones y esfuerzos iniciados el 15 de septiembre con representantes de diversos sectores, pero demandó el apoyo de la ciudadanía, sobre todo denunciando a los delincuentes.

ANEP: Ahora es el turno de la Asamblea El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado, felicitó la propuesta de los jueces especiales contra el crimen organizado y llamó a la Asamblea Legislativa a no darle largas. “Este es el tipo de respuestas que el país demanda en este momento... ahora el llamado es para la Asamblea Legislativa para que prontamente tengan a bien aprobar esta normativa que va a ayudar tremendamente en la lucha de la delincuencia y el crimen”, declaró el dirigente gremial. Por su parte, los partidos representados en el Congreso tuvieron posiciones encontradas. Rodolfo Parker, del PDC, aseguró que están listos para aprobar cuanto antes la ley. En similares términos se expresó el arenero Guillermo Gallegos. Sin embargo, el pecenista Antonio Almendáriz dijo que ellos no “trabajan” bajo presión de nadie y que revisarán que el documento incluya observaciones que ellos aportaron en las discusiones. Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, afirmó que tampoco aceptarán “ninguna imposición” y que se tomarán el tiempo para analizar el proyecto. Colorado dijo que, por su parte, la empresa privada seguirá respaldando a las autoridades, sobre todo en el apoyo a las víctimas. ANEP patrocina a querellantes particulares en procesos por secuestros y otras fechorías de las maras y el crimen organizado. “Nos sentimos comprometidos... Estamos satisfechos porque es una de las demandas que veníamos haciendo. Este es el tipo de señales que se necesitan”, afirmó. “La empresa privada siempre se ha caracterizado en el apoyo a las víctimas por cualquier tipo de delito. Vamos a seguir a la par, para darle apoyo. Estamos trabajando junto a los demás sectores”, agregó. Colorado también celebró la medidas que se desarrollan en los centros penales y que incluyen el retiro de los privilegios de algunos reos y el desalojo de varios presidios para inspeccionarlos y limpiarlos. Según el dirigente empresarial, aún la delincuencia el país ha crecido en un 3.5% y si no fuera por esta lacra el país podría hacerlo aún más. “Los costos para la empresa privada (por pago de seguridad) son exageradamente altos. El esfuerzo que se hace es muy grande”, dijo. Las Medidas El Presidente Saca declaró que estas disposiciones comenzarán a ejecutarse esta misma semana. EN CIUDADES 2000 POLICÍAS Tendrán como prioridad el Gran San Salvador. EN EL CAMPO 2000 SOLDADOS Reforzarán a los Grupos de Tarea Conjunta. Para el 911 221 agentes Esperan atender llamados en tres minutos máximo.