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La destrucción de recursos
Indispensables

En 1981 una ley estatal reservó 125 tierras para su protección. Cien estaban en manos del ISTA. Después de 25 años, debido al lento proceso de transferencia, ni una sóla área ha sido legalizada


Publicada 8 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

De grandes ecosistemas a pequeñas fincas. Infografía EDH

+ Áreas naturales protegidas: Paraísos amenazados
+ La destrucción de recursos Indispensables

Jorge Ávalos
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

En octubre de 2005, Rodrigo Samayoa Valiente, quien entonces trabajaba para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), hacía un recorrido rutinario por el sector norte de La Joya cuando se encontró con personal del ISTA y con un grupo de campesinos.

“Aunque los suelos de esa zona son tipo 6 y 7, es decir no cultivables, el personal identificado del ISTA le recomendó a los campesinos que si querían esas tierras, que le dieran fuego al bosque para que quedara libre”, relata Samayoa.

Antes del final del año, 400 manzanas (mz) de extensión boscosa fueron destruidas por un incendio forestal y ocupadas para cultivos por campesinos.

En otro incidente, un miembro de una cooperativa amenazó con incendiar áreas boscosas del volcán de Conchagua si el MARN ganaba una demanda para sacarlo de ahí.

“Hágalo”, le dijo Ernesto López, director de Patrimonio Natural, “y las once mil personas que viven en los alrededores se van a quedar sin agua. Ellos lo van matar”.

A pesar de que se trata de una reserva forestal, el MARN perdió la demanda y López fue citado ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para ser cuestionado por tratar de expulsar a 11 familias de un terreno estatal.

En circunstancias similares, se han perdido por completo tierras de Talcualhuya (900 mz), en La Libertad, y Pañanalapa (400 mz), en Chalatenango.

Otros procesos han sido más largos y devastadores. Más del 60% del área central del Complejo Taquillo fue parcelado y lotificado por el ISTA reduciendo su extensión a 141.03 hectáreas (ha). Y en los últimos ocho años se han perdido 500 has de manglar en la Barra de Santiago.

Presión destructiva
No hay ejemplo más dramático de lo que puede suceder en un área natural cuando se pierde el control estatal, que lo que ha ocurrido en el bosque de Santa Clara, un parque regional ubicado entre el Aeropuerto Internacional de El Salvador y la costa del océano Pacífico en La Paz.

Litorales. La fotografía demuestra la exhuberante riqueza de un bosque en la costa, pero también, a la derecha, la expansiva destrucción humana. Foto EDH

Una fotografía satelital de 2006 demuestra la destrucción del 80% del área boscosa, ahora utilizada por colonos ilegales para cultivos de bajo rendimiento.

Hasta hace sólo seis años, el bosque de Santa Clara era una de las áreas naturales más prometedoras. Fuertes inversiones del Fondo de Iniciativa para las Américas El Salvador fueron recibidas por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) a finales de la década de 1990 para implementar un proyecto “con énfasis en el modelo sustentable de desarrollo comunitario”.

Los informes recopilados por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y por la Unidad Regional de Asistencia Técnica dan cuenta de un ambicioso plan que pretendía, entre otras cosas, reforestar 10 hectáreas y crear viveros con capacidad para 30,000 plantas.

El objetivo era beneficiar de forma directa a 144 familias, integrando a “800 personas de la población como entes conductores del proceso”, todo en un marco de tiempo demasiado breve.

A lo largo del proyecto, una de las dos cooperativas locales, Santa Clara, permaneció al margen, en la zona de amortiguamiento del bosque. Pero la otra, El Pimental, se ubicó al interior.

Cuando sólo el 17% de los objetivos económicos del proyecto se cumplieron, los colonos recurrieron a la quema del bosque para apropiarse de las tierras y ocuparlas para cultivos.

Datos del Servicio Nacional de Estudios Territoriales y declaraciones del Cuerpo de Bomberos confirman la destrucción reincidente de cientos de manzanas por mano criminal.

Pero la presión destructiva sobre el bosque Santa Clara no vino sólo de abajo. Las alcaldías de Antiguo Cuscatlán, San Luis Talpa, Cuscatancingo y Santiago Texacuangos lo utilizaron por un tiempo como un botadero de basura, sin la aprobación legal de los ministerios de Salud y de Medio Ambiente.

Evasiones legales
El MARN estima que el 90% de las áreas naturales se encuentran en un vacío legal porque no han sido “desafectadas” de las leyes de transformación agraria. En otras palabras, porque el ISTA no ha cumplido las leyes.

