Agencias
El
Diario de Hoy
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La magnitud de la corrupción revelada en los meses recientes
en Brasil ha sido considerable.
Casi una tercera parte de los legisladores de la cámara federal
de diputados está sometida a investigación en conexión
con delitos que van desde el desfalco de fondos de salud pública
hasta incluso tener esclavos.
En el estado de Rondonia, todos los diputados estatales menos uno están
involucrados en un fraude en el que se pagaron millones de dólares
en salarios a empleados que no existían.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo
en 2003 prometiendo depurar el sistema, no ha podido evitar acusaciones.
Su gobierno casi se desplomó el año pasado cuando un aliado
suyo de la legislatura reveló una trama de sobornos por votos en
el que figuraban altos funcionarios del gobierno.
Ante esto, Lula da Silva desestimó las acusaciones con una simple
explicación: todo el mundo lo hace.
Esto generó una oleada de protestas e impactaron a los brasileños
quienes habían votado por Lula porque su Partido de los Trabajadores
(PT) tenía la reputación de ser un grupo con ética
administrativa, que evitaba las negociaciones detrás de bastidores,
conocidas en política brasileña.
El periódico O Globo calculó el mes pasado que el lavado
de dinero, el soborno y otros tipos de corrupción le han arrebatado
$5,000 millones a las arcas nacionales desde 2003.
Los periódicos han estado llenos de detalles sobre los escándalos.
Las investigaciones del congreso sobre las acusaciones han dominado la
agenda política.
Típico de este país donde los apodos son muy populares y
al presidente se le conoce simplemente como ‘’Lula’’,
que significa ‘’calamar’’ en portugués,
cada escándalo recibe un sobrenombre poco después que se
revelan las alegaciones.
El mayor de todos, apodado ‘’el plan de los chupasangre’’,
tiene que ver con 72 miembros del congreso que aceptaron sobornos para
comprar ambulancias a precios inflados a nombre de 60 alcaldes, muchos
de los cuales también supuestamente estaban comprados. Tres quintas
partes de los legisladores presuntamente involucrados son aliados del
gobierno de Lula da Silva.
El mes pasado, la policía federal concluyó una investigación
apodada Operación Vampiro, acusando a ciertos funcionarios federales
de salubridad de haber aceptado sobornos para comprar medicinas a precios
excesivos. Los investigadores acusaron a 42 empresarios, cabilderos y
funcionarios de salud, incluyendo al ex ministro de salubridad Humberto
Costa, de fraude y otros delitos.
El escándalo de los sobornos por votos, llamado el mensalao (la
mensualidad) ha tenido el mayor impacto, llevando a la expulsión
de tres diputados federales y a la renuncia de altos funcionarios del
gobierno. El gobierno de Lula da Silva está acusado de pagar a
los legisladores hasta $18,500 mensuales por apoyo político y por
mantener cuentas bancarias secretas.
El último estalló el 15 de septiembre cuando la policía
detuvo a miembros del PT en un hotel de Sao Paulo con $770,000 que serían
usados para comprar informes contra José Serra, candidato socialdemócrata
a la gobernación del estado de Sao Paulo.
El caso llegó al coordinador de la campaña de Lula, Ricardo
Berzoini, quien fue sustituido por el mandatario. La policía aún
no revela la procedencia de los fondos.
Explicar de dónde viene tanta corrupción se ha vuelto un
debate. Miembros del PT han dicho que los problemas han salido a la luz
sólo porque Lula da Silva dejó que los investigadores federales
hicieran su trabajo, aunque lo perjudicara a él y a sus amigos.
Otros analistas difieren. “Es bueno comenzar a pensar en una segunda
vuelta, esta semana será de desespero para Lula... porque ya es
difícil sustentar la teoría que no sabía nada’’,
dijo José Alves Donizeth, profesor de ciencias políticas
de la Universidad de Brasilia. <agencias>
Los más reciente
Ayer, la Fiscalía del Distrito Federal de Brasilia acusó
formalmente de corrupción al ex ministro de Salud Humberto Costa,
quien fue titular de esa cartera en el gobierno de Lula y ahora es candidato
a gobernador.
El nombre de Costa figura en la denuncia, presentada ante la Justicia,
junto al de Delubio Soares, ex tesorero del PT y expulsado de esa formación
por su participación en el pago de sobornos a legisladores, el
año pasado.
Costa es el tercer miembro del gabinete de Lula que acaba acusado de corrupción
tras salir del gobierno. Hace unos meses, fue a parar a tribunales el
ex ministro de la Presidencia José Dirceu, acusado de haber dirigido
la red de sobornos parlamentarios supuestamente tejida por el PT.
Antonio Palocci, ex “timonel” de la economía, renunció
a Hacienda por acusaciones de corrupción y abuso de poder que lo
llevaron ante la Justicia.

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