| Eduardo Torres*
El Diario de Hoy
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A medidas inmediatas para frenar la criminalidad, encarcelando pandilleros, reformando nuestro sistema judicial y cesando la polarización política existente, exhortó el lunes de esta semana, en un atípico discurso, el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay, desde la tribuna de un foro de Fusades. Exigió, además, un gobierno --tres Órganos del Estado-- transparente, que luche contra la corrupción.
De no ponerse “un alto a la violencia criminal, ahora”, precisó el Embajador, El Salvador, que es visto internacionalmente como un modelo, por todo lo que se ha logrado desde la firma de la paz, puede detener su crecimiento económico, parándose la inversión extranjera y poniéndose inclusive en jaque muchos de los logros alcanzados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Mención específica hizo del TLC con los Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), y a los --próximos a llegar-- Fondos del Milenio.
“ ¿Dónde está la condena pública masiva y la presión hacia sus representantes electos, tanto hacia el gobierno central, como al Poder Legislativo y los gobiernos locales para lograr un programa integrado contra la criminalidad?, ¿dónde están las demostraciones de unidad entre los líderes de todos los sectores y tendencias políticas para solucionar esta problemática nacional?, ¿dónde está la voluntad política para enfrentar este problema y solucionarlo ya?”, increpó el diplomático estadounidense.
Abogado de profesión y en muy clara referencia, Barclay dijo que el principio de la independencia judicial “no significa que un juez tenga la libertad de ejecutar una decisión de la manera que se le antoje, sin tomar en cuenta la ley o los hechos”. Por asesoría directa del Fiscal Ge-neral de su país y del Director del FBI, el Embajador dijo que “lo más importante es llevar más policías a las calles y sacar de las calles a los criminales, ahora”.
Más allá de lo florida que ha estado la fauna a partir de los diversos tipos de reacción causados por el discurso, quien esto escribe piensa que el llamado del representante estadounidense fue, en primer lugar, a la sociedad como un todo. Es decir, que nos quede cristalinamente claro que el problema es de todos.
En segundo lugar, a la institucionalidad del Estado y a todos los funcionarios electos, ya sea de manera directa o indirecta, y, en tercer lugar, al raciocinio. “Leemos sobre actos horribles de violencia sin sentido todos los días y, aún así, pienso que no comprendemos completamente cuán grave es este problema”, apeló el Embajador.
Por inesperada que haya sido la sacudida para sacarnos del letargo, creo que ya ha habido ganancia, pues la Asociación Nacional de la Empresa Privada, a través de su presidente ha salido con propuestas específicas --más grupos de tarea conjunta en el campo y más policías en las ciudades; depuraciones permanentes en el Órgano Judicial, PNC y Fiscalía, y fin a la parálisis en este tema por lo que sería búsqueda de objetivos políticos--, para obtener resultados al más corto plazo posible en esta batalla en la que nos la jugamos como sociedad.
Adicionalmente, pienso que de acá en adelante la opinión pública jugará un mayor papel del que hasta este momento ha venido haciendo. Fuera de los llamamientos específicos hechos por el presidente de la ANEP, éste advirtió que de no haber resultados tangibles al corto plazo, la organización sombrilla de la cúpula empresarial comenzaría a “hacer señalamientos públicos y hacer presiones que puede(n) ser señalamientos en los medios de comunicación o movimientos cívicos”.
Comparto con el presidente de ANEP la esperanza de que “el Estado de Derecho funcione”, pues la sola posibilidad de “tomar la justicia por sus propias manos”, sería el peor retroceso histórico como país que podríamos tener. Que la población juzgue quiénes están por resolver el problema que más nos agobia a los salvadoreños.
*Director Editorial de El Diario de Hoy.

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