Los secretos de La Espiga

A tres bandas. El cierre del primer botadero por orden judicial abrió las puertas a una historia en donde la CEPA, una de las ofendidas en el proceso, tiraba la basura ahí, gracias al acuerdo no escrito con la Alcaldía de Cuscatancingo • El 15% de ese pago iba a una cuenta que, según el alcalde actual, no aparece; la Corte de Cuentas tiene la última palabra

Publicada 25 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Hacer "clic" para ampliar. Infografia: EDH

Hasta enero de 2006, el botadero de La Espiga era sólo uno más de los 147 basureros a cielo abierto en la lista del Ministerio de Medio Ambiente. De un día para otro, los juzgados de Paz y de Instrucción de San Luis Talpa, en La Paz, ordenaron su cierre, convirtiéndolo así en el primer basurero clausurado por una orden judicial en el país.

El calificativo de “Sitio de Proyecto Relleno Sanitario”, otorgado por el citado ministerio como parte de un proceso para cumplir con la ley, sirvió de poco. Las recomendaciones que la Dirección de Gestión Ambiental le dio para superar deficiencias, como la falta de un sistema para tratar los lixiviados (agua contaminada que se genera por la basura) y seguir con el trámite del permiso ambiental cayeron en saco roto.

En el banquillo de los ofendidos se sentaron, entre otros, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la Autoridad de Aviación Civil (AAC). Entre los argumentos que los fiscales utilizaron para convencer al juez del cierre de La Espiga estaba su ubicación, dentro del radio de las cinco millas náuticas (una milla es 1.85 kilómetros) de la pista de aterrizaje de los aeropuertos. Al respecto, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Aviación Civil es claro y, ya en 2002, los técnicos de AAC determinaron, con exactitud, que el botadero estaba a 3,75 millas al norte del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Es decir, dentro del espacio y, por lo tanto, ilegal a la luz de esa ley al considerarse un peligro por la proximidad de las aves de carroña de la zona de maniobras de los aviones.

Otro de los cuestionamientos es más discutible y salpica a los ofendidos. Se refiere a la contaminación ambiental derivada del propio botadero, ubicado en la Lotificación Miraflores, de San Luis Talpa, La Paz. Si bien es cierto que la AAC nunca presentó una demanda a La Espiga por contaminación, desde el primer día y casi hasta el final del botadero, instituciones como CEPA, operadora de la primera, depositó sus desechos allí. La misma entidad que cuestionaba la ubicación “ilegal” del botadero contribuía con sus desechos a la contaminación ambiental, otra de las razones esgrimidas para el cierre final del mismo.

El ex administrador de La Espiga, Héctor Hernández Turcios, habla de “fraude procesal”, en ese estira y encoge por cerrar el vertedero. “Cuando uno altera la condición con que actúa, porque ellos habían participado en el hecho (Cepa y Aviación Civil) e incriminan a otro para no incriminarse ellos, eso es un fraude procesal de la Fiscalía, del querellante y de CEPA”, cuestiona Turcios.

A pesar de tener el botadero a las puertas del aeropuerto, CEPA se cuidó de levantar cualquier sospecha que lo relacionara con La Espiga, antes conocido como la lotificación “La Chuca”. Para ello entró en escena un nuevo actor: la alcaldía de Cuscatancingo, entonces en manos de ARENA. Esa “triangulación comercial”, como define Hernández Turcios a la relación CEPA-Cuscatancingo-La Espiga, funcionó durante cinco años. En ella entraban, además, otras empresas privadas que tiraban los desperdicios en el botadero clausurado y le pagaban a “Cusca”.

El propio director de Aviación Civil, René Rodríguez, reconoció, en una entrevista a principios de agosto, que se había enterado hace unos días de que CEPA botaba sus desechos en ese lugar.

“Es una decisión administrativa de CEPA donde van a botar los desperdicios, es muy probable que CEPAno haya sabido si (el botadero) estaba dentro o fuera...”, apunta Rodríguez, quien aclara que el violador de la ley “no son los que botan, sino el que tenía el basurero”.

