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| Proyecto Calle que va a la comunidad Buenos Aires,
en San Agustín. Esta obra fue licitada por $110,000 mil y pagada
a Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. a través de un préstamo
realizado por la comuna, poniendo como aval, el 80% del Fodes. Foto
EDH |
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El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
A diez millones de dólares asciende el monto de los proyectos
que 21 alcaldías adjudicaron a empresas ligadas al diputado suplente
del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Roberto Carlos Silva,
acusado de lavado de dinero.
Esas municipalidades, administradas por diferentes partidos políticos,
son investigadas y auditadas por la Fiscalía General de laRepública
y la Corte de Cuentas por supuestas irregularidades en los procesos de
licitación y adjudicación de obras comunales.
Sin embargo, la cantidad de obras no es coherente con las ganancias que
pudo haber obtenido el diputado para adquirir terrenos, residencias, un
rancho en la playa, automóviles de lujo, un yate, ganado y mucho
dinero en cuentas bancarias, según informes del Ministerio Público
y de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Pese a las sospechas, la Fiscalía no investiga al diputado por
narcotráfico, porque no existen, por el momento, suficientes elementos
que lo incriminen.
El reo Manuel de Jesús Ayala Pozo, quien declaró que Silva
intentó entregarle un kilo de cocaína, salió hace
unos meses de prisión y habría violado su libertad condicional
al emigrar hacia Norteamérica, según fuentes cercanas a
la investigación.
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Dio garantías para proyectos
Roberto Silva entregó un cheque de $9,700 al edil de Santa
María, Usulután, para la construcción de un puente. |
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Infraestructura inconclusa
La pavimentación de la calle que da al río del pueblo
estaba valorada en $114,000. La obra nunca se realizó. |
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Completada, pero deteriorada
En menos de tres meses, en la calle que va hacia Santa Catarina Masahuat
se hundió uno de los carriles. |
Inconclusas y dañadas
La empresa propiedad de Silva, Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (Ced),
obtuvo proyectos de construcción y pavimentación de calles,
remodelación de parques, mercados y canchas, y reconstrucción
de puentes y gradas. Muchas de esas obras quedaron defectuosas o no se
realizaron, en el peor de los casos.
Esto último ocurrió en la alcaldía de Alegría,
en Usulután, en donde el ex alcalde Carlos Luna pagó $35
mil por la construcción de la cancha de fútbol en el cantón
El Zapotillo, pocos días antes de entregar su cargo.
“Realizó tres desembolsos a dos empresas a nombre del diputado
Carlos Silva. Los de $20 mil y $5 mil los hizo a nombre de Caminos y Edificaciones
y el de $10 mil fue para T-Constructores y Supervisores”, reveló
el actual alcalde en ese municipio, Wilber Moisés Funes.
Según la licitación, el plan incluía preparar el
terreno, engramar, construir graderías, techarlas y cercar la cancha.
Al final, sólo se realizaron los trabajos de nivelación
del suelo que, por naturaleza, es inestable, según constató
El Diario de Hoy.
El ex edil Luna, que aún vive en Alegría, no se encontraba
en su vivienda cuando se le buscó.
Un caso similar sucedió en Jiquilisco, Usulután, con la
pavimentación de un tramo de la carretera en el desvío a
esa localidad. El costo del proyecto fue $347,288.93
La Corte de Cuentas indicó en un informe (que está en fase
de juicio) que el trabajo es defectuoso, pues, una de las capas tiene
cuatro centímetros de grosor cuando debía tener siete.
Sin embargo, el edil de Jiquilisco, David Barahona, sostuvo que Silva
sólo obtuvo uno de 88 proyectos de la comuna y que lo contrataron
para que recogiera los escombros del municipio, posterior a los terremotos
de 2001.
Otras alcaldías con obras en mal estado son las de Bolívar
y San Alejo, en La Unión; Berlín y San Agustín, en
Usulután; San Jorge, en SanMiguel; Santa Ana, en el departamento
del mismo nombre; y Acajutla, en Sonsonate, entre otras.
Mientras que en las comunas de Moncagua, San Miguel y en Berlín,
Usulután, hay obras pagadas que no existen, de acuerdo con la investigación.
No obstante, hay algunos proyectos que aún se encuentran en buen
estado. Tal es el caso de Ozatlán, en Usulután, donde se
recarpeteó la calle principal del lugar, y la calle pavimentada
de Santa Rita, en San JuanNonualco, en La Paz.
