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19/10/1998
Garzón
El magistrado nacido en Jaén representa lo mejor y lo peor
de los jueces mediáticos. Abrió un nuevo campo para
el derecho con su arresto de Pinochet, vio frustradas sus aspiraciones
políticas y ahora se interesa por Berlusconi, Bin Laden y Kissinger.
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José Iglesias Etxezarreta
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Tras la invención de los campos de concentración durante
la segunda Guerra de los Boers (1899-1902) en Sudáfrica por parte
del mando británico y después de que las potencias del Eje
aplicaran el exterminio “científico” contra enteras
poblaciones y etnias durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la
comunidad internacional se juramentó para que la persecución
y la reparación por los crímenes contra la Humanidad no
tuvieran límites en el tiempo y en el espacio, ámbito del
derecho que tuvo su apertura con los simbólicos, pero limitados,
Juicios de Nuremberg (1945-1949) y de Tokio.
Pese a que se perdonó a muchos de los cerebros de los mecanismos
del horror para integrarlos en las maquinarias aeronáuticas, armamentísticas
y farmacéuticas de los aliados -como Werner Von Braun, fiel SS,
padre a la vez de los cohetes V-2 que asolaron Londres y de la moderna
astronáutica estadounidense-, que dichos ignominiosos delitos no
prescribían es algo que otros oficiales hitlerianos perseguidos
por los caza nazis pudieron experimentar en su propia piel.
Solo hay que recordar la eterna fuga del doctor de Auschwitz, Josef Mengele,
o los sonados juicios y condenas de Adolf Eichmann en Israel (1962) o
de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, en Francia (1987).
Pero la extraterritorialidad se convirtió en un asunto mucho más
espinoso, sujeto a la soberanía nacional y a largos procesos por
la ausencia o condiciones de tratados interestatales de extradición,
o a rocambolescas operaciones ilegales de secuestro y traslado, como la
que finalizó con la ejecución en Jerusalén del citado
responsable de la logística del Holocausto.
Todo este delicado entramado de la Guerra Fría, de fina diplomacia
o aventurerismo desatado, comenzó a venirse abajo con las históricas
decisiones que tomaría la Audiencia Nacional española en
los años 90, especialmente la histórica resolución
de su Sala de lo Penal “confirmando la jurisdicción de España
para conocer de los crímenes de genocidio y terrorismo cometidos
durante la dictadura chilena” el 5 de noviembre de 1998.
La Audiencia Nacional
Dicho órgano de la Justicia hispana, con sede en Madrid, fue creado
el 5 de enero de 1977 como sustituto del Tribunal de Orden Público
franquista.
Tres cuestiones son particularmente relevantes de este hecho. En primer
lugar, nacía como sucesor de un ente tristemente famoso por su
protagonismo en la represión de los últimos años
del dictador enfermo y por tanto se le cuestionará siempre este
“pecado original”.
Y Totó Riina hizo caer
el telón...
Salvatore Riina, capo de la Mafia siciliana conocido como “La
bestia”, mató a unas 40 personas y mandó asesinar
a unas mil, entre ellas al general Carlo Alberto Dalla Chiesa, y
a dos de los primeros “superjueces” italianos |
23/05/1992
Giovanni Falcone
Nacido en un barrio pobre de Palermo, la némesis de Riina,
fue asesinado junto a su esposa y tres escoltas. |
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19/06/1992
Paolo Borsellino
“Me queda poco tiempo” dijo al morir su íntimo
amigo; cayó en una emboscada con cinco de sus guardaespaldas.
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15/01/1993
Captura y juicio
Ignorante, pero tan astuto como para vivir más de 30 años
en la clandestinidad, taciturno y huraño, Riina fue finalmente
vendido a las autoridades por su chófer, cuyos familiares resultaron
asesinados como venganza. Actualmente, cumple tres cadenas perpetuas
en alta seguridad. Le decomisaron 125 millones de dólares. |
Dos, su creación se anunciaba de forma casi clandestina (la víspera
del Día de Reyes la opinión pública está despistada
por las festividades) para moderar su impacto entre los viejos nostálgicos
del régimen (como fue típico durante la Transición,
recuérdese la legalización del Partido Comunista de España
en 1976 por parte del presidente del Gobierno Adolfo Suárez…
¡el día de Sábado Santo!).
Y, tercera, y la más importante, es que, si bien muchas naciones
crean entidades de forma coyuntural para afrontar situaciones excepcionales,
por el proceso de formación que acabamos de explicar y resultado
del pacto subyacente entre las fuerzas políticas que modernizó
a España y que consistió en integrar elementos del antiguo
sistema y del nuevo, éste es de los pocos países democráticos
que cuenta con un tribunal de carácter especial estructuralmente
incrustado en el entramado, de rango constitucional, del aparato jurídico
ordinario.
