| Federico
Hernández Aguilar*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Recientemente sostuve, en el periódico digital “El Faro”,
un interesante intercambio de opiniones con alguien que cree que la equiparación
jurídica de las uniones homosexuales al matrimonio tradicional
tiene fundamento en el ideario liberal. En la respetable opinión
de este intelectual, nadie que se diga a sí mismo simpatizante
del liberalismo puede negar, so pena de incoherencia, el “derecho”
a casarse que tiene una pareja formada por personas del mismo sexo.
El razonamiento contra el que decidí enfrentarme parecía,
en principio, irrefutable: si defendemos la libertad humana con absoluta
convicción, es imposible que nos opongamos a una iniciativa destinada
a dar visibilidad a una minoría. Y si esa minoría ha sido
históricamente despreciada y hasta vilipendiada, ser liberales
nos obligaría a convertirnos casi en activistas de sus causas reivindicativas.
Sin embargo, como me esforcé en hacerle entender a mi colega columnista,
la libertad no es un concepto cerrado. Si buscáramos un consenso
inequívoco sobre lo que podemos hacer como ciudadanos libres, entonces
tarde o temprano estaríamos obligando a alguien a hacer algo que
no quiere hacer. Por muy libertarios que queramos ser, jamás escaparemos
a la necesidad de establecer consensos básicos de convivencia.
La práctica cotidiana de la libertad implica, entre otras cosas,
contrastar todas las formas que existen de asumir la libertad. Y es precisamente
ese abierto contraste el que nos permite tomar decisiones colectivas responsables
y sostenibles en el tiempo. A fin de cuentas, no hay idea, razonamiento
o tradición alguna que pueda permanecer por siglos en un marco
constitucional sin probar su eficacia o, al menos, sus ventajas frente
a otras opciones.
Un notable liberal de nuestros días, John Gray, ha escrito lo siguiente:
“Nin-guna sociedad libre puede sobrevivir por mucho tiempo sin tradiciones
morales y convenciones sociales estables: la alternativa a tales normas
no es la individualidad, sino la coerción y la anomia”.
En otras palabras, cuando alguien simpatiza con el liberalismo como filosofía
básica de su acción política, pero se considera a
sí mismo conservador ante opciones que arriesgan ciertas instituciones
tradicionales (como el matrimonio), en realidad no está siendo
incoherente; antes bien, está siendo muy congruente con una corriente
de pensamiento que la derecha española actual ha llamado “liberalismo
conservador”.
¿Usted es un apasionado de la libertad política y del derecho
que todos tenemos a expresar nuestras opiniones, pero al mismo tiempo
está convencido de que la equiparación legal de las uniones
homosexuales al matrimonio terminaría sometiéndonos a conceptos
de libertad arbitrarios e insostenibles? Entonces usted es un liberal-conservador.
El matrimonio tradicional es una institución social de tan amplia
raíz, que su alteración conceptual, así como la eventual
estructuración jurídica que resultase de esta alteración,
acarrearía consecuencias dignas de muy lógicas inquietudes.
Que estas consecuencias tengan lecturas morales de toda índole
no debería escandalizarnos. Tan intolerante es quien busca imponer
legalmente una convicción religiosa como quien pretende descartar
cualquier tradición o noción de orden en nombre de la libertad.
Ante nuestro intento de elevar al rango constitucional el concepto tradicional
de matrimonio, los liberales conservadores de El Salvador hemos sido acusados
de “fomentar la discriminación” contra los homosexuales.
Este señalamiento es absurdo, muy semejante a sostener que el partido
ARENA fue “impuesto” en el Gobierno, a partir de junio de
2004, a quienes no votaron por él.
Las decisiones colectivas son paradójicas siempre. Las leyes que
se sancionan en la Asamblea Le-gislativa, por ejemplo, nos afectan a todos
para bien o para mal. Habrá quienes resulten muy poco favorecidos
por una determinada normativa que, sin embargo, tal vez resulte muy bondadosa
para otros. El que esta paradoja exista, sin embargo, no puede llevarme
a concluir que lo mejor para todos es que dejemos de respetar las leyes
porque son “antidemocráticas” o “excluyentes”.
Lo mismo ocurre con las tradiciones morales de una sociedad. Defender
el matrimonio como la unión legal entre una mujer y un varón,
así nacidos, no significa que se esté discriminando, y menos
conculcando sus derechos, a una o varias minorías. Más bien
significa que reconocemos la necesidad de mantener legalmente intacto
un concepto que garantiza la vigencia y fortalecimiento de la familia
--institución de cuyos beneficios sociales no hablaré por
ser evidentes--, mientras se discuten las disposiciones que regulen los
beneficios a que tendrían derecho otras opciones de unión
sentimental.
Concluyo diciendo que mi interlocutor de “El Faro” tomó
la deshonesta decisión de irse por la tangente cuando le presenté
estos argumentos. Espero que nuestra Asamblea Legislativa no haga lo mismo.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.

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