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Asamblea aprueba ley especial antiterrorista
Rigor.
ARENA, PDC y PCN unieron sus votos para aprobarla. El FMLNadujo que la
norma será represión. Las penas alcanzan hasta los 65 años
de cárcel.
Publicada 22 de septiembre de 2006 , El
Diario de Hoy
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| Extenso. El debate se extendió durante
varias horas ayer en el pleno legislativo. Foto
EDH |
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Con 50 votos de ARENA, PCN y PDC, los diputados a la Asamblea Legislativa
aprobaron anoche la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
Luego de horas de debate, los legisladores lograron la aprobación
de la norma que, entre otras sanciones, eleva las penas hasta 65 años
de cárcel.
La legislación también incluye agravantes especiales que
aumentan las sanciones “hasta tres cuartos de la máxima”.
En el caso de asesinato y lesión de rehenes cuando son menores,
discapacitados y personas mayores, la pena es de 80 años, aproximadamente.
Para atentados contra dignatarios y sus familiares se establece prisión
por 60 años.
El FMLN, reiteró su postura respecto a la ley, a la que considera
“represiva”. “Lo que se va a aprobar es una ley terrorista
de Estado. Esta ley legitima la represión contra nuestro pueblo”,
sostuvo el farabundista Carlos Castaneda.
Para la bancada roja, bastan los argumentos de los especialistas que visitaron
la comisión ad hoc que analizó el proyecto.
“Esta ley es violatoria de los derechos humanos, no lo digo yo sino
los constitucionalistas que nos lo advirtieron en la comisión”,
dijo el efemelenista Walter Durán.
Mientras, el jefe de fracción tricolor Guillermo Gallegos restó
importancia a las quejas rojas. “Después de la discusión,
los que van a salir perdiendo son los que han estado al lado del terrorismo”,
aseguró, en referencia al FMLN.
De acuerdo con el tricolor Guillermo Ávila Qüehl, la ley no
va destinada a “simples protestas de inconformidad”, sino
a actos que causen temor y atenten contraen la población.
“No necesitamos inventarnos qué es terrorismo”, acotó
el legislador. El nuevo instrumento permitirá prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los delitos que provoquen terror, para realizados
en forma total o parcial en el territorio, y a personas que dentro o fuera
del país afecten al Estado, a salvadoreños o a bienes jurídicos
protegidos internacionalmente.

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