Rafael Mendoza López
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La mayoría de bancadas políticas de la Asamblea Legislativa firmó ayer el dictamen para conformar la comisión de antejuicio que dictaminará si se le retira o no el fuero constitucional al diputado suplente del PCN Roberto Carlos Silva, acusado de cohecho y lavado de dinero.
El reglamento interior de la Asamblea indica que dentro de esa comisión habrá un defensor y un fiscal.Por ahora hay varios candidatos para ejercer como acusador. Lo que no se encuentra es quién lo defienda.
Los únicos que no le dan la espalda del todo son sus colegas pecenistas. Es más, el diputado azul Elizardo González Lovo declaró que alguien de su fracción podría defenderlo durante el proceso. También consideró la posibilidad de que puedan ser los abogados que ya siguen el caso.
Para ejercer la nominación de fiscal, los nombres que ya se barajan son el del pedecista Arturo Argumedo, y el de Óscar Kattán, de CD. No obstante, Argumedo aseguró que está dispuesto a presidir la comisión o a fungir como fiscal siempre que esta decisión emane de un acuerdo con todas las bancadas políticas.
Mientras, Kattán no descartó aceptar el nombramiento, pero condicionó esa probabilidad a que no se atribuyan a errores del fiscal si el caso se pierde y el fuero no se le retire al acusado.
“Es una enorme responsabilidad, por el momento tan importante en que se están dando los hechos”, señaló Kattán.
 |
En defensa
Los pecenistas no se atreven a negar o aceptar si van a participar como defensores de Silva en la comisión de antejuicio. Sin embargo, dicen que debe seguirse el proceso. Foto EDH |
El FMLN, por su parte, podría quedarse al margen de esta función, según dijo el vocero y legislador farabundista, Sigfrido Reyes.
Según este, es el partido oficial quien debe asumir ese rol, ya que está más cerca de las funciones del Gobierno.
Mientras, ARENA ya mostró sus intenciones por asumir la presidencia de la comisión, que estaría formada por tres diputados de cada bancada mayoritaria, dos del PCN y habría un espacio para PDC y otro para el CD.
Los areneros Guillermo Ávila Qüehl y Rolando Alvarenga, ambos de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales podrían tomar la presidencia.
La mayoría de fracciones políticas no descartan designar a sus representantes en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para conformar la comisión de antejuicio, que se apresta a ser integrada hoy en la sesión plenaria, mediante un acuerdo con los jefes de fracción.
Según el jefe de la bancada pecenista, Roberto Angulo, será el mismo Silva quien deberá elegir a su defensa, la cual puede ser ajena a la Asamblea Legislativa.
“Creo que esta va a ser una decisión personal, porque se trata de sus intereses; será él (Silva) quien ponga el defensor”, explicó Angulo.
Si el imputado no ejerce él mismo su defensa --lo cual también se le permite-- o rechaza a cualquier defensor, el reglamento interior establece que le será designado uno.
Mientras, el legislador González Lovo, de quien Silva es suplente, aseguró que habrá que respetar el proceso contra su colega.
“El único comentario es que si los partidos lo avalan (la creación de comisión de antejuicio) es la decisión que hay que respetar”, dijo.
Para González Lovo, uno de los que más ha dado la cara por Silva desde el inicio del proceso, no es responsabilidad de su partido intervenir en el antejuicio.
“Lo que nosotros hacemos es respaldar la investigación y respaldar que el debido proceso se cumpla”, advirtió. Angulo dijo que su partido aún no ha definido una postura sobre el caso.
La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa deberá notificar al denunciado y a la parte acusadora, en un plazo de tres días, la decisión de establecer una mesa de antejuicio.
La comisión de antejuicio basará su resultado en todas las pruebas que sean recabadas, en un plazo máximo de 60 días. No obstante, el plazo podría reducirse.
Una vez conformada la comisión, si ésta resuelve que hay formación de causa, y el pleno lo aprueba después, las diligencias se trasladarán a la Cámara Primera de lo Penal.
FGR sigue la pista a prestanombres
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que investiga si Ysai Loza Aguilar es un posible prestanombres en constructoras que ganaron licitaciones irregulares, al igual que las empresas del diputado pecenista Roberto Carlos Silva.
Consta en la base de datos del Centro Nacional de Registros (CNR) que Loza Aguilar es el administrador único y representante legal de R & N Constructores S.A. de C.V., empresa investigada actualmente por la FGR.
Mientras que en T - Construcciones y Supervisiones S.A. de C.V. funge también como representante legal.
Esta empresa está señalada por la Corte de Cuentas como supervisora de los proyectos de mejoramientos de calles y el mercado municipal de San Jorge, San Miguel, junto a Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (Ced).
Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, dijo que Loza Aguilar está en la misma situación que Mariano Martínez, socio del 50% de Ced junto a la esposa de Silva, Nora Emely Parada.
“Puede ser prestanombres o a todo caso su nombre pudo haber sido utilizado sin su consentimiento. Lo vamos a citar para que declare”, dijo.
Por otra parte, el magistrado Marcel Orestes Posada, de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, pedirá hoy en Corte Plena que se analice el caso del diputado Silva a través de la sección de Probidad.
Posada dijo que “aprovechando la coyuntura” replantearía la decisión que se tomó hace varios meses de que el máximo tribunal y no Probidad sea quien autorice romper el secreto bancario para investigar casos de enriquecimiento ilícito.
“Ya debería saberse algo, ni siquiera se sabe cuántos vamos a formar la comisión”
Óscar Kattán
Diputado CD
“Aún no podemos anticipar cuál va a ser la posición del partido”
Roberto Angulo
Diputado PCN
“Los jefes de fracción deberán decidir los miembros de la comisión (de antejuicio)”
Guillermo Ávila Qüehl
Diputado ARENA
“Se da por admitido el requerimiento presentado por el Fiscal General”
Walter Durán
Diputado FMLN

|