Corte de Cuentas detecta ilícitos en Santa María

Una auditoría advierte de irregularidades en el proyecto de construcción de un puente adjudicado a una de las empresas del diputado Roberto Carlos Silva

Publicada 25 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Sospechas. Archivos de la comuna fueron decomisados recientemente por los fiscales asignados a las investigaciones. Foto EDH

La Corte de Cuentas advirtió acerca de posibles delitos en la alcaldía municipal de Santa María, en el departamento de Usulután.

La auditoría refleja varias irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación, contratación y ejecución del proyecto “Construcción del puente sobre el río Santa María” que fue adjudicado a la empresa Caminos y Edificaciones (CED) S.A. de C. V., representada por Nora Emely Parada de Silva, esposa del diputado Roberto Carlos Silva, en el período comprendido entre 1 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2006.

Según el informe, diez empresas compraron las bases de licitación, entre estas CED, T Construcciones y Supervisiones S. A. de C. V. y PROVECOM, vinculadas a Silva, pero no se garantizó a los licitantes el plazo mínimo para entregar la oferta, ya que el tiempo concedido fue de únicamente siete días, cuando la ley establece que deben ser diez días hábiles como mínimo.

Sin embargo, pese a la brevedad del plazo, CED presentó su oferta y le fue adjudicado el proyecto por un monto de $399, 104.08.

Otra irregularidad detectada fue que el balance (informe de ingresos y gastos en el año de la empresa) que presentó CED para ganar el concurso, era diferente al que presentó en la municipalidad de Jiquilisco, en Usulután, donde cancelaría impuestos por algunas construcciones realizadas.

La Corte también determinó que no demostró con las constancias respectivas su experiencia laboral para cumplir con los requisitos exigidos en las bases del concurso, por lo que la licitación debió declararse desierta. No obstante, la comisión evaluadora recomendó que se adjudicará el proyecto a dicha empresa.

Los auditores también determinaron que los de CED conocían previamente la carpeta técnica (las especificaciones que la municipalidad buscaba en las ofertas de las empresas concursantes), lo que demostraría que la empresa se encontraba en ventaja sobre las otras licitantes.

El proyecto fue cancelado en su totalidad de acuerdo a lo pactado. Los pagos se emitieron sin la firma del tesorero municipal; sólo contaban con la del alcalde y el concejal.

A la fecha, la Corte ha constatado que el puente no se ha finalizado y la construcción está abandonada.