Irregularidades
Indagan erogaciones por casi $2 millones

El millonario monto es cuestionado a cinco de 21 alcaldías auditadas por la Corte de Cuentas desde 2003. Solamente en dos de los casos los procesos están en la fase de juicio

Publicada 3 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Ozatlán $1,847,854.60 Calle: $33,039.07 Una parte de la investigación Esta cantidad es la cuestionada en cinco de las 21 alcaldías auditadas por la Corte de Cuentas.

Leer documentos en PDF Auditoría de la Corte de Cuentas

Nota relacionada Prometen no encubrir a nadie sin tapadera.-2006/09/28

Una semana después de que se revelaran las acusaciones contra el diputado suplente del PCN Roberto Silva por lavado de dinero, la Corte de Cuentas informó que detectó irregularidades en licitaciones de 21 alcaldías del oriente y occidente del país en relación con el mismo caso. Sólo en cinco de las comunas el monto cuestionado asciende a un millón 847 mil 854 dólares.

Las cantidades restantes aún no han sido determinadas por el ente contralor porque algunas diligencias de las auditorías no han sido concluidas.

El presidente de la entidad, Hernán Contreras (también del PCN), negó que la tardía presentación de las investigaciones se deba a que Silva esté involucrado en el presunto lavado de dinero. Por el contrario, sostuvo que se desea mostrar en detalle la información sobre las licitaciones de varias comunas.

“Nosotros como Corte de Cuentas tenemos la responsabilidad de auditar. Yo rendí juramento, aquí no valen colores políticos. Hay comunas que estuvieron en manos de diferentes hasta del PCN”, dijo.

La Fiscalía está investigando a 15 alcaldías en relación con el caso Silva; las otras seis son parte de las investigaciones de la Corte de Cuentas.

En el caso de la comuna de Moncagua, San Miguel, el ente señala irregularidades en las licitaciones de dos proyectos: uno en la remodelación de una plaza y el otro en el asfaltado de calles.

Jiquilisco $347,288.93 A Caminos y Edificaciones Según el informe final de la Corte, este fue el monto que pagó la comuna de Jiquilisco.

Uno de los mayores señalamientos en la principal de las obras... es que no existe obra. Sin embargo, los $80 mil del costo del proyecto fueron cancelados a la empresa Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. como constructora, y a Provecom como supervisora. Ambas son del diputado.

A esto se suma un señalamiento más: una sobrevaluación de $406,986.55 del costo original, que es de $921,700.

“Hay supervisión sin evidencia y hay deficiencias en la utilización de un préstamo para el proyecto de la reparación de la calle por más de $100 mil”, señala un documento presentado por la entidad.

En la comuna de San Jorge, San Miguel, las anomalías fueron detectadas en los proyectos de mejoramiento de calles y en el mercado municipal. Se cuestionan los $163,094.79 de la obra.

En Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, son dos obras las que están en la mira: el recarpeteo de la calle principal y la construcción de una cancha de fútbol. Todo por un monto cuestionado de $173,771.42.

Sin embargo en el caso de Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, llamó la atención de la entidad contralora que la comuna hubiera rechazado un convenio de cooperación por parte del Ministerio de ObrasPúblicas por más de $645 mil, y en vez de eso haber adquirido préstamos para contratar la construcción de una calle por $783,500.

Acajutla Mercado # 1 y 2 Auditores de la Corte todavía están haciendo trabajo de campo. Está cuestionada.

Y por otra parte, en San Agustín, Usulután, existen sospechas porque para varios proyectos, que no se precisan, se utilizó el 80% delFondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) comprendido de 2003 a 2006 --$742,369--, y aparte se solicitó un préstamo de más de $246 mil para los mismos proyectos.

Contreras sostiene que, hasta el momento, los cuestionamientos que la Corte realiza son administrativos, aunque podrían ser patrimoniales. Será hasta que cualquiera de las cuatro cámaras emita su fallo cuando se determine si hay “ilícitos penales”.

Si bien las cifras cuestionadas son de cinco alcaldías, el avance de las investigaciones podrían aumentar la lista. Al momento, algunas indagaciones están en trabajo de campo, otras elaboran un informe final y otras apenas se inician. Solo dos casos están en fase de juicio.

Otras seis alcaldías en la mira

La Corte reveló que otras seis comunas están siendo supervisadas por sus técnicos; pero no por la Fiscalía General, por ahora.

La que encabeza la lista es la de Ozatlán, Usulután, donde se cuestiona un recarpeteo de mezcla asfáltica de la calle principal por un costo de $33,039.07.

Le sigue San Antonio del Mosco, San Miguel. Esta municipalidad se audita desde el 1 de enero de 2004 por la construcción de un puente por $375 mil.

Señalamientos Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas, junto a Alfonso Bonilla, Coordinador General de Auditorías.

Después está la construcción de una cancha en Alegría, Usulután, por $35 mil; un proyecto de recarpeteo en Jiquilisco, Usulután, por $128,971.35; la pavimentación de la calle Santa Rita, en San Juan Nonualco, La Paz, por $295,300 y una no especificada en Sonzacate, Sonsonate.

