Jueces Blindados

Dirimirían los procesos contra el crimen organizado o mafias. Aunque no serían como los “sin rostro” de otros países, gozarían de todas las prerrogativas. Los procesos por homicidio agravado, secuestro y extorsión serían tramitados hasta sentencia por un solo tribunal

Publicada 25 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Partidos dan sus fórmulas

El gobierno y representantes del Poder Judicial, la empresa privada y diversos sectores acordaron crear jueces especiales “blindados” para combatir el crimen organizado, al estilo de los magistrados de la Audiencia Nacional española o los anti-mafia italianos, reveló el Ministro de Gobernación, René Figueroa.

“Queremos jueces a quienes podamos montar un aparato de seguridad para que puedan dictaminar con toda la fuerza y el rigor de la ley en defensa de la población”, declaró el funcionario a El Diario de Hoy.

Estos funcionarios harían que los tiempos y los procesos por homicidios, pandillas y extorsiones, sean ágiles y eficaces. “No serían jueces sin rostro, pero estarían bien protegidos... Queremos adaptar a la realidad salvadoreña algo muy similar a la Audiencia Nacional de España”, explicó.

Los funcionarios estarían concentrados en San Salvador o en las cuatro principales cabeceras departamentales del país.

Figueroa confió que este es el resultado de una serie de reuniones que han sostenido representantes del gobierno, la Policía, la Fiscalía y la empresa privada, así como con 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema y diputados a la Asamblea Legislativa.

Agregó que “dentro de poco” se incorporarán los partidos FMLN y CD, las iglesias y las universidades a esta mesa de trabajo. “Queremos dar pasos concretos y que se traduzcan en proyectos de ley”, explicó.

La semana anterior, el embajador de Estados Unidos, Douglas Barclay, y el presidente de la ANEP, Federico Colorado, llamaron a la unidad del gobierno y los diferentes sectores para tomar medidas efectivas, en lo que resta de octubre, para enfrentar la delincuencia.

Figueroa afirmó que toma la palabra a ambos dirigentes y expone que prueba de la coincidencia de pensamientos son los encuentros que han sostenido y el despliegue de al menos 2500 policías en el Gran San Salvador para los próximos días, de mil más para protección de las cosechas, así como la asignación de 14 millones de dólares para la investigación de delitos.

Según Figueroa, se incrementará la fuerza operativa de 7000 a 9000 uniformados, además de 2000 soldados en los Grupos de Tarea Conjunta.

“En esta guerra, no nos dejen solos, porque la vamos a ganar”, enfatizó el funcionario.

Respecto a la posibilidad de que encuentren oposición en el Poder Judicial a las medidas como ha sido en el pasado, el Ministro celebró que han encontrado “receptividad” de parte de los magistrados de la Corte Suprema.

“Hemos encontrado preocupación en la mayoría de magistrados... el reto es que ahora esa conciencia permee hasta el último de los jueces... el sector justicia debe entrar de lleno a este esfuerzo”, afirmó.

Respecto de la oposición de la Procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, a estas iniciativas, Figueroa dijo que espera que ahora no sea así.

“El único sector que espero que se oponga son los delincuentes”, sentenció.

La receptividad del Poder Judicial no se ha hecho esperar.

El Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte, Ulices Guzmán, explicó que la iniciativa de los jueces especiales “acelerará y simplificará” el proceso penal

En el proyecto está previsto que no habría audiencia inicial (para valorar las primeras evidencias) y existe la posibilidad de que sólo un juez emita sentencia, para que el proceso sea más ágil.

Mientras, Rosa María Fortín, magistrada de la misma Sala, confirmó que “este es un trabajo que se ha realizado en forma conjunta, un trabajo interinstitucional, pero va a depender mucho de lo que salga de la Asamblea”.

“La idea con este tipo de tribunales es buscar alternativas que, más que frenar la delincuencia, eviten la impunidad, pero dependerá mucho de lo que diga la Asamblea”, explicó.

Expulsados. En nueve meses han llegado 9155 salvadoreños. Foto EDH

El Salvador espera acuerdo para encerrar criminales deportados

Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador esperan concluir, antes de que finalice el año, los acuerdos para que criminales deportados puedan terminar sus condenas en el país.

El Ministro de Gobernación, René Figueroa, llamo al gobierno norteamericano a formalizar cuanto antes estos convenios, así como a brindar recursos para la investigación del delito y la construcción de más penales de máxima seguridad.

“Hay preocupación (en el gobierno de EE.UU. por la delincuencia en el país). Quisiéramos que eso se pudiera traducir en equipamiento de laboratorios de investigación, en construcción de nuevas cárceles”, afirmó Figueroa.

Según Migración, entre 2005 y 2006 han sido deportados 3,880 con antecedentes penales desde Estados Unidos. Esto equivale a un incremento del 26 por ciento en el mismo periodo hacia atrás.

