Patente y latente
El Estado en mal estado

Nadie es inmune a las puntas de los cuchillos o de las miras de los revólveres de los 12 mil mareros que acechan a sus víctimas indefensas para asesinarlas, violarlas y extorsionarlas

Publicada 25 de octubre de 2006, El Diario de Hoy

Carlos Sandoval*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

El discurso del embajador estadounidense Douglas Bar-clay, pronunciado en Fusades la semana recién pasada, causó conmoción en todos los sectores del país. Sus palabras no sólo se discuten y analizan todavía, sino que también despertaron conciencias adormecidas y conformistas.

Tal vez la conmoción no se debió tanto por el contenido de lo que dijo --problemas conocidos y sentidos--, ni por la forma como lo dijo --claro, directo, emotivo y sentencioso--, sino por quien lo dijo --el embajador de la primera potencia mundial--. Fueron tan oportunas, contundentes y persuasivas sus palabras, que nadie ha protestado por su condición de diplomático extranjero. Por el contrario, recibieron el beneplácito unánime, público y entusiasta de todos, incluyendo a personeros del Go-bierno y de la cúpula efemelenista.

El discurso tiene varias lecturas posibles, pero quisiera destacar solamente dos: una es la literal o patente, notoria, y la otra, la subyacente, o latente, oculta. El discurso literal, puso de manifiesto el problema de la inseguridad individual que afecta a cada uno de los salvadoreños, cualquiera que sea su condición social. Todos vivimos con pavor, miedo, temor ante la posibilidad de ser la próxima víctima. Esta calamidad es tan grave que ha alcanzado el nivel de epidemia.

Nadie es inmune a las puntas de los cuchillos o de las miras de los revólveres de los 12 mil mareros que acechan a sus víctimas indefensas para asesinarlas, violarlas y extorsionarlas. Pareciera que la delincuencia tiene acorralada a la población como el zorro al gallinero, sin que se vislumbre por el momento la hora del rescate.

La seguridad no es una gracia que otorgan los gobiernos a los ciudadanos, sino un deber constitucional que deben cumplir en forma efectiva, amplia y oportuna. El art. 2 de la Constitución Política expresa en forma taxativa que la seguridad de las personas es un derecho tan importante como el de la vida y la libertad. En igual forma lo manifiesta el art. 3 de la Declaración de los Derechos Hu-manos.

Todos los ciudadanos deben vivir libres de peligros y amenazas (seguridad material) y bajo la certeza de la correcta y justa aplicación de la ley (seguridad jurídica). Es decir, que no es la justicia la que está al servicio de la seguridad, sino la seguridad al servicio de la justicia. La seguridad ha de emplearse contra la indefensión. No es un valor absoluto y aislado, sino un medio que asegura una forma de vivir. Necesitamos, en consecuencia, que las instituciones de justicia y policíacas garanticen la seguridad de todos.

También se refirió el embajador Barclay a dos tipos de corrupción política: uno es el cohecho o coacción (soborno, en lenguaje popular), por medio del cual se otorga una recompensa a un empleado o funcionario públicos para obtener favores. Se trata de un intercambio delictivo entre quien corrompe y quien se deja corromper. Y el otro es el peculado, que consiste en aprovecharse de los fondos públicos para fines privados.

Estas dos formas de corrupción --tipificadas en el Códi-go Penal-- se dan con frecuencia en la Asamblea Legislativa, en el gobierno y la administración pública y en algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en ciertos jueces. Estos delitos, fustigados por el embajador Barclay, son políticos porque influyen en forma ilícita, ilegal e ilegítima en la administración pública. Y si estos delitos se dejan impunes, como es la práctica muy arraigada, entonces sobreviene el resquebrajamiento total de la administración de justicia y el Estado de Derecho se vuelve nulo.

La conclusión más grave de lo anterior --el aspecto del discurso subyacente-- es que pone de manifiesto la inoperancia de las instituciones y que por eso mismo el crimen organizado se va extendiendo irremediablemente, como la gangrena, por todo el organismo estatal. Y lo que se debe hacer cuando el Estado está en mal estado, es someter al régimen político --entendido no como el conjunto de personas que ejercen el poder, sino como el conjunto de organismos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder-- a un diagnóstico y tratamiento, como lo hace el médico con su paciente, para reformar las instituciones políticas: el Estado, la Constitución, el Gobierno y la administración pública y los partidos políticos.

*Columnista de El Diario de Hoy. carlos_sando1@yahoo.com