Se consultó al edil de esta última comuna, José Menjívar (ARENA), y dijo que ayer la Fiscalía había confiscado documentos sobre dos licitaciones de proyectos de aguas negras.

El edil expresó que los trámites de la licitación se hicieron de manera legal en el periodo anterior a su gestión.

“Hicimos los procedimientos correctos, si las empresas del diputado estaban metidas en otra cosa no es problema nuestro, no estamos involucrados”, indicó.

Fiscalía, tras la pista de empresas afines a Silva

La Fiscalía General de la República está tras la pista de otras compañías que habrían subcontratado a las dos empresas del diputado suplente del PCN Roberto Silva.

Una de las empresas investigadas es “T Construcciones y Supervisión”, que salió del anonimato ayer en la divulgación de los informes brindados por la Corte de Cuentas.

“Están siendo investigadas más empresas. Se está indagando en el sistema financiero y en las actividades que estas realiza”, aseveró Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía.

Según el funcionario, dichas compañías subcontrataban a Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. y a Provecom, ambas del diputado.

“Si bien la Corte de Cuentas ha señalado irregularidades administrativas en las licitaciones con las comunas, no dice que las empresas son fachada y que no podían cumplir con los contratos porque no tenían la capacidad física para hacerlo”, apuntó.

Según Monroy, claro ejemplo es el de la firma Decsa, que al ganar una licitación en Acajutla, Sonsonate, subcontrató a Caminos y Edificaciones y no informó de este movimiento a la alcaldía con quien firmó el convenio.

“Incumplió primero al no subcontratar con una empresa que cumpliera con los mismos requisitos con los que ellos ganaron la licitación; y segundo que al entregar el proyecto a la empresa de Silva se queda con más de $60 mil y los otros con más de $600 mil”, acotó.

En esta misma línea de investigación se encuentra una persona, residente en Houston, EE.UU. que habría vendido una propiedad a Silva.

“En este momento (ayer tarde), fiscales de la UIF están entrevistando al contador de esta persona porque tenemos información que también pudo haber comprado otras propiedades de Silva”, aseguró Monroy, aunque no quiso dar mayores detalles.

Sobre el informe de la Corte de Cuentas, Monroy asegura que corrobora toda la investigación de la Fiscalía. Es más, dijo que la Unidad de los Intereses del Estado le informó que ha recibido dos denuncias por parte de la entidad contralora que van a ser agregados al proceso.

Se presume que uno de esos informes está relacionado con un presunto intento de soborno a un auditor por parte de una comuna. De acuerdo con los datos preliminares, un miembro del concejo habría ofrecido $10 mil al investigador. Esta denuncia fue puesta el pasado 29 de septiembre en sede fiscal, y aunque las autoridades de la Fiscalía no lo corroboran todavía, el caso podría ser incluido en la investigación.

Hubo pagos exagerados en comunas

Las alcaldías de Jiquilisco, en Usulután, y Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, no fueron transparentes en los procesos de licitación y contratación para proyectos ni pudieron justificar gastos, según las conclusiones de los informes de la Corte de Cuentas.

En tres proyectos realizados en la comuna de Jiquilisco, el concejo local no contrató a las empresas constructoras por licitación o concurso público sino por decisión directa.

Esta alcaldía otorgó un proyecto de reparación del desvío de Jiquilisco a la empresa del diputado Roberto Silva, Caminos y Edificaciones S.A. de CV, por un valor de $347,288,93 sin siquiera realizar un proceso de venta de las bases de licitación. Además, al verificar la obra se descubrió que la capa de asfalto es de cuatro centímetros cuando en la carpeta técnica se había previsto fuera de siete.
El informe indica que hay una diferencia de $128,971.35 que no está justificada en obras.

De igual forma sucedió con el proyectos de construcción de un puente y obras de protección sobre la quebrada La Concordia, valoradas en $294,978.10. De esta cantidad, según el informe, no se utilizaron en la obra $15, 646.78, lo que significa que el proyecto fue sobrevalorado.

En el otro proyecto de construcción del parque Roberto Edmundo Canessa, otorgado a la empresa INGECORP S.A. de C.V., se aprobó la cancelación de $24,101.30 por el incremento del precio del hierro adicionalmente contratado para la ejecución de la obra y $14,251.67 del total ($173, 898) no fueron utilizados.

“Concluimos que la gestión municipal no fue transparente en el uso de los recursos de la municipalidad”, determinaron los auditores.

La municipalidad de Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, según los auditores, decidió, por su parte, otorgar un proyecto de pavimentación de calle desde el desvío de San Antonio delMonte hasta la zona urbana de dicho municipio en cuestión con un valor total de $783, 500.

Según el informe, la comuna prefirió otorgárselo a la empresa del diputado Silva, Caminos y Edificaciones S.A. de C.V., antes que lo ejecutara el Ministerio de Obras Públicas, con quien ya tenían un convenio que, además, incluía drenajes.