FGR solicita desafuero para segundo diputado

La Fiscalía salvadoreña presentó hoy ante la Asamblea Legislativa una solicitud de desafuero en contra de un diputado electo al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), quien tomará posesión de su cargo el próximo sábado.

Publicada 24 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

La Fiscalía General de la República, a través de el fiscal general, Félix Garried Safie, y el jefe de la Unidad Contra El Crimen Organizado, Rolando Monroy, presentaron la solicitud en contra del diputado electo Mario Osorto, porque habría falsificado documentos para favorecer una empresa del diputado del Parlamento salvadoreño, Roberto Carlos Silva, quien es investigado por los delitos de cohecho y lavado de dinero.

Hace un mes el Ministerio Público también solicitó a la Asamblea salvadoreña que Roberto Carlos Silva fuera desaforado por el delito de lavado de dinero, por lo que, actualmente, se encuentra en el parlamento bajo la investigación de una comisión especial.

Osorto fue alcalde de la ciudad portuaria de La Unión, 183 kilómetros al sureste de San Salvador, en el período 2003-2006 y resultó electo como diputado por El Salvador ante el PARLACEN en las elecciones de marzo pasado por la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).

De acuerdo al requerimiento, las investigaciones han determinado que Osorto habría favorecido con un proyecto de construcción, que no especificó, a una empresa propiedad del diputado Silva sin haber realizado la licitación que es exigida legalmente para este tipo de obras.

Agregó que el diputado electo -que será juramentado para su cargo el próximo sábado en Guatemala, sede del PARLACEN- falsificó diferente documentación para adjudicar el proyecto y que la petición de desafuero se realiza porque la Ley otorga el beneficio desde el momento que el funcionario es electo.

La Fiscalía salvadoreña se encuentra a la espera de un antejuicio que se ha iniciado en la Asamblea Legislativa en contra de Silva, diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN, derecha), quien es investigado por los delitos de cohecho y lavado de dinero por un monto que podría sobrepasar los 10 millones de dólares.

Según la Fiscalía, el diputado salvadoreño realizó en años anteriores diferentes negociaciones amañadas con al menos 10 alcaldías gobernadas por diferentes partidos por medio de las cuales se le adjudicaron diferentes obras de construcción a empresas de su propiedad.

Los informes fiscales señalan que el parlamentario otorgaba sobornos a los ediles, inflaba los presupuestos de las obras y que además podría estar vinculado con el narcotráfico.

De momento, la esposa de Silva, su suegra y un ex empleado bancario enfrentan un juicio por haber participado en las supuestas negociaciones, mientras la Asamblea Legislativa ha iniciado un antejuicio en su contra en el que se determinará si procede quitarle el fuero constitucional y permitir que sea remitido a los tribunales correspondientes