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| A penales. Los imputados serán llevados a penitenciarías. Foto EDH |
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Geraldine Várela
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Los cinco implicados en el secuestro y posterior asesinato de Ricardo Ernesto Doménico Rosales Padilla continuarán detenidos mientras son procesados en la etapa de Instrucción, según lo decidió ayer el juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
Los imputados, quienes fueron capturados el mismo día de los hechos, el sábado pasado, enfrentan cargos por los delitos de secuestro y homicidio agravado (premeditación, alevosía y ventaja).
Dos de ellos también son procesados por tenencia de armas y una de las mujeres fue acusada de receptación (compra o venta de artículos robados).
El juzgado otorgó la reserva total que la Fiscalía solicitó al caso. Según la defensa, la petición se realizó aduciendo la protección a testigos en el proceso.
La FGR no rindió declaraciones al respecto, pero extraoficialmente se conoció que el propósito de la Fiscalía es otorgar criterio de oportunidad a un imputado. Para el caso, ayer, no se expuso ante los medios noticiosos a uno de los cinco reos, aunque antes ya había sido presentado.
La defensa argumentó que una de las imputadas es menor de edad y solicitó que el proceso sea enviado a un tribunal de menores, sin embargo aún no se ha comprobado la minoridad ya que la imputada no posee partida de nacimiento.
Alegan retardo
Según la defensa, la detenida le dio su partida de nacimiento a un agente el día del operativo y el documento no le fue devuelto.
Familiares de Wil Alfredo Reyes, uno de los imputados, dijeron ayer que Reyes sufre de retraso mental y que un examen psiquiátrico solicitado por su defensor le fue negado por el juzgado.
Según la hermana de Reyes, éste no fue capturado en San Martín como lo aseguró la Policía, sino que los agentes llegaron a detenerlo a su vivienda la cual está ubicada en Ilopango.
“No le han encontrado armas, él (Reyes) salió a comprar tortillas y a la casa lo han llegado a detener los agentes”, aseguró la señora.
ANEP será querellante en caso plagio
Raúl Melara, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que se mostrarán parte en el caso de secuestro y asesinato de Ricardo Rosales Padilla.
“Esto se hace como una muestra del compromiso que tiene el sector privado para erradicar la delincuencia en el país”, aseguró ayer Melara.
La ANEP ha patrocinado la participación de querellantes particulares en procesos desde 1986, cuando acusó a una banda de civiles y militares, liderada por Orlando Llovera Ballette, que secuestró a cinco industriales.
Hasta la fecha ha representado a más de 50 víctimas y colaborado a condenar, con el apoyo de abogados penalistas, a más de 350 secuestradores.
“Queremos decir que no sólo llamamos y reclamamos sino que también damos el ejemplo”, argumentó el representante de ANEP, luego que presidente de la gremial, Federico Colorado, llamó a los tres poderes del Estado a actuar enérgicos ante el problema de la criminalidad.

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