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Áreas naturales protegidas
Paraísos amenazados

Desde que se decretó la ley para las zonas de valor ambiental en 2005, ni una sola propiedad ha sido legalizada. Consecuencias: la destrucción de recursos y la pérdida de terrenos estatales


Publicada 8 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Identificadas por el Ministerio del Medio Ambiente, hay un total de 118 áreas, la matoría estatales, otras municipales o privadas, de estas, 29 son administradas por las ONG. Infografía EDH

+ Áreas naturales protegidas: Paraísos amenazados
+ La destrucción de recursos Indispensables

Jorge Ávalos
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Hace un par de años El Salvador tenía áreas naturales pero no tenía leyes que las validaran y garantizaran. Hoy en día, el país tiene esas leyes pero no tiene áreas naturales.

Esa es la situación paradójica, irónica y crítica a la vez, en la que se encuentra la gestión nacional del medio ambiente.

Los efectos de este desequilibrio legal han comenzado a manifestarse, y el signo más claro es la pérdida de propiedades estatales previamente identificadas como áreas de vocación forestal.

Un ejemplo, entre muchos, se hizo evidente en los últimos días, cuando dos hectáreas del Cerro Verde aparecieron delimitadas como una nueva propiedad privada en el catastro del Centro Nacional de Registros (CNR).

El descubrimiento sorprendió a los técnicos de Salvanatura. Hace sólo tres años el área estaba demarcada como propiedad estatal y fuera del límite del terreno del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, de quien dijo haberla adquirido el “nuevo propietario”.

“Nos preocupa que a más de un año y medio después de que se aprobó la Ley, todavía no tengamos una declaratoria y un convenio que nos respalde, aunque estamos invirtiendo recursos propios y del país”, dice Juan Pablo Domínguez, gerente de Áreas Naturales de Salvanatura, la organización que administra en comanejo con el Estado los parques El Imposible y el Complejo Los Volcanes.

Pérdidas
Cuando la Ley de Áreas Naturales Protegidas entró en vigencia en febrero de 2005, se le consideró un triunfo porque, de acuerdo con el Decreto Legislativo 579, el estado reconocía la gravedad de la situación del medio ambiente de El Salvador y creaba medidas para proteger la biodiversidad y los recursos naturales irreemplazables, al mismo tiempo que garantizaba el desarrollo sostenible.

Ecosistemas. Los bosques aportan servicios ambientales: oxígeno, recursos hídricos, fauna y flora. Foto EDH

Lo que nadie se esperaba es que la Ley iba a crear serias ambigüedades sobre la tenencia, además de conflictos entre agencias del estado por los usos de las propiedades designadas como Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La Ley, al incluir dentro de los recursos estatales a los manglares, expandió la cobertura de las ANP de 1.7% a 4.6% de todo el territorio nacional.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) considera que el 5% de todo el territorio nacional debería ser ANP, una meta modesta si se toma en cuenta que el promedio de los países de la región centroamericana oscila entre el 20 y el 25% de sus territorios.

Pero en El Salvador, la pregunta más básica genera respuestas contradictorias: ¿Cuántas áreas protegidas hay?

“Por alguna razón, el número mágico siempre ha sido 125”, afirma Carolina Dreikorn, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Antes de que la Ley se promulgara, la Estrategia de Gestión de Áreas Naturales Protegidas listaba oficialmente 127, pero incluía nueve más por su potencial, para un total de 93,326 hectáreas (ha).

¿Cuántas ANP hay ahora? Depende de a quién se le pregunte, la respuesta será tres, dos o una. O, como asegura Domínguez: “Legalmente, ninguna”.

La Ley hace referencia a las ANP “declaradas y protegidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley”, pero a diferencia de la Ley Forestal que las regulaba antes del 2005, la nueva Ley no extendió la vigencia de los decretos preexistentes; al contrario, los ignoró o los derogó.

En el mejor de los casos, hay que suponer que los dos decretos ejecutivos que declararon parques nacionales a Montecristo y a El Imposible aún se mantienen vigentes.

Pero hay una gran diferencia entre identificar la importancia de un área natural por su potencial para ser “protegida” y que se tengan el decreto que la declara protegida, así como su correspondiente registro de catastro en el CNR.

“Por tratarse de un decreto legislativo, el humedal El Jocotal es la única área natural protegida que tiene el país”, asevera Rodrigo Samayoa, un especialista en áreas naturales.

Leyes a medias
Según Ernesto López, director de Patrimonio Natural del MARN, la condición legal de las tierras no es una gran preocupación porque se trata de propiedades estatales. “Siempre se puede luchar por recuperarlas”, afirma. Pero al preguntársele cuántas áreas naturales identificadas hay, indica que el número se ha reducido a 118.

Montecristo. Declarado parque nacional por decreto ejecutivo, es una de las principales reservas naturales. Foto EDH

¿Cómo se perdieron las otras 18 que contemplaba la Estrategia de Gestión hasta hace dos años? “El ISTA las deshizo”, es su respuesta.

Cien de las propiedades (30,896.7 ha) que fueron identificadas como áreas naturales desde que se aprobó la Ley Forestal de 1972, estaban en manos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 1980.

El artículo 60 de la nueva Ley obliga al ISTA a transferir estas propiedades al estado, pero sólo 69 han sido transferidas. López explica que han rehusado transferir las otras tierras porque aseguran no tener los suficientes recursos.

Según Dimas Vanegas, de la Fundación Promotora de Cooperativas, en La Barranca del Sisimico en La Joya, San Vicente, la zona más rica en fósiles de El Salvador, el ISTA distribuyó y parceló 300 ha, desmembrando el área natural original de 1,003 ha. Fuentes del MARN han confirmado este dato.

La Ley prohibe la apropiación de tierras designadas como ANP, así como la destrucción de los recursos naturales contenidos en ellas. ¿Por qué el CNR las registra a propietarios privados y las incorpora al catastro?

“No deberían”, recalca López. “El CNR tiene la obligación de preguntar por los antecedentes de la propiedad y de verificar su propio catastro”.

Aún más grave, ¿por qué el departamento de evaluación ambiental del MARN aprueba permisos de construcción en áreas naturales?

“Por negligencia del técnico que lo aprueba”, dice López. “A veces dan esos permisos, sobre todo en los manglares. Eso significa que las leyes sólo están funcionando a medias”.


Datos

  • Rango EPI: 73 El Salvador
    • Tiene el puntaje más bajo de América Latina en el Índice 2006 de Desempeño Ambiental (Universidad de Yale).
  • Deforestación: 4.6% La tasa anual
    • De deforestación del país es una de las más altas del mundo, sólo superada en el continente por Haití.
  • Bosques: 2.5% del territorio Nacional
    • Es cubierto por bosques naturales. Otro 9% por cafetales. El resto del país está deforestado.
  • Reservas: 118 Áreas naturales
    • Han sido designadas para protección: 101 son propiedad estatal, siete propiedad municipal y 10 son privadas

Opiniones

“La presión humana sobre el bosque es la mayor amenaza que enfrentamos en San Diego La Barra. La incertidumbre legal agrava el problema. La transferencia de la tierra no se ha hecho”
--Lidia Castillo, Directora Ejecutiva, Ceprode

“La medida del área que nos dio el ISTA sobre el volcán del Chingo en Santa Ana es de 776 hectáreas, pero nos hemos dado cuenta que es mucho más grande. El área no está legalizada”
--Ángela de Madrid, Gerente de Desarrollo Social, Asaprosar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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