Deforestación. La tala indiscriminada está extinguiendo las reservas forestales. Foto EDH

Innumerables procesos legales, decretos, documentos y estudios confirman que esto es verdad. A raíz de una petición del Ministerio de Agricultura (MAG), se aprobó en 1981 el Decreto Ejecutivo 761 que declaró reservas forestales a 125 áreas naturales.

El ISTA no entregó las tierras de inmediato porque demandó que éstas fueran clasificadas.

Ese proceso finalizó en 1988, y el Decreto Legislativo 719 exigió que los “inmuebles que contengan bosques o tierras de vocación forestal” fueran entregados al Estado, “dentro del plazo que vencerá el día 30 de junio de 1997”.

¿Cuántas áreas naturales entregó el ISTA en esos dieciseis años? Una.

En febrero de 2005 se aprobó la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la cual establece que “los inmuebles identificados como potenciales Áreas Naturales Protegidas registradas a favor del ISTA”, quedan incorporadas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas “por constituir patrimonio especial de propiedad estatal”.

La ley es inequívoca, y obliga al ISTA a entregar las tierras al MARN. Pero desde la aprobación de esta Ley sólo una propiedad ha avanzado en el proceso de transferencia, debido a la presión del Banco Mundial, el cual está financiando su restauración y conservación ecológica.

Admitiendo que la vocación forestal de muchos de los terrenos que están en su poder ha sido trastornada y destruida de forma irreversible, el ISTA le solicitó al MARN hacer un nuevo estudio sobre la vocación y delimitación de las tierras. Hasta la fecha, 89 han sido reclasificadas como áreas naturales.

Descontaminación jurídica
Entre 1990 y el 2006, el ISTA ha “transferido” 69 áreas naturales. Pero un estudio llevado a cabo por la agencia On Time entre 2000 y 2003, complementado con un diagnóstico realizado por el MARN en septiembre de 2006, revela que la ley no se ha cumplido del todo.

De las transferencias, sólo 61 cuentan con sus correspondientes actas de entrega. En la documentación de 17 de las áreas se han encontrado serias inconsistencias. Números erróneos de registro y documentos extraviados o repetidos afectan la validación de 7 terrenos. Otras 17 propiedades no han sido entregadas. Faltan datos, sobre todo las mediciones exactas, para el resto de las tierras.

Lo más grave de todo es que en los 25 años desde que, por primera vez, el gobierno le exigió al ISTA que le entregara las tierras de vocación forestal, ni una sola transferencia ha culminado en la declaratoria que legitimaría la propiedad como área natural protegida, porque ninguna ha sido reinscrita por el ISTA en el Centro Nacional de Registros bajo la nueva Ley.

Este limbo legal pone en peligro el trabajo de las organizaciones que, con el creciente apoyo de la cooperación internacional, facilitan inversiones de más de un millón y medio de dólares anuales para desarrollar y proteger esas zonas.

En relación a esto, Zulma de Mendoza, gerente de Áreas Naturales Protegidas para el MARN, expresa: “Hay una gran expectativa de los sectores participando en este esfuerzo, y no podemos desestimar esta ayuda. La única respuesta contundente es que se descontamine el proceso jurídico y se haga efectivo el artículo 60 de la nueva ley”.


Patrimonio natural sin suficientes recursos financieros y humanos

En el país, 29 organizaciones no gubernamentales apoyan al estado en el comanejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La labor de estas organizaciones facilita la obtención del financiamiento que otorga la cooperación internacional, que invierte más de un millón de dólares cada año.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sólo administra directamente el Parque Nacional Montecristo, el cual, junto con algunas otras actividades, genera alrededor de $50,000 anuales. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el gobierno invierte $85,000 anuales para el rubro de Áreas Naturales Protegidas, exclusivamente para los salarios de 10 técnicos y 40 empleados, incluyendo guardarrecursos. Oficiales del MARN aseguran que no tienen financiamiento para vigilar y proteger todas las ANP. Nunca se han aprobado salarios para las personas que deberían cobrar la entrada a los parques nacionales. En desafío a la ley, el MARN permite que lo hagan las organizaciones privadas que los apoyan.

Este año, una donación de $5 millones para definir la extensión exacta de las ANP fue aprobada para el MARN. Pero estos fondos estaban ligados a otro préstamo de $5 millones, parte del proyecto “Chambita Medidor” del Centro Nacional de Registros. Debido a la oposición del FMLN, el 13 de septiembre la Asamblea Legislativa decidió no ratificar el préstamo del Banco Mundial, y las ANP perdieron $10 millones.


La Ley de Áreas Naturales Protegidas de 2005 obliga al ISTA a entregar las reservas forestales al estado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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