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Fiscalía investiga a ex juez que liberó a secuestradores

Autoridades tienen la versión de una persona que afirma que Escobar fue sobornado con dinero producto del plagio de un granjero. El confidente no menciona qué cantidad entregaron a Escobar. De confirmarse ese hecho, podría haber cometido prevaricato o cohecho.


Publicada 22 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Perfil

Carlos Humberto Escobar inició su profesión de abogado como asesor jurídico de la desaparecida Policía Nacional.

En esa entidad se metió en polémica al defender al teniente de la misma Policía Nacional, Rafael Coreas Orellana, acusado de participar en el asalto a una sucursal bancaria, sucedido en 1994.

Eee mismo año fue desmovilizado de la institución, donde trabajó por lapso de once años. Varios de esos años se los pasó como investigador.

Según su propia versión, tabajó varios años en la Oficina de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos. Fue en esa sede diplomática donde, según él, trabajó muy de cerca al FBI, lo cual le valió para ser incluido en varios cursos de investigación.

Tras ser desmovilizado, se dedicó a litigar, y en el 2000 fue nombrado como juez de paz suplente, hasta que fue separado en junio de este año.

El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Las principales gremiales de sectores productivos del país formularon un vehemente llamado a los presidentes de los tres poderes del Estado a convocar un diálogo nacional para frenar la escalada de violencia, homicidios y extorsiones.

“Estamos altamente preocupados por contribuir al fortalecimiento de las instituciones..., sin embargo, vemos cómo problemas como la delincuencia, las drogas, las maras, la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana desbordan las posibilidades que las instituciones tienen de enfrentarlos”, declaró el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Napoleón Guerrero.

El dirigente gremial apeló directamente de esta manera, anoche, ante la Presidenta de la República en funciones, Ana Vilma de Escobar, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, durante el acto de entrega de reconocimiento al máximo tribunal por recibir la certificación ISO 9001:2000.

“Frente a esta realidad es hoy más importante que nunca unir fuerzas entre todas las instituciones democráticas, representadas principalmente en los tres órganos del Estado, para que puedan, en un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país, convocar a un gran diálogo nacional que unifique criterios para enfrentar esta situación”, afirmó Guerrero.

El líder destacó los esfuerzos para capturar y procesar delincuentes, pero lamentó que “también vemos situaciones irregulares como policías supervisando policías, y jueces revirtiendo fallos de colegas... la contribución ciudadana en la denuncia de los hechos no se optimiza porque no hay una protección adecuada de los testigos”, enfatizó.

“Los procedimientos para investigar se dificultan porque no queremos permitir las escuchas telefónicas de potenciales infractores”, reclamó.

“Por ello me permito sugerir respetuosamente a los señores presidentes de los tres órganos del Estado pueda convocarse a una reunión y discutir conjuntamente puntos comunes que nos lleven a una estrategia de país”, enfatizó.

Dirigiéndose a la Presidenta en funciones, Guerrero destacó la labor que ella realiza para promover al país en el exterior, pero le recordó que “también nos consta que más de uno de estos inversionistas han postergado su decisión después de un evento de crimen organizado”.

Afirmó que esta propuesta refleja el deseo de empresarios y trabajadores que día a día expresan su preocupación por la fuerza y las proporciones que está tomando el crimen organizado.

Al presidente de la Corte le dijo que para que se genere confianza y un clima óptimo para la inversión debe haber certidumbre jurídica.

Agregó que las leyes deben estar acordes a la realidad nacional y que no se debe vacilar si es necesario revisarlas o cambiarlas.

Finalmente les recordó que tienen una “tarea pendiente y urgente”. Mientras tanto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se pronunció en el mismo sentido y llamó a un esfuerzo coordinado de los tres poderes.

Asimismo, pidió mayor despliegue de la Policía y Grupos de Tarea Conjunta (policías y militares), así como que la población y el sector productivo apoyen los esfuerzos. Asimismo urgió que se gestione un tratado de cumplimiento de penas con Estados Unidos para encerrar a los criminales que sean deportados desde allá.

“No podrán acusarme de corrupción”

n Carlos Escobar considera como beneficioso para él que la Fiscalía lo investigue pues está seguro de que de corrupción no lo podrán acusar.

El abogado se considera limpio y asegura que el análisis del fallo que emitió liberando de cargos a cinco presuntos secuestradores bastará para que las autoridades se den cuenta que actuó apegado a la ley.

“La Fiscalía tiene la resolucion con la que puse en libertad a las cinco personas porque no lograron individualizar (la función de cada uno en el secuestro). Hubo tres personas a las que, por lo menos, mínimamente individualizó la Fiscalía y quedaron detenidas”, explicó ayer el abogado.

Escobar no tiene calidad de imputado y asegura que la Fiscalía aún no le ha hecho ninguna notificación sobre la investigación, lo cual tendrá que hacerle cuando ya tengan los suficientes elementos para una acusación formal.

“En algún momento tienen que enviarme convocatoria para que nombre defensor”, explicó el abogado, agregando que la Corte Suprema no encontró problemas en la resolución y que lo habían separado del cargo porque por el hecho de ser litigante defensor, no convenía como juez de paz suplente.

Sobre la averiguación que la Fiscalía hace para determinar si recibió soborno por liberar a cinco imputados, Escobar dijo que era algo totalmente falso, y que lo que se buscaba era dañarlo profesionalmente.


Diez jueces investigados por Fiscalía

Liberados. Algunos de los imputados del secuestro de Arnoldo R., liberados por Escobar.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulices del Dios Guzmán, dijo ayer que ese órgano de Estado nada tiene que ver en la investigación que la Fiscalía estaría haciendo contra el ex juez Carlos Escobar.

“Nosotros investigamos infracciones a la carrera judicial, infracciones administrativas, pero si ya hay infracciones de tipo penal, ahí ya no tenemos nada que ver”, sostuvo el magistrado.

Según Guzmán, como Escobar ya no es juez suplente, la Fiscalía puede libremente hacer las investigaciones que considere si tiene indicios suficientes de delito. “En este caso la Fiscalía no tiene necesidad de solicitar antejuicio a laCorte”, dijo.

Mientras tanto, David Cabezas, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) dijo que nada tenían que ver con las indagaciones que la Fiscalía hiciera contra el ex juez suplente.

“Allí nada tiene que ver la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Judicatura. Es un rol que le corresponde a laFiscalía”, aseveró Cabezas.

Recién, el CNJ presentó un informe en el que desaprobaba la labor de 27 juzgadores, de diversas instancias, de todo el país.

Contra los 27 letrados, el CNJ aseguró, hace varias semanas, que pediría a la Corte Suprema que les abriera expedientes disciplinarios por cometer supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones antes del 2005. El CNJ no quiso revelar los nombres de los jueces mal evaluados.

Más funcionarios

Hace varias semanas, el Fiscal General, Félix Garrid Safie, informó que habían abierto investigaciones contra diez jueces de la República, luego de recibir similar cantidad de expedientes de parte de la CSJ.

Según Safie, los expedientes enviados a su sede correspondían a los jueces contra quienes la Corte había tomado la “decisión de suspensión de carácter administrativo”.

El titular de la Fiscalía señaló que en el transcurso de las investigaciones debían pedir certificaciones, documentar pruebas, identidades, por lo que consideraba que era un trabajo muy complejo.

Es por ello que todos esos casos han sido asignados a la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos, uno de cuyos fiscales sostuvo que comprobar casos de sobornos a jueces era más difícil que investigar delitos de índole sexual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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