Docentes
Colegios denuncian clima de extorsión en la enseñanza

Cambio. Educación giró instrucciones a las escuelas para evitar dar información por teléfono y reforzó el acceso a las mismas en un intento por frenar el abuso de maras que amenazan, al menos, a 12 escuelas en San Salvador.

Publicada 20 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Medidas dictadas por Educación Los centros escolares tienen un mandato claro de no brindar informes a personas que no estén debidamente acreditadas como funcionarios de ese ministerio. Llama a la unidad El clamor de la Federación de Colegios Católicos es para que los tres órganos del Estado y los políticos encuentren una solución.

Haciéndose eco de las duras declaraciones del embajador de Estados Unidos, Douglas Barclay, pronunciadas días atrás en las que apremiaba a la sociedad y especialmente al Gobierno a presentar un programa sobre seguridad y contra la criminalidad, José David Velasco, presidente de la Federación de Colegios Católicos (Fedec), rompió ayer el silencio para dar a conocer, a través de un comunicado, la condena por las extorsiones a docentes en los colegios. De paso, como Barclay, hizo un llamado a la unión para poner freno a esta lacra social.

“Somos una familia grande que tenemos incidencia en la vida de la juventud y que también está acorralada por los acosos”, expresó Velasco, representante de una agrupación que aglutina 317 centros en el país.

Al menos, la Fedec habla de tres centros de la capital, cuyos docentes sufren este tipo de delincuencia, pero como, matiza Velasco, “pueden ser más”.

En medio de la prudencia con que las autoridades del sector público y privado manejan este tipo de informaciones, se habla ya de un centro, cuya dirección habría contemplado la idea de marcharse del país. “Espero que no haya ese retiro de instituciones por ese apremio. Sería una pérdida de servicios valiosos para la sociedad salvadoreña y la juventud a la que nos debemos”, afirmó el presidente de la Fedec.

En el mismo sentido se pronuncia Manuel de Jesús Machado, presidente honorario de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), ente que aglutina a 226 centros laicos. Los docentes de dos colegios, uno en Cuscatlán y otro en Cabañas, son víctimas de este tipo de violencia, si bien apunta que los centros y las cantidades que les exigen “son pequeñas”.

Como asociación han propuesto a las instituciones que denuncien a la PNC; un paso que, en ocasiones por miedo, a veces por desconfianza, no siempre se da. Unos motivos que tienden a distorsionar la realidad en cuanto se habla de cifras de víctimas y afectados por las extorsiones.

Bartolomé Gil, director departamental de San Salvador del Ministerio de Educación, maneja 12 centros de estudios públicos, cuyos docentes viven bajo la sombra de la extorsión o amenaza. Las últimas tres denuncias llegaron al Mined en poco más de una semana.

En ese listado, que se omite seguridad, aparecen escuelas del centro capitalino y de municipios como Mejicanos y Soyapango.

En cada escuela, las víctimas se pueden contar por docenas. En uno de los casos más preocupantes, 50 docentes están en la mira de las maras después de que éstas los amenazaran semanas atrás. Para ello, según Educación, incluso privaron de libertad a un maestro durante un día como prueba de que iban en serio.

Una de las medidas más inmediatas es facilitar el traslado de centros a los profesores amenazados. “Hay 25 solicitudes y hemos resuelto como 19”, indicó Gil al referirse a San Salvador.

El clima de inseguridad que vive el país y, por ende, las escuelas obligó a Educación a realizar cambios de carácter administrativo. “Me he reunido con los directores (629), con todos, para dar indicaciones de cómo guardar la información”, acotó el funcionario.

Desde hace unas semanas, los centros no brindan información, vía telefónica, sobre maestros y empleados. Nadie tiene la certeza de quien está al otro lado de la línea es una persona honesta, dice Gil.

Una desconfianza que se pasó por alto en varios de los centros extorsionados. Los delincuentes, en algunos casos, se presentaron bien vestidos a las instalaciones, haciéndose pasar por funcionarios de Educación. “Sabemos que en un caso llegaron bien elegantes, como que eran funcionarios, y obtuvieron la información sobre la planta docente”, asevera Velasco, de Fedec.

Un memorándum del Ministerio de Educación, con fecha 8 de septiembre de 2006, ahonda en las nuevas obligaciones administrativas de los centros. Entre ellas que cualquier información se brinde a través del asesor de gestión o, en su defecto, por medio de un funcionario que esté acreditado.

Incluso, como menciona el director departamental, los directores tienen instrucciones de cerrar la puerta a quienes no se identifiquen antes.

Consultado al respecto, el fiscal general, Félix Garrid Safie, dijo que tenían conocimiento de este tipo de delitos. “Las extorsiones continúan, pero las estadísticas han mejorado (en transporte), en parte después de haber instaurado la unidad especializada, además de la contraparte de la PNC”, dijo el fiscal.

Barclay, en su discurso sobre “Logros en El Salvador, cómo mantenerlos”, acuñó el adverbio “ahora” para referirse a lo urgente de la situación. Es la misma urgencia de la que hacen gala instituciones como Fedec y ACPES.

“Imagínese con el salario tan bajo”

Con rostro serio y sin dejar de frotar sus manos una y otra vez, la maestra Julia S. da un respiro profundo, como queriendo llenar su cuerpo de valor para poder hablar.

Calcula cada palabra para que no salga más información de la precisa. Aún así el temor se impone cada vez que recuerda aquel mensaje verbal que las maras enviaron a su centro escolar, uno de los muchos ubicado en la zona paracentral: “Tienen que pagar una cuota mensual”. Esta supera los $40, pero no dice el importe exacto, tampoco las decenas de docentes a los que les toca dar parte de su sueldo.

A diferencia de otros casos que han trascendido en el sector educativo, a ellos no les llegó ningún papel escrito, tampoco les han llamado por teléfono. Hace más de una semana que alguien del propio equipo docente les comunicó la petición.

“Dice que le agarraron unos cheros y que luego le condujeron a otro lugar donde estaba el líder de la mara. Que le habían explicado que era para demostrarnos que no estaban jugando, que teníamos que cumplir o si no lo harían con cada uno de los maestros hasta que entendiéramos”, comenta la educadora mientras vuelve a buscar acomodo en el sillón y lanza una mirada furtiva a la puerta.

Su historia no es ajena. Como asegura Bartolomé Gil, director departamental de Educación, hay reportes de algunas maestras rurales del Programa Educación con Participación de la Comunidad (Educo), que han sido retenidas y luego liberadas.

En el centro donde trabaja Julia la atribulación de los profesores motivó una suspensión de clases por uno o dos días, pero casi nadie se atreve a hablar de la causa y los padres conocieron del porqué hasta la presente semana.

“Todos estamos muy nerviosos, tristes. Imagínese, con este salario tan bajo y la cantidad que nos han pedido para cada mes es lo que nos podría servir para comer una semana”, enfatiza Julia mientras revela que en sus 25 años de labor es la primera vez que está ante una situación tan complicada.

En esa escuela, que cubre una significativa población de escolares de bajos recursos, aflora un ambiente tenso que se acentúa cuando un extraño llama al portón. El mismo que, siguiendo instrucciones de Educación, no se puede atravesar sin presentar el DUI a un custodio privado de semblante serio.

En vísperas de finalizar el año escolar, cuando en años anteriores los educadores se han mostrado felices por las cercanía de la vacación, la seño Julia y sus compañeros viven los días más largos de su carrera. Una situación que nadie les garantiza que no volverá a la vuelta de la Navidad.