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| Seguridad en el interior. La ANEP pide que se
envíen más tropas al interior del país para apoyar
a la policía en la prevención del delito. |
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| En tres instituciones. Exhortan a una constante
depuración en el Órgano Judicial, Policía y Fiscalía,
así como premiar a los buenos funcionarios. |
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| No a la polarización. El dirigente empresarial
le advirtió al Frente que buscar sacar raja política
al problema no le traerá nada bueno. |
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| En las ciudades. La cúpula gremial llamó
a aumentar la fuerza pública, sobre todo en las ciudades. |
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La cúpula de los sectores productivos dio un plazo de dos semanas
a los supremos poderes del Estado y a las instituciones del país
para dar pasos concretos encaminados a frenar la criminalidad o de lo
contrario comenzarán a hacer denuncias específicas y a promover
un movimiento cívico que lo reclame.
“Al final lo que la gente quiere son resultados... De nada sirven
muchos discursos... Esperamos señales concretas en el corto plazo,
es decir, no más de este mes, de parte de todas las organizaciones
que tienen que ver en el tema”, advirtió el presidente de
la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado,
en declaraciones para El Diario de Hoy.
“De lo contrario, vamos a comenzar a hacer señalamientos
públicos y hacer presiones que puede ser señalamientos en
los medios de comunicación o movimientos cívicos”,
sentenció.
El pronunciamiento de Colorado se produce tres días después
que el embajador de Estados Unidos, Douglas Barclay, llamara a todos los
sectores a unirse para frenar la criminalidad, en respaldo a mensajes
en el mismo sentido que ANEP formuló hace un mes.
Pero lo más significativo es el contexto de un promedio de 10 homicidios
diarios, de que hay una víctima del crimen en una de cada cinco
familias y de que el país gasta en seguridad 1.7 mil millones de
dólares en lugar de invertirlos en la producción, según
el diplomático.
Tras explicar que su llamamiento no sólo recoge el clamor del empresariado,
sino también de los trabajadores, porque ambos sufren los embates
del crimen, Colorado enfatizó que esperan que “el Estado
de Derecho funcione”, “porque no creemos que la solución
esté en tomar la justicia en nuestras manos, pues sería
el peor retroceso histórico”.
Afirmó que esta es una oportunidad importante para que los partidos
políticos acaben con la polarización “que tiene secuestrado
al país desde hace bastante tiempo” y demuestren que salen
al encuentro de los grandes problemas nacionales.
La ANEP formuló un llamado específico al partido FMLN a
no obstaculizar en la Asamblea Legislativa las iniciativas en beneficio
del país. “Es del caso hacer un llamamiento al Frente para
que se una a estos esfuerzos, porque querer sacar raja política
les va a salir más caro que beneficioso... no les va a ir muy bien
porque no van a abonar al beneficio del país”, anticipó.
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| Se pronuncia. El dirigente gremial pide medidas
concretas contra la criminalidad. |
Colorado les llamó a apoyar el Estado de Derecho y las iniciativas
de beneficio de todos, aunque no sean las más perfectas.
Lamentó el antagonismo de los dos partidos principales, ARENA y
el FMLN, pero, aclaró sin afán ideológico, “el
llamamiento en este caso se lo hago al Frente porque me da la impresión
de que es su fracción la que se está apartando del Estado
de Derecho, de la institucionalidad, de apoyar los cambios que se deban
hacer”.
El dirigente empresarial afirmó que la ANEP se ha estado reuniendo
con representantes de los tres poderes y diversos instituciones y ha encontrado
receptividad y buena voluntad, pero se necesita más.
Hace más de un mes ANEP y la Asociación Salvadoreña
de Industriales (ASI) formularon vehementes llamados a la unidad y a frenar
el crimen, pero no hubo más que encuentros, una reunión
de los tres poderes y nada más. Eso es lo que no quieren que pase
ahora.
“No puede ser que una minoría de maleantes tenga secuestrada
a la población salvadoreña, honesta y honrada”, reflexionó.
Depuración
Colorado urgió la depuración del sistema judicial, de la
Fiscalía y de la Policía. Respecto de los jueces, dijo que
las máximas autoridades de la Corte Suprema reconocen la necesidad
de un saneamiento del aparato. “Lo importante es que lo vayan haciendo...
hemos visto cómo las cámaras enmiendan fallos, pero es preocupante
que cuando lo hacen los delincuentes ya están libres”, lamentó.
