Ex titular de la Anda apela ante la Corte

Petición. Manuel Arrieta y otros ex funcionarios sostienen no tener responsabilidad en el caso de la construcción de 85 pozos.

Publicada 22 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Polémica. Según la sentencia del ente contralor, la Andapagó más por la construcción de menor número de pozos. Foto: EDH

El ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Manuel Arrieta, apeló ayer ante la Corte de Cuentas por la decisión de sancionarlo por obras contratadas durante la presidencia de Carlos Perla.

El ente contralor condenó a Arrieta y a otros funcionarios y ex-funcionarios, entre ellos Perla, a pagar diversas multas que sobrepasan los dos millones y medio de dólares por irregularidades en la construcción y rehabilitación de 85 pozos.

Además de cancelar la multa en conjunto, Arrieta fue condenado a pagar una multa por responsabilidad administrativa de $1,142.85

“He apelado porque no se han considerado mis argumentos, no se vio todo el caso ni toda la documentación que presentamos. Entiendo que otros también lo hicieron”, afirmó ayer el ex funcionario.

La Corte de Cuentas manifestó en sus argumentos que si bien Arrieta como la Gerente General, Frenee Violeta de Zaldaña, presentaron documentación en la que se constataba que el proyecto no inició durante su gestión, tuvieron que haber supervisado las obras antes de pagar a la empresa Drillsmasters S.A. de C.V., la mayor cantidad del valor del proyecto.

Además de eso, el contrato establecía que la supervisión le competía exclusivamente a la gerencia de proyectos y obras y a la supervisora de proyectos, explicó Arrieta.

La funcionaria, quien también apeló la decisión, coincide con Arrieta en que ambos están exentos de responsabilidad porque su incorporación a la institución fue posterior a las modificaciones hechas al contrato en la que establece la construcción de sólo 52 pozos, pero por el mismo monto de $7 millones.

Arrieta apuntó además que el contrato estipula una cláusula inusual en los contratos de gobierno y, al suspenderlo, debía pagar una multa de $10 millones.