Hoy en día, consta de dos Salas (la de lo Contencioso-Administrativo
y la de lo Social) además de la ya mencionada, que es la que, como
se quiere en el caso salvadoreño, se ocupa de los crímenes
“especialmente relevantes”: entre otros, las acciones contra
el jefe del Estado y su familia, el Ejecutivo y las instituciones nacionales;
los delitos financieros y monetarios; el narcotráfico; los realizados
por bandas organizadas (en este apartado caen el terrorismo y las mafias)
y los que, atención, “se hayan cometido fuera del territorio
nacional, los procedimientos penales iniciados en el extranjero, la ejecución
de las sentencias dictadas por los mismos o del cumplimiento de pena de
prisión impuesta por estos tribunales, cuando exista un convenio
internacional que atribuya a España estas competencias”.
Y en eso llegó Garzón
Amparándose en esta amplia definición de competencias y
en que hubo españoles entre los torturados y desaparecidos por
los regímenes militares de América Latina, un joven e impulsivo
magistrado, Baltasar Garzón, cobraría fama internacional
arrestando el 19 de octubre de 1998 al ex dictador chileno, Augusto Pinochet,
que se hallaba convaleciente de una operación de hernia en un hospital
en Londres, detención que duró hasta el 2 de marzo de 2000,
fecha en que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack
Straw, le permitió volar apresuradamente de vuelta hacia lo que
parecía la impunidad de su país natal.
Sobre la base de esa actuación, el propio Garzón persiguió
a funcionarios de las Juntas Militares argentinas y consiguió que
se condenara en 2005 al represor Adolfo Scilingo a 640 años de
prisión, y, en julio de 2006, su colega Santiago Pedraz ha dictado
orden de busca y captura contra ochos implicados en matanzas en Guatemala,
entre ellos el general y ex presidente José Efraín Ríos
Montt. Puede decirse que el principio de no injerencia ha saltado definitivamente
por los aires, aún más si tenemos en cuenta que las instancias
penales internacionales (el Tribunal de los Pueblos de Bertrand Russell,
el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya, o la Corte Penal
Internacional) están comenzando a dar resultados pese a la decidida
oposición del gobierno de los Estados Unidos.
El doble rasero
Sin embargo, existen tres críticas fundamentadas a este tipo de
justicia sumaria: el abuso de poder (ver recuadro), el diferente trato
que tienen vencedores y vencidos (la genial frase de Robert Oppenheimer,
padre de la bomba atómica, al general que supervisaba el Proyecto
Manhattan y constructor del Pentágono, Leslie R. Groves, “si
los perdedores hubiéramos sido nosotros, a Ud. y a mí nos
hubieran juzgado como criminales de guerra”, lo resume todo) y la
judicialización de procesos políticos que a veces necesitan
de pactos extrajudiciales para evitar males que se perciben como peores
como el Acuerdo de Viernes Santo de Irlanda del Norte, en Sudáfrica
con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con las
leyes de punto final en el Cono Sur y con los propios Acuerdos de Chapultepec
y la de Ley de Amnistía en El Salvador. Por sintetizar, qué
mejor que el dicho popular de que “hay razones del corazón
que la razón no entiende”.
Esclarecedora y paradójicamente, este conflicto entre cuándo
se debe emplear la firmeza y cuándo el diálogo le está
sucediendo al propio Garzón y a otros jueces de la Audiencia Nacional
por el “proceso de pacificación del País Vasco”
en curso.
Exaltados por la sociedad civil como sus campeones por su iniciativa e
inflexibilidad por los juicos contra la guerra sucia del gobierno de Felipe
Gonzáez (los GAL), y en su lucha pertinaz contra ETA (en la que
perderían a uno de sus miembros más queridos, la fiscal
Carmen Tagle, asesinada a los 44 años el 12 de septiembre de 1989),
especialmente con la exitosa estrategia de ilegalizar a su brazo político
Batasuna y a los grupos sociales de su entorno, ahora se ven duramente
criticados por “interferir” con el diálogo iniciado
con la organización por Zapatero.
Los crímenes de la justicia
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| 1975 |
Los tribunales y legislaciones especiales tienen también su cara
negra ya que juzgar en tiempos de histeria colectiva puede hacer que se
pierdan las garantías imprescindibles, se olvide la presunción
de inocencia y se cercenen vidas enteras.
Cuando a principios de los años 70, el Ejército Republicano
Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) para presionar
a la opinión pública decidió trasladar los sufrimientos
de la guerra a la puerta de las casas del pueblo inglés volando
locales comerciales y bares indiscriminadamente y provocando grandes carnicerías
de civiles, la respuesta policial y judicial fue rápida y despiadada.
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| 1991 |
Decenas fueron a la cárcel de por vida, entre otros, los que fueron
conocidos como los Cuatro de Guildford (caso popularizado por el film
En el nombre del padre), los Seis de Birmingham (antes y después,
en las fotos adjuntas), los Tres de Cardiff, los Cuatro de Bridgewater,
los Tres de la M25, los Siete McGuire, los hermanos Darvell, Danny McNamee,
Judith Ward, Derek Bentley y Hussein Mattan.
De 15 a 20 años después, entre 1989 y 2000, todos los nombrados
anteriormente fueron declarados inocentes... cuatro de ellos de forma
póstuma. Murieron en prisión sabiendo que no habían
cometido ningún delito.

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