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Yamileth Cáceres/J.R.
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES) todavía no había terminado de digerir el impacto de la turbulenta administración del ex presidente Pedro Dalmau y Gorrita cuando comenzaron a gestarse unas supuestas anomalías con los fondos de la asociación, al grado que se presenta hoy como ofendida ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El entonces acusador de ese proceso, Jorge Mariano Pinto, presidente de AMPES de 2001 a 2004, es ahora el señalado. Y cosas de la vida: una parte del dinero que la Fundación Calpiá entregó a la AMPES como donativo, tres millones de dólares, tras un proceso conciliatorio donde hubo litigios civiles y penales contra Dalmau, es el motivo hoy de este litigio.
Un problema que, para añadir más leña al fuego, se origina el 13 de mayo de 2004, justo 17 días antes de que Mariano Pinto llegará a la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Ese día, mediante un contrato de depósito, el entonces presidente de la AMPES, Mariano Pinto, y parte de la junta directiva, acuerdan el traslado de un millón y medio de dólares de esa gremial empresarial a la Fundación Innova, cuyo presidente es, también, Mariano Pinto.
El fin original: dejarlo a resguardo para evitar que se repitiera la historia reciente en la gremial.
El resultado final: blindar un contrato con una serie de cláusulas de modo que, a la fecha, como dice el actual presidente en funciones de la AMPES, Raúl Antonio Alfaro, la gremial “no ha recibido ni un cinco de su dinero”. Además, la fundación, según el contrato, ni siquiera tiene que pedir explicaciones sobre el dinero, a pesar de que representa el 99 por ciento de su caudal de fondos (nació con $1,200).
Contrato
Después de acercamientos entre las partes sin resultados, los actuales directivos de la AMPES han tratado de llegar a un acuerdo para cambiar un contrato que “daña los intereses de la gremial”, entre otros puntos porque pide que al mes que AMPES pague cinco mil dólares por proteger su propio dinero, la gremial entiende que el único camino que les queda es la vía legal.
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La otra denuncia
El directivo de AMPES, MIguel Pinto, hermano del ex director del ISSS, demandó a Portillo, presidente de la entidad por mala administración
Señalamiento
A Maximiliano Portillo se le acusa de alterar las cuentas de la entidad, los precios de los contratos y realizar operaciones contables que perjudican a la AMPES.
Abuso
El documento establece que Portillo también se adueñó de $217, 131 sin autorización de la junta directiva; ese dinero estaba bajo la custodia de Innova.
No justifica
El demandante pide que se cite al señalado para que aclare los hechos, entre ellos, una erogación de 50 mil dólares sin justificación de gasto o inversión. |
En una reunión celebrada ayer por la tarde en la sede la gremial, la mayoría de la actual junta directiva acordó demandar hoy a Jorge Mariano Pinto por los delitos de estafa agravada y administración fraudulenta de los fondos de la entidad empresarial.
“Pinto utiliza un ardid o engaño, no sólo en la asamblea sino en la junta directiva anterior, plantea la idea de crear un organismo para proteger el dinero, pero hoy se quedó con él”, asevera Luis Mario Pérez Bennett, abogado que representa a la AMPES en esta demanda, quien puntualiza que la denuncia “es contra Pinto en su carácter personal, él tiene el control de los fondos, si él no firma no se eroga”.
El calificativo de “agravada” tiene que ver con los vaivenes de una gremial a un paso de la quiebra, la cual ha tenido que despedir personal, está pendiente de cumplir con deudas y que, en la última reunión, incluso se habló de la necesidad de hipotecar el edificio.
Todo eso mientras una parte del dinero devuelto por Calpiá a la AMPES descansa en una fundación, la cual lo tendrá en su poder hasta el 2040, según el contrato de depósito.
El documento, así redactado por Parada Rivera y Asociados, permite que la Fundación Innova, cuya cabeza más visible es el señalado, permite que la gremial pueda utilizar esos fondos, por ejemplo para financiar los proyectos dirigidos a la pequeña y mediana empresa; no obstante, la decisión final recae en la fundación y no en el dueño de ese dinero que es la gremial.
El ex director del ISSS se mostró sorprendido por la reacción de lo que definió como “una parte de la junta directiva”. “Lo que le puedo decir es que estoy sustentando legalmente y la persona que me demanda (Maximiliano Portillo, presidente de la AMPES) por este contrato criminalizado también lo firma él”, aseveró Pinto.
Se hizo eco de una denuncia hace unos días al señor Portillo, donde el hoy demandante es el demandado. “Hay un contrato de certificado de depósito de $217,500 que entraron a la fundación y no lo contabilizamos porque los certificados estaban a nombre de AMPES, quien los cobró fue Portillo”, se defendió Pinto, tras subrayar que “él sustrajo el dinero y jamás ha dado cuentas claras del mismo”.
AMPES puede hacer uso del dinero por medio de proyectos. Mientras Raúl Alfaro, hoy presidente de la gremial, asevera que se han presentado y no ha habido respuesta, Pinto es tajante: “nunca se han presentado ningún proyecto”. También reconoce que la gremial no ha recibido dinero alguno a la fecha.

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