Hasta septiembre de 2006, más de 9155 salvadoreños han sido expulsados, 2053 de ellos con antecedentes penales. Esta cifra se desglosa así: 358 por drogas, 339 robo, 258 asalto, 215 asaltos sexuales, 130 manejar en ebriedad, 152 pandilleros, 39 homicidios, entre otros.
Estados Unidos y El Salvador han nombrado comisiones de alto nivel para definir el mecanismo sobre los deportados con antecedentes penales, a fin de que hacer congeniar las legislaciones de los dos países.

“Otra manera en la que los Estados Unidos nos pueden ayudar es definir ese memorando de cumplimiento de penas con la mayor brevedad, para que al individuo que ha sido deportado con antecedentes criminales, lo podamos apresar en Comalapa, porque hoy por hoy sale de Comalapa a delinquir y eso no es posible”, afirmó.

Si los deportados ya cumplieron la pena, no se les podría restringir la libertad.

Políticos, iglesia y empresas van a unir esfuerzos

El Gobierno creará otra mesa nacional donde sentará a los partidos políticos, iglesias, sector empresarial y de justicia, y por supuesto a las instituciones gubernamentales de Seguridad Pública. Todo con la idea de hallar juntos una solución a la ola de criminalidad.

El diputado pedecista Rodolfo Parker reveló ayer que el presidente Antonio Saca le pidió, a través del Ministro de Gobernación, René Figueroa, que se una y forme parte de esa mesa. Y no sólo porque lo hará con los demás partidos, sino porque el Órgano Ejecutivo tomará como insumo --para una propuesta integral-- la idea que semanas atrás lanzó el PDC, para crear jueces especiales que diriman delitos de crimen organizado.

En la embajada
El punto, según el diputado Parker, se conversó durante la reunión “informal” que tuvieron anteayer los políticos con el embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, luego del llamado al Estado de combatir el crimen “ahora”.

La idea que los partidos plantearían es retomar la fórmula que cada uno ha preparado en la Asamblea Legislativa (ver nota en la página siguiente) en materia de seguridad.

“El embajador invitó a que se debería formar un comité con ese carácter de integralidad por la embergadura de combatir la delincuencia”, dijo el legislador.

Agregó que seguramente el tema se platicó con el presidente Saca, a través de los delegados de ARENA que estuvieron el lunes en la embajada.

La sugerencia, añadió el diputado, es que en la mesa estén los máximos representantes de los partidos políticos, para se que puedan tomar decisiones inmediatas y no estar con intermediarios, explicó. “Es para darle el nivel de relevancia que esto requiere”, enfatizó.

El objetivo del Gobierno --en palabras de Parker-- es invitar a todos los sectores, porque la solución va más allá de las decisiones de cada partido.

Análisis
¿Superjueces?

José Iglesias ETXEZARRETA
¿Quién ha olvidado, quién podría olvidar, a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino? Quien necesite refrescar su memoria debería contemplar el conmovedor docudrama realizado por Giuseppe Ferrara en 1993, un año después de que ambos amigos palermitanos, interpretados en el film por los impresionantes Michele Placido y Giancarlo Giannini, fueran asesinados por sus “compatriotas” sicilianos de la Cosa Nostra. Posiblemente fueran los dos primeros “jueces estrella” por el protagonismo público que les dio su amplia exposición mediática (aunque hay que recordar también que muchos periodistas y políticos romanos mafiosos allanaron el camino para su cruento fin). Poco después, aparecerían en escena Antonio di Pietro y su grupo Mani pulite (Manos limpias), que en su cruzada contra la corrupción terminarían con la degradada Primera República. Sin embargo, el magistrado, que tuvo el valor de rechazar la cartera del Interior con la que le quiso comprar Silvio Berlusconi, acabaría diluyéndose en el pragmático mundo de la política parlamentaria. Otro tanto le sucedería a su coetáneo español, Baltasar Garzón, quien tras poner la soga al cuello del dictador chileno Augusto Pinochet y desarrollar por primera vez la no territorialidad de los delitos de lesa humanidad, coquetearía con Felipe González para acabar volviéndose contra él, poniéndole contra las cuerdas y contribuyendo a su hundimiento electoral por el terrorismo de Estado del GAL. Para una nación que anhela Justicia y a la que le sobran justicieros, bienvenida sea esta iniciativa, similar a la Audiencia Nacional a la que pertenece el jienense. En España, dichos tribunales se ocupan de delitos “especialmente relevantes”. En El Salvador, sería interesante que, como en el original, se extendiera a algunos ámbitos que no contempla actualmente, como el narcotráfico, el lavado de capitales y la corrupción de altos vuelos. Aunque es pronto para juzgar sus resultados, hay que tener muy en cuenta que cuando el Estado se dota de medidas excepcionales, se debe extremar la vigilancia de los vigilantes. Y es que la concesión de poderes plenipotenciarios a los jueces tiene dos caras. Una, representada por el grado de civismo, moralidad y perseverancia hasta el sacrificio labradas en las leyendas de Falcone y Borsellino. La otra, las veleidades políticas, los abusos de poder, la creencia en la propia infalibilidad, el que pueda peligrar la separación de poderes, que nos han dejado otros ejemplos. “Ya veremos”... que dijo un ciego.