En 2002, dos años después de que entrara en vigencia la Ley de Aviación Civil, sin embargo, AAC, en un escrito, alerta al entonces alcalde de Cuscatancingo, Mauricio Aguilar, de que la ubicación de La Espiga violaba la mencionada legislación. La carta se envió a esta municipalidad porque la AAC consideraba que ésta era la dueña del basurero.

En un principio, el asesor legal, Héctor Tijiboy, y el gerente general, Carlos Molina, ambos de CEPA, negaron que se hiciese uso del botadero; un día después, la jefe de la UACI, Frida deBoscaíno, confirmó la disposición final de desechos en ese lugar. “Desde octubre de 2000 empieza la relación con la alcaldía, el servicio sólo era para depositar, quien lo llevaba era CEPA con su propio transporte”, aseguró Molina. Con este argumento justifica que el tratamiento de la basura no pasara a proceso de licitación.

Rodrigo Méndez, propietario de la Sociedad La Espiga, explicó que la alcaldía era un intermediario y que le hacían un descuento por los clientes que ellos llevaran a depositar. “Se manejaba el 15 por ciento en el caso de algunos clientes, como lo fue CEPA”, aseveró Méndez.

El dueño del terreno razona que la cercanía de la municipalidad con las empresas motivó ese pacto no escrito. “Nosotros no hicimos ningún trato directo de cobro, más que la factura que se emite a nombre de los intermediarios, allí aparecen todos los clientes”.

En 2000, la alcaldía se convirtió en el primer cliente formal que la Sociedad La Espiga tuvo a raíz de que el botadero de Mariona, adonde arrojaba la basura, fuese clausurado en ese entonces. Le acompañaron CEPA y otras alcaldías como Panchimalco y empresas, quienes hacían uso de esa “triangulación” y le cancelaban a “Cusca”. El dinero era transferido a la empresa y una parte, el 15 % de lo cancelado, pasaba a las arcas municipales cada mes.

Para el ex alcalde Mauricio Aguilar, la relación que existía entre la Sociedad La Espiga y su comuna era algo “normal y legal”, pues era un acuerdo de su concejo municipal. El dinero que obtenía iba a una cuenta especial y se invertía en obras municipales. Todo ello a pesar de que entre las instituciones señaladas no existiese relación contractual alguna.

El actual edil de Cuscatancingo, Jaime Recinos, difiere de lo anterior. Según dijo, aún busca la cuenta especial y los recibos que amparan los pagos que CEPA le hacía a la alcaldía, ya que están siendo auditados por la Corte de Cuentas.

Cerrado el botadero hubo que buscar alternativas. Desde agosto, la recolección, transporte y disposición final de cinco toneladas diarias de basura y 50 libras de desechos, impregnados con hidrocarburos que produce el aeropuerto, está a cargo de Corporación HR por más de $20 mil. La jefe de la UACI dijo que su contrato finaliza en diciembre.

Inicio de triangulación:

• El vínculo entre CEPA y otras empresas y Cuscatancingo se fraguó hace casi seis años:
  • Mayo de 2000:
    CEPA le envió una carta al secretario general en funciones de la Alcaldía de Cuscatancingo, pidiéndole información sobre los horarios de atención y precios que brindaba La Espiga.
  • Noviembre de 2000:
    Cuscatancingo le extendió los primeros recibos a CEPA por 10,680 colones, es decir, $1,220.57, por la “utilización del relleno”. En ellos se detallaba la ubicación del botadero.
  • Julio de 2002:
    Todo indicaba que la AAC no sabía el rumbo de los desechos de CEPA cuando le pide a Cuscatancingo la reubicación del botadero porque violaba la Ley de Aviación Civil.
  • Enero de 2005:
    La AAC deja pasar tres años más para pedirle a Medio Ambiente el cierre de La Espiga. El ministro Hugo Barrera, sin embargo, tampoco respondió a la carta.
  • Junio de 2005:
    CEPA pidió a Medio Ambiente el cierre de La Espiga, justo cuando prepara las bases de licitación para el servicio de recolección, transporte y tratamiento de sus desechos.

