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Suenan los sables jurídicos

Antejuicio. Luis Morales Joya prepara ya la defensa del diputado Roberto Silva para el proceso de antejuicio que se hará en la Asamblea. Cree que la Fiscalía “ha manejado de forma mediática la información”. El abogado admite que puede haber irregularidades administrativas, pero que no constituyen delito. Morales Joya responde ante El Diario de Hoy a las acusaciones principales.


Publicada 13 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

El caso. El pecenista Roberto Carlos Silva debe enfrentar un proceso de antejuicio porque la Fiscalía lo acusa. Foto EDH
Alejandra Silva
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Lavado de dinero
La Fiscalía acusa al diputado Roberto Carlos Silva de lavar dinero de obras ficticias en al menos 14 alcaldías del país. La defensa: “Aquí hay una carpeta completa de la construcción del parque municipal del Carmen, contratos, el procedimiento normal de una licitación, fotografías, planos de cada una de las obras que la Fiscalía ha mencionado que no existen: pavimentación de la carretera de Bolívar. Definitivamente no. Las obras existen. Todas y cada una de ellas”.
mantiene

Soborno
Los fiscales acusan al diputado de sobornar a alcaldes para que le entregaran proyectos.
“Hay una cuestión que se debe tomar en cuenta: las decisiones de los proyectos no dependen del alcalde. Hay un Concejo que es el que toma la decisión. Hay una UACI que controla si son fondos Fodes; hay licitaciones públicas en los periódicos y un control permanente de la obra durante todo su desarrollo. Esa afirmación no tiene ningún fundamento”.

Triangulación económica
La Fiscalía lo acusa de sacar dinero proveniente de Provecom hacia terceras y cuartas personas. “Eran socios, era el administrador. Toda sociedad tiene sus socios que son sus componentes, son a quienes les corresponden las ganancias. Han encontrado salidas de dinero para la socia principal”.

Cheque por $11 mil a un alcalde

El Ministerio Público acusa al diputado de entregar un cheque por $11 mil al jefe municipal de Berlín para que le entregara una obra que estaba licitando.

“Aparece en la investigación una copia del cheque. Un cheque a nombre de una persona en particular no significa nada. La Fiscalía no lo ha vinculado con un proyecto en particular. Mínimamente tendrían que hacer un estudio para indicar que ese cheque entró a la cuenta en particular del señor, por ejemplo”.

Licitación irregular

Los investigadores dicen que la empresa Decsa ganó el concurso para construir el mercado de Acajutla y luego le pasó la obra a una empresa del diputado.

“¿Cuál es el problema? La subcontratación es una institución regulada por la cual una empresa que gana una licitación puede subcontratar a otra empresa para que ejecute la obra. Hay un subcontrato y una verificación por parte de la contratante a la alcaldía, eso no es algo ilegal”.

Tráfico de influencias en licitación en La Unión

La Fiscalía dice que la empresa de la que es socio el diputado Silva ganó cuatro licitaciones y no cumplía con los requisitos de la licitación. Le atribuyen a un tráfico de influencias el que las haya ganado y que por ello subcontrataba a otras empresas, porque no tenía la capacidad para llevar adelante las obras.

“No hay porqué afirmar de ilegalidad solo por el hecho de que exista una subcontratación. Hay un planteamiento de parte de ellos que se refiere al artículo 27 (de la ley de licitaciones y contrataciones, Lacap): dicen que la empresa lo incumplió.

Estos son como un banco de contratistas que toda UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) tiene; pero más adelante, en la misma Ley Lacap están las causales de nulidad de los contratos, y en ninguno de ellos se indica que si no se cumplen el contrato es nulo. Hay una interpretación equivocada de la Fiscalía.

“Una cosa es que haya alguna causal de ilicitud de las reglamentadas por la ley, y otra cosa es que la empresa tenga o no la idoneidad suficiente”.

Transacciones abultadas
Los fiscales sospechan que hay lavado porque una de las empresas del diputado movió $2 millones en poco tiempo.

“De lo que la Fiscalía ha investigado hay un monto de obras de $10 millones aproximadamente. ¿Por qué no puede mover $2 millones de esos 10? Con mucha mayor razón si se mira el giro normal de una empresa dedicada a a construcción: reciben anticipos grandes de $130 mil, dependiendo del monto de la obras así van los anticipos. Y tenemos elementos que demuestran la participación de él en distintas licitaciones ganadas y eso implicó un flujo de dinero. ¿Cuál es el problema es ese sentido? El simple hecho de trasladar dineros en sí no es figura de lavado”.

Sin balances de las empresas
La Fiscalía dice que no se presentaron estados financieros de las empresas cuando se licitaba.

“Podrá ser cualquier irregularidad administrativa, pero eso no indica que haya lavado de dinero o delito de cohecho”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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