Sobrevalorados
Además de las irregularidades en la licitación o en la realización
de los trabajos, otras obras fueron sobrevaloradas, como algunos en Moncagua,
por más de $400 mil, de acuerdo a los hallazgos divulgados recientemente
por la Corte de Cuentas.
En Santa María, Usulután, el alcalde Nicolás Castellón
aseveró que pagaron $430 mil, mismos que la comuna había
prestado a varias cajas de crédito de SanVicente y Usulután,
por un puente que quedó a medio construir. La Corte ha señalado
que por dicho proyecto se canceló $399 mil, registrando entonces
un sobrevalor de $31 mil.
Mientras que en Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, la irregularidad
fue más notoria. La municipalidad autorizó la construcción
de una calle sin drenaje por $783,500 mil, luego que rechazara el ofrecimiento
del Ministerio de Obras Públicas por $645,967.85, aduciendo tardanza
en la ejecución de la obra.
Edil dispuesto a afrontar justicia
El ex alcalde de Berlín, Ramón Ernesto Palma Alfaro, admite
haber recibido dinero del diputado suplente, Roberto Carlos Silva, y haber
desviado fondos de tres proyectos para pagar deudas de la comuna y sueldos
atrasados de los empleados.
De Silva, Palma habría recibido unos $300,000 en distintos cheques
endosados a su nombre. La Fiscalía supone que recibió dos
cheques, uno por $40,000 en noviembre pasado y otro por $11,000 en febrero
de 2006.
El ex funcionario sostiene que parte del dinero que le dio Silva fue utilizado
durante la campaña política pasada y justificó esta
práctica, al indicar que el dinero era suyo.
Agregó que los proyectos como una cerca perimetral, una morgue
en el cementerio de la ciudad, el empedrado de varias calles y el adoquinado
de una de las entradas al poblado no se ejecutaron, aunque el dinero para
realizarlas fue suministrado por una caja de crédito.
Los proyectos no realizados suman $207,974.30, los que fueron utilizados
para pagar varias facturas de energía eléctrica por valor
de $11,000 cada una, así como para cancelar el alquiler de camiones
para el transporte de tierra y material selecto para la reparación
de caminos cantonales, de acuerdo a Palma.
El dinero también fue utilizado para donar ataúdes a los
más pobres y equipos para bandas de paz a centros escolares de
los cantones.
Palma asegura que se vio obligado a desviar el dinero de los proyectos
en junio de 2005, porque la alcaldía necesitaba dinero. Además,
aceptó un préstamo para la alcaldía de Berlín
por un monto de $168,000, que les sirvió para solventar otras deudas.
En Berlín, las únicas obras realizadas por la empresa de
Silva son el adoquinado de 800 metros lineales de la calle que conduce
a Alegría. Y la introducción del agua potable en los cantones
Las Delicias, Virginia y San Isidro, que benefició unas 475 familias.
Ambas obras fueron ejecutadas en 2005 y costaron casi $2 millones, provenientes
de préstamos de cajas de crédito del municipio.
Los negocios de Silva y los prestanombres
Ysai Loza Aguilar y José Antonio Marroquín González
han sido identificados como dos presuntos prestanombres en las empresas
de Silva, de acuerdo a las averiguaciones de Unidad Financiera de la Fiscalía
General de la República.
Aguilar fungía como Administrador Propietario y Representante legal
de R&N Constructores S.A. de C.V. Mientras que Marroquín como
Administrador Suplente.
Ysai Loza Aguilar también figuraba como representante legal de
T-Construcciones y Supervisiones.
Sin embargo, en los archivos del Centro Nacional de Registros (CNR), consta
que la empresa T-Construcciones y Supervisiones no ha registrado movimientos
desde su formación, pese a que dicha empresa inició operaciones
desde el año 2003 para la alcaldía del municipio de San
Jorge, en San Miguel, como supervisora de varios proyectos de mejoramiento
de varias calles.
El Diario de Hoy ha constatado que al menos un prestanombre vive en la
pobreza en Jiquilisco, en una humilde casa que contrasta con las residencias
y el lujo que ostentaba Silva, “el socio”. Es más,
hoy en día labora como empleado de la alcaldía de esa localidad.
Desde que la policía detuvo a la esposa y suegra de Silva y se
inició el proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa, esas
personas han desaparecido.
Hasta hace algunos días, los familiares no sabían nada de
ellos y temían que fueran detenidos, debido a su involucramiento
en las empresas de Silva.

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