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Fuero
Debaten retiro de privilegio

La discusión ha vuelto a ponerse en el tapete, sobre todo para que la inmunidad no cubra delitos comunes. Constitucionalistas dicen que debe mantenerse la prerrogativa sólo para el mero ejercicio de la función parlamentaria. En Honduras fue abolida incluso para el Presidente de la República.


Publicada 29 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

El detonante. La supuesta participación del diputado Roberto Carlos Silva en lavado de dinero y la imposiblidad de procesarlo por ahora ha puesto el tema en discusión. Foto: EDH
Geraldine Varela/Francisco Mejía
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La presunta participación del diputado pecenista suplente Roberto Carlos Silva en actividades de lavado de dinero ha puesto en discusión la conveniencia de que los funcionarios no cuenten con inmunidad cuando sean acusados de delitos comunes.

“Lo siento, pero en este momento puede irse si quiere... es la ley”, lamentó recientemente el director de la Policía, Rodrigo Ávila, al ser consultado si no impediría una eventual salida del congresista.

La Asamblea Legislativa ni siquiera ha formado la comisión que decidiría si el diputado, acusado de obtener ilícitamente obras en varias alcaldías, debe ser llevado a antejuicio.

“Hace tiempo se hubiera retirado la inmunidad, porque genera contradicción con el artículo 3 de la Constitución en cuanto que la ley tiene que ser aplicada a todos por igual”, sostuvo Carlos Arévalo, diputado salvadoreño al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Advirtió que la inmunidad que concede la investidura como diputado puede ser apetecible para muchas personas que tienen negocios irregulares.

“Una plaza de diputado suplente no es muy bien remunerada, pero goza de inmunidad, se obtiene un pasaporte diplomático y una serie de privilegios atractivos”, indicó.

Para el constitucionalista Enrique Silva advirtió que es necesario diferenciar entre la inmunidad y la inviolabilidad.

La primera categoría hace referencia al fuero que un funcionario tiene ante delitos y faltas civiles. La segunda es la garantía de un legislador de emitir votos y manifestarse libremente en sus funciones sin temor a ser acusado.

Silva aseguró que nunca se ha presentado una reforma de esta naturaleza en el país. “En ninguna de las 13 constituciones que ha tenido El Salvador se ha hecho una enmienda como esta (derogar la inmunidad)”, aseveró.

El constitucionalista cree que la inmunidad no debería abolirse para todos los diputados, pues consideró que no todos se han visto envueltos en delitos. “Son casos excepcionales”, agregó.

Sin embargo, Silva destacó que los legisladores deben apoyar el desafuero de un funcionario, esto si existen méritos para que sea juzgado.

A pesar de que los antejuicios contra diputados son jurisdicción de la misma Asamblea, el abogado y catedrático consideró que es necesario aplicar la justicia.

Por su parte el magistrado Néstor Castaneda, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, apeló a la ética que un funcionario de alto nivel debe mostrar. “Un funcionario debe actuar de acuerdo a la ley, su personalidad debe ser incuestionable”, indicó.

Asimismo dijo que el fuero, como garantía constitucional, es también un privilegio y que de no cuidarse como tal podría llegar un momento en el que se plantee revocarlo.

Al consultar al magistrado si los artículos de la Constitución que amparan la inmunidad de los diputados constituyen una contradicción, Castaneda aseguró que se trata de una prerrogativa y no de una contradicción. “Por su misma investidura (de diputados) se hace una excepción que no es evasión de justicia, sino un periodo de gracia, antes de ser arrestado, para demostrar que hay méritos para atribuirle un delito”, aclaró.

Sin más ni menos. Los diputados opinan que la Carta Magna debe seguir tal como está actualmente. Foto: EDH

El ex magistrado de la Corte Suprema, Mario Solano, indicó que el espíritu del fuero es para proteger a funcionarios de las acusaciones por injuria o infamia de sectores que puedan resentirse con algunas decisiones que tomen.

Agregó que no es conveniente que el proceso de antejuicio sea jurisdicción de la misma Asamblea Legislativa porque se politiza.

