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| Custodiados. Los compatriotas repatriados han
aumentado en gran número en 2006. Foto
EDH |
Primera entrega
William Alfaro
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
No es un secreto que el número de deportaciones ha aumentado
en los últimos años, pero 2006 ha sido un año con
cifras desproporcionadas, si se le compara con otros periodos.
El número de repatriados ya batió un récord y, a
dos meses y medio para que cerremos el año, se habrá superado
significativamente los 12,000. A la fecha van 9,458.
Las políticas migratorias adoptadas por el gobierno de los Estados
Unidos y los refuerzos de seguridad en los puestos fronterizos han sentenciado
la suerte de muchos salvadoreños que después de un largo
recorrido han tenido que ceder ante los agentes de servicio de inmigración.
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Otros, ante la falta de información, no renovaron su Estatus de
Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) —que
cerró el 1 de septiembre 2006, y que les fue otorgado en 2001,
después de los terremotos de enero y febrero— y les fueron
abiertos procesos de deportación.
Algunos, a los que se les comprobó que violaron las leyes o son
miembros de la pandillas, no se les renovó el TPS, ya que al llenar
el formulario I-821 (para reinscripción) y el I-765 (de Autorización
de Empleo) se les comprobaron algunos delitos y fueron de los primeros
en ser devueltos a El Salvador.
Si bien la inmigración es un tema político para los estadounidenses,
ellos fundamentan sus medidas en la seguridad, debido a los atentados
terroristas de 2001, lo que los obligó a redoblar esfuerzos para
impedir la llegada de extranjeros ilegales a su país, y a la vez,
a extraditar a todos aquellos que incumplieron las leyes migratorias.
Para ello, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración
(USCIS) ha sido la encargada de evaluar las solicitudes del TPS.
Hasta el mes de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS
en inglés), de Estados Unidos, deportó a 9,458 (en 2005,
sacaron a 7,239 salvadoreños, lo que demuestra el aumento del 26,46
%). De lo que han venido este año, 2,056 tienen antecedentes penales
por los delitos de tráfico y comercio de drogas, asaltos, violencia
familiar, agresiones sexuales, asesinatos, secuestros, prostitución,
documentación y relación con pandillas, punto que ahondaremos
luego.
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| Familias. El índice de mujeres deportadas
es menor que el de los hombres. Foto EDH |
En sólo un mes —agosto-septiembre— hubo un aumento
de 1,459 deportados. Texas con 3,907 (hasta septiembre); Arizona, 1,483;
y California, con 1,393, son los estados con más expulsiones. De
Nueva York y Washington también ha habido deportaciones significativas.
Otro dato interesantes es que ya se comenzaron a registrar salidas de
estados que no figuraron el año anterior, como Massachusetts, con
70 repatriados. Un buen número regresa sin figurar en algún
estado y el tópico de la Dirección General de Migración
y Extranjería lo califica como Estado no definido y registra 868
deportaciones.
Los números reflejan que han regresado al país 2,056 salvadoreños
que han cometido desde infracciones menores hasta asesinatos y secuestros,
lo que ha obligado a ambas naciones a formar un grupo técnico para
elaborar una Tratado de Ejecución de Sentencias Penales (TESP)
entre El Salvador y Estados Unidos.
Trabajo en equipo
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| Vuelos. Cada semana llegan entre dos y tres aviones
con los deportados. La semana anterior regresaron 223 en tres días.
Foto EDH |
El TESP buscará la revisión y actualización de los
mecanismos consulares, y la exploración de otros acuerdos que permitan
la efectiva aplicación de la ley penal salvadoreña a los
deportados con antecedentes penales.
Es por eso que a finales de septiembre René Figueroa, Ministro
de Gobernación, y el canciller Francisco Laínez se reunieron
en Washington con el Consejero de Seguridad estadounidense, Stephen Hadley,
para afinar detalles de las medidas que adoptaran.
“Estamos dándole seguimiento a la conversación que
tuvo el presidente Antonio Saca con el presidente George W. Bush sobre
las deportaciones de pandilleros. El consejero Hadley nos ha manifestado
que el tema es de interés presidencial y urgente”, afirmó
Figueroa durante el encuentro en Washington.
La delegación salvadoreña también solicitó
la ayuda financiera del gobierno estadounidense para el fortalecimiento
de la Fiscalía General de la República afín de especializar
los fiscales sobre el tratamiento de los temas de inmigración.
La reunión entre Figueroa y Hadley pretende la revisión
de los mecanismos consulares que se aplicará a los deportados con
antecedentes criminales, a fin de contar con un mayor y mejor control
de éstos, ya que hasta hoy Migración y la Policía
Nacional Civil sólo llenan una ficha con los registros del sujeto.
Rafael Álvarez, director de la Dirección General de Migración
y Extranjería, confirmó el incremento del 26.46 en la cifras
de deportados y coincidió con Rebeca Thompson, vocera de la embajada
de los Estados Unidos en el país, que ambos países están
creando lazos que fortalezcan la lucha contra la delincuencia.
“No podemos hacer nada, a no ser que estas personas (con antecedentes)
tengan algún caso con la policía. Los que vienen con antecedentes
se separan de las personas normales, se les toman los datos, huellas,
fotos, todo tipo de documentos, pero se les suelta. Por eso es que se
esta trabajando para que las personas que cometan algún delito
en los Estados Unidos puedan venir a cumplir su condena aquí en
El Salvador, para que no vengan aquí y comiencen a extorsionar,
a asaltar, a violar”, aseguró Álvarez acerca del tema.
A pesar del TPS y de las negociaciones por el TESP, las deportaciones
no se detienen. La semana pasada llegaron dos aviones con 223 deportados.
Una luz al llegar a casa
Ante el alto índice de deportados, el gobierno a través
del Programa Bienvenido a Casa (BaC) y el Programa de Atención
a Inmigrantes Salvadoreños (PAIS) se ha encargado de facilitar
algún tipo de ayuda a todos los repatriados que regresan en condiciones
de vulnerabilidad. El BaC, que comenzó a funcionar en 1999, atendió
a 6,873 personas en 2005.
Hasta septiembre del presente año, habían asistido a 5,918,
deportados de los Estados Unidos.
El programa contempla orientación a la llegada al aeropuerto, albergue
temporal, atención médica —algunos son vacunados dentro
de la misma terminal aérea, emisión de documentación
y apoyo a la reinserción social y educativa. Tanto PAIS, BaC y
la Dirección General de Migración y Extranjería reflejan
que San Salvador (1,271) y San Miguel (1,083) son los departamentos que
más repatriados reciben y son los capitalinos los que más
asistencia solicitan.
Además de los programas anteriores la CEPA (Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma) pretende crear en La Unión una aduana
estadounidense en la que se le daría trabajo a muchos de los salvadoreños
repatriados.

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