Autoridad de aviación civil: “El que viola la ley es el botadero”

Director. René Rodríguez, de AAC. Foto: EDH

René Rodríguez, director de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), asegura desconocer cómo se dio la triangulación comercial entre la Alcaldía de Cuscatancingo y CEPA, porque, según dice, es un trámite “bien administrativo”, de esta institución aunque afirma que el funcionamiento de CEPA está supeditada a la autoridad que él dirige.

Pese a ello se desliga de toda responsabilidad que CEPA haya tenido con La Espiga, a pesar de que ésta es una operadora de la AAC.

“Ahora usted me pregunta sobre si CEPA botaba basura allí... (en La Espiga), nosotros como autoridad de Aviación Civil, no entramos en quiénes botan en un basurero específico, lo que vemos es quién viola la ley que es el basurero en sí, no los que botan allí”, explicó Rodríguez. Añadió que la AAC solicitó el cierre de La Espiga a Medio Ambiente el 7 de enero de 2005, pero no obtuvo respuesta alguna.

Alcaldía de cuscatancingo: “La CEPA nos pagaba $1,500 al mes”

Ex alcalde. Mauricio Aguilar. Foto: EDH

Mauricio Aguilar nunca quiso hablar del tema cuando fungió como alcalde de Cuscatancingo. “Es que ya me han hecho mucho daño”, respondía con insistencia a los cuestionamientos sobre cuál era su relación con La Espiga.

Ya liberado de su cargo, aceptó que bajo su administración, CEPA le pagaba a esta municipalidad cerca de $1,500 mensuales por el derecho de ir a botar su basura a La Espiga.

A cambio, la alcaldía se quedaba con un 15% mensual del total recibido de CEPA, en concepto de “bonificación”. El resto era enviado a La Espiga. Según dijo, el dinero se remesaba a una cuenta especial y se invertía en obras para el municipio. El edil afirma que la transacción se hizo a petición de los propietarios del basurero y que duró dos años (de 2002 a 2004). Sin embargo, documentos en propiedad de El Diario de Hoy demuestran que CEPA les venía pagando esa cantidad desde 2000.

Claros y oscuros tras el cierre del botadero:

• CEPA no puso demanda legal.
  • “Únicamente lo que se ha hecho fue comunicar a Medio Ambiente que La Espiga se encontraba dentro del radio de prohibición".
    › Héctor Tijiboy, Asesor Legal de CEPA.
• La Espiga, en cierre técnico.
  • “Se tiene que hacer una labor de cierre técnico, eso es lo que se está planeando ahorita. Todavía no se ha hecho, en eso estamos”.
    › Hugo Barrer, Ministro de Medio Ambiente.
• CEPA no licitaba la prestación.
  • “El servicio sólo era permiso para depositar, no facultaba en la recolección, quien trasladaba la basura a La Espiga era CEPA”
    › Carlos Molina, Gerente General de CEPA.

Se atrasa el otro cierre del botadero

Como antes. La basura acumulada se mantiene en el basurero sin control. Foto: EDH

De 20 a 25 años tarda en sanearse el suelo de un terreno que ha sido utilizado como basurero después de haber sido clausurado, explicó Mercedes Herrera, técnica del proyecto de Descontaminación de Áreas Críticas de Medio Ambiente.

Según dijo, lo ideal es iniciar el cierre técnico (descontaminación del lugar) antes del invierno. Al respecto, Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente, expresó que “se está trabajando en eso”. Sin embargo, desde que La Espiga fue cerrado obedeciendo una orden judicial el 31 de enero de este año, dicho proceso ni siquiera ha iniciado.

A la fecha, y pese a que está clausurado, del lugar se desprenden malos olores, producto de la basura que aún se encuentra regada en el sitio.

Herrera dijo que el cierre técnico consiste en hacer una cobertura final de tierra en el terreno para evitar que la lluvia esté en contacto con la basura, la verificación de chimeneas y los drenajes perimetrales, entre otros aspectos. Añadió que estas medidas son de “cumplimiento obligatorio” y responsabilidad de Medio Ambiente verificar que se realicen.