“Lo más democrático para el país es que la figura del antejuicio se resuelva en la instancia jurídica, por que es técnico y no político”, explicó Solano.

El diputado Arévalo citó que en el caso de Guatemala no es el Congreso quien realiza un antejuicio por inmunidad a los diputados, como sucede en El Salvador, sino la Corte Suprema de Justicia, para evitar favoritismos.

El ex magistrado indicó que de aprobarse un retiro de fuero, se tendría que reformar la Constitución la actual Legislatura con 43 votos y ser ratificada por una segunda Legislatura con 54 escaños.

Riesgos

Raúl Pineda, diputado hondureño del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), dijo que los salvadoreños no pueden aprobar un retiro de inmunidad radical, como ellos lo hicieron, ya que ocasiona una serie de desventajas a la nación.

El Congreso hondureño aprobó en 2004 retirar la inmunidad constitucional a todos los funcionarios de Estado, incluyendo al Presidente de la República.

Pineda calificó tal decisión como “radical” y que no surtió los efectos que esperaban; por el contrario, indicó que fue nocivo debido a que coartó la libertad de debate en el plenario legislativo.

De hecho sostuvo que fue una medida demagógica durante la coyuntura de una elección presidencial. “Cualquier persona que no esté de acuerdo con algo que diga un diputado puede acusarlo de injuria o difamación y abrirse un proceso en su contra”, agregó el legislador hondureño.

Para el parlamentario, lo más conveniente para los países es crear una Ley General de Inmunidades en la que se exprese claramente los privilegios que tienen los funcionarios públicos y cuando los pueden perder.

“Como estamos ahora cualquier policía puede parar el vehículo de un legislador que es acusado por alguna declaración que ha dicho, le registran el automotor e incluso a él”, añadió.

El diputado reiteró que el retiro de inmunidad debe ser parcial y que los legisladores que se ven involucrados en delitos de narcotráfico, lavado de activos entre otros de tipo penal, deben ser procesados como manda la ley.

Los diputados no quieren despojarse de la inmunidad

Para la mayoría de diputados consultados, de los diferentes partidos políticos, cambiar la Constitución para quitarse la inmunidad o el fuero no es la mejor opción. Así como está, les parece bien.

El legislador arenero Rolando Alvarenga explicó ayer que en la Carta Magna ya se establece en qué casos los funcionarios gozan de esa garantía legal.

Lo mismo opinan sus colegas del partido, Miguel Bolaños y Mauricio Quinteros, quienes agregaron que no es necesario, por ejemplo, ampliar la lista de delitos por los cuales se les podría desaforar.

Para los miembros de la bancada tricolor, la ley abarca todo tipo de ilícitos. En tanto, el efemelenista Ricardo Cruz, dijo que también indica los límites que los funcionarios deben respetar.

Benito Lara, del mismo partido, secunda la idea, y dice que la Constitución no necesita de cambios.

El pecenista Elizardo González añadió que el fuero es una garantía, una prebenda para evitar cualquier persecución política, pero que no se debe abusar de ese privilegio.

También el jefe de la bancada azul, Roberto Angulo, cree que la legislación primaria no requiere enmiendas.

Mientras que Óscar Kattán, del CD, agrega que si se hicieran cambios, harían acusaciones hasta por faltas que no ameritarían un proceso de desafuero.

Sin embargo, el legislador Juan Pablo Durán fue el único que considera que se deben despojar del fuero y conservarlo exclusivamente en el ámbito político.

Enrique Silva
constitucionalista
“Hay que diferenciar entre la inmunidad (por la comisión de faltas civiles) y la inviolabilidad (por el mero ejercicio de la función parlamentaria”
  Carlos Arévalo
diputado del PDC
“Hace mucho tiempo se hubiera retirado la inmunidad a los diputados, porque genera contradicción con el artículo 3 de la Constitución”
     
Raúl Pineda
diputado del Parlacen por Honduras
“Cualquier persona que no esté de acuerdo con algo que diga un diputado, puede acusarlo de injuria o difamación”
  Néstor Castaneda
magistrado de la CSJ
“Por su envestidura se hace una excepción, que no es evasión de justicia sino un período de gracia antes de ser arrestados”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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