No obstante, reconoció, “haciendo justicia, hay que señalar
que no son todos los jueces, sino algunos” los que favorecen la
impunidad.
Consideró significativo que el mismo embajador de EE.UU. critique
el garantismo de los jueces, pues ese país aportó 30 millones
de dólares para el nuevo proceso penal en el que ellos se amparan.
Pero el tema de la depuración, afirmó el dirigente empresarial,
es igual o más importante en la Policía. “Debe haber
una depuración intensiva, al igual que en la Fiscalía...
las cabezas de estas instituciones deben estar constantemente haciendo
una depuración”.
Refuerzo a PNC
Como en una empresa, ejemplicó, es tarea de cada titular hacer
evaluaciones y saneamientos permanentes, al igual que se premie a los
mejores integrantes, sobre todo en estos trabajos en los que se arriesga
la vida y la estabilidad de familias.
Al mismo tiempo, pidió que se refuerce a la Policía. “Hemos
visto con buenos ojos el aumento del presupuesto de la Policía
Nacional Civil para el próximo año, pero no estamos seguros
si es lo adecuado... creemos que no”, enfatizó.
El presupuesto para 2007 tiene una partida de más de 151 millones
de dólares para la Policía, dijo una fuente oficial. “El
Ejecutivo no debe escatimar recursos para trasladarlos a los organismos
de seguridad para que tengan las herramientas para ser efectivos”,
dijo.
El lunes, Barclay comparó con lo que ocurre en El Salvador con
una guerra. Colorado lo define así: “De poco nos va a servir
estar apostándole a la educación y a la salud, que son temas
importantísimos, si al final el país entra en un esquema
de ingobernabilidad”, anticipó.
Colorado propuso que se aumente el número de policías en
las cabeceras departamentales y el número de tropas, en apoyo de
la fuerza pública, en el interior del país, como formas
efectivas de disuasión del delito.
“Nos puede funcionar que entren los Grupos de Tarea Conjunta en
el interior del país y se concentren los elementos policiales en
las cabeceras departamentales, porque no es bien visto la dispersión
de tropas en una ciudad, pero nos parece que en el interior del país
puede haber mayor movilidad y mayor aprovechamiento de los recursos que
se tienen”, explicó.
Piden ayuda a los EE.UU.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP), Federico Colorado, también abogó por que se suscriba
un tratado entre Estados Unidos y El Salvador para encerrar a los criminales
deportados, al mismo tiempo que se provea recursos tecnológicos
avanzados a la PNC.
“Estados Unidos nos puede aportar muchas herramientas”, dijo
Colorado. A este respecto, Ástor Escalante, viceministro de Seguridad
Ciudadana, considera que una de las piedras en el zapato de la seguridad
lo representa la deportación masiva de salvadoreños que
han delinquido enEE.UU.
Escalante ejemplificó que tienen registrados muchos casos en que
a las pocas horas de arribar al país, los deportados han cometido
delitos.
Es por eso que ayer, una comisión formada por el Ministro de Gobernación,
René Figueroa, el canciller Francisco Laínez y un funcionario
de Migración se reunieron en la Casa Blanca con funcionarios estadounidenses
para buscar un acuerdo que garantice los intereses de ambos países
en el problema de los salvadoreños expulsados.
La comisión salvadoreña busca un acuerdo que permita la
colaboración deEstados Unidos para suministrar información
de salvadoreños que no cumplen la totalidad de la pena impuesta
por la justicia norteamericana y así tratar de que acaben de pagar
la sentencia aquí.
Según Escalante, sólo es cuestión de armonizar las
leyes de ambos países, aunque no quiso hablar del plazo en que
podrían alcanzar el acuerdo.
La búsqueda de ese acuerdo va aparejada con la solicitud de ayuda
tecnológica para equipar las cárceles salvadoreñas,
así como para la construcción de más presidios que
puedan albergar a los deportados criminales.
Mientras, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia abordaron ayer
en el pleno las críticas del embajador estadounidense, Douglas
Barclay, al sistema de justicia.
Según el magistrado Ulices del Dios Guzmán, presidente de
la Sala de lo Penal, el pleno acordó comisionar a los cinco magistrados
de la Sala para hacer una propuesta en relación con las críticas,
pero aclaró que aún no existe ninguna disposición
en concreto.

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