Tres poderes recibirán ley de jueces blindados

Lista. El proyecto ha sido concluido. La entrega será el próximo miércoles. La ley prevé la inmovilización de cuentas y otros bienes de los imputados. Asimismo permite que la identificación de imputados se haga por fotos

Publicada 28 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Masacre. Siete futbolistas fueron asesinados en enero en San Juan Nonualco. Casos como este serían tramitados por jueces especials. Foto EDH

El proyecto de ley contra el crimen organizado, la base para la creación de los jueces especiales o “blindados”, se concluyó ayer y será entregado formalmente a los presidentes de los tres poderes del Estado el próximo miércoles, dijo una fuente cercana a ese trabajo.

Dicha normativa permitirá el nombramiento de jueces que se especializarán en juzgar al crimen organizado y pandillas y delitos graves y complejos como homicidios y masacres, secuestros y extorsiones.

En lo que va del año se han registrado diez masacres, 14 secuestros y miles de extorsiones, además de que los índices de homicidios reflejan un promedio de once por día.

Según el informante, el Ministro de Gobernación, René Figueroa, se reunió ayer con diputados a la Asamblea Legislativa y magistrados de la Corte Suprema para darle los “toques finales” al documento de 21 artículos.

El FMLN, que accedido a participar en las mesas del gobierno sobre seguridad pública, no asistió a esta reunión, afirmó la fuente.

“La iniciativa tendría que motivar reformas en la Ley de la Carrera Judicial y pasar a conocimiento de la Corte Plena” Ulices Guzmán Magistrado CSJ

“Con los tribunales especiales los procedimientos serán más expeditos, y los plazos de los procesos, más cortos” Rodolfo Parker Diputado PDC

“Se suprime la audiencia especial y el proceso se hará en un tiempo breve... Tiene que haber una selección de jueces” Ástor Escalante Viceministro

La fuente dijo que los casos graves no pasarán a conocimiento de los jueces de paz, sino directamente a los de instrucción y sentencia especializados, que tendrán su asiento en las tres principales cabeceras del país: San Salvador, Santa Ana y San Miguel. A lo sumo, habría también tres cámaras de apelaciones especiales.

Los tribunales de sentencia especiales seguirían siendo colegiados e integrados por tres miembros.

Cuando se cometa un crimen horrendo o una masacre, la Fiscalía le va a pasar el caso al juez de instrucción especial y no habrá audiencia inicial hasta que concluido el plazo se haga la audiencia preliminar (para decidir si van a juicio).

Los procesos tendrán que durar 60 días máximo (actualmente son seis meses prorrogables) y las declaraciones de testigo se tomarán desde el inicio y no hasta que llegue el juicio. Con eso se evita que eventualmente se pierda un testimonio.

“Las declaraciones de testigos van a ser judicializadas desde el inicio del proceso para evitar que el testigo se le exponga al peligro durante tanto tiempo así como también para evitar de que se frustren los resultados del proceso cuando el testigo por cualquier circunstancia no se presenta a la vista pública”, explicó la fuente.

Los jueces de paz, empero, podrían recibir eventualmente “anticipos de prueba”, es decir, testimonios y evidencias que tengan que incorporarse con urgencia.

Algo importante es que los jueces podrán ordenar por diez días la inmovilización de cuentas y bienes de los imputados para determinar el origen de los mismos.

Los autores consideran este proyecto, más ágil y simplificado, como un “plan piloto” y una “antesala” de lo que podría ser un proceso penal acorde a la realidad salvadoreña.

“Con la ley contra el crimen organizado los procedimientos serán más expeditos y los plazos más cortos”, afirmó el diputado Rodolfo Parker., del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien presentó originalmente la iniciativa.

El legislador explicó que el documento será entregado el lunes al presidente Saca, quien lo dará formalmente a sus colegas posteriormente.

“La intención de este documento es que se pueda conciliar entre todas las fuerzas políticas”, explicó.

“La ventaja de esta ley es que como hay otro tipo de delincuencia, también tenemos que reconocer otra nueva modalidad de juzgarlos. Esperamos aplicarlo en el más corto plazo”, afirmó.

El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, explicó que se trata de “hacer más breve el proceso penal en contra de extorsionistas y homicidas”.
El proceso comprende dos etapas y suprime la audiencia inicial.

Según Escalante, tiene que haber un proceso de selección de los jueces que tengan el perfil idóneo.
“Se quiere que sean buenos jueces, que estén en tres zonas”, agregó.
“El proyecto va a la Asamblea y si los diputados lo aprueban, lo aplicaremos pronto”, afirmó.

CSJ la propondría a la Asamblea

Corte Plena. El proyecto pasará al pleno de magistrados. Foto EDH

Como la nueva normativa establece nombramientos y movimientos en la judicatura salvadoreña, por mandato constitucional tendrá que ser la Corte Suprema de Justicia la que presente el proyecto a la Asamblea Legislativa, explicaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal, que cuenta con “iniciativa de ley” (facultad para introducir proyectos al pleno sin la intermediación de un diputado), discutiría este proyecto en su próxima sesión plenaria, probablemente el jueves 9 de noviembre.

El Ministro de Gobernación, René Figueroa, declaró el miércoles a El Diario de Hoy que 10 de los 15 magistrados han participado en las discusiones de la nueva normativa.

Consultado sobre el procedimiento en estos casos, el presidente de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, explicó que la Constitución obliga a que la Corte introduzca el proyecto.

El artículo 131 de la Constitución establece que dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa está erigir jurisdicciones y cargos judiciales a propuesta de la Corte Suprema de Justicia.

En todo caso, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, tendrá que incluir reformas a la Ley de la Carrera Judicial por los cambios en las competencias o cargos de los funcionarios.

Sedes de los nuevos tribunales

Estarán asentados en las tres principales cabeceras departamentales
- Los de San Salvador tendrán competencia por los delitos cometidos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango.
- Los de Santa Ana decidirán sobre lo que ocurra en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
- Los de San Miguel dirimirán sobre los delitos cometidos en San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.

El proyecto en breve
Los autores definen este proyecto como un “plan piloto”

Crimen organizado
Define así a la estructura de tres o más personas que cometa delitos complejos sobre dos o más víctimas (Art. 1)

Asignación de los casos
La Fiscalía tendrá que decidir a qué jurisdicción envía los casos o los tribunales ordinarios pueden hacerlo también (Art. 5)

Congelación de cuentas
En casos de urgente necesidad, el Fiscal General podrá ordenar la inmovilización de cuentas bancarias y otros del acusado.

Identificación de imputados
Cuando se necesite reconocer a una persona ausente, el fiscal podrá mostrar su fotografía con otras al testigo.

Jueces de paz actuarían
Cuando el juez especializado no pueda realizar alguna diligencia para obtener pruebas, podrá delegar a un juez de paz.