Merino irá a juicio

Dudoso proceso. Para la Fiscalía, el relleno de Sonsonate contamina el agua de la zona; el administrador lo niega y se apoya en los análisis de Fusades.

Publicada 20 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Sonsonate. El acceso al relleno fue bloquedado en varias ocasiones por los mismos pobladores apoyados por una ONG.

Los rellenos sanitarios y proyectos de relleno legales en el país se cuentan con los dedos de una mano.

El más conocido, ubicado en Nejapa y administrado por la empresa mixta Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides), es el centro de una guerra interna donde las principales alcaldías del FMLN, los principales socios, no pueden tirar la basura del gran San Salvador por supuestas deudas.

El otro, la opción legal más cercana físicamente, el proyecto de relleno de Sonsonate, puede dejar de serlo si prosperan las acusaciones de la Fiscalía en contra de la Sociedad Coordinadora y Asesora de Proyectos S.A. de C.V. (Capsa), administrada por Sigfredo Merino, hermano del dirigente del FMLN.

Hablar del negocio de la basura es entrar a un terreno oscuro y, a veces, de decisiones polémicas. De todo un poco tiene este proceso, como meses atrás también lo tuvo el cierre técnico del botadero La Espiga, en La Paz, el primero en cerrarse por una decisión judicial.

“Qué más quieren, si según Fusades no hay contaminación. Al final de su informe dice que el agua califica como agua potable”, afirma Merino, envuelto hace más de un año en una batalla que llega a su final. En medio, un proceso legal en su contra por el delito de “contaminación ambiental agravada” y la apertura a juicio, decretada el lunes 18.

Los aspectos controversiales giran en torno a resultados de las pruebas de agua, tomadas en la zona. Según Luis Mateo Marroquín, jefe de la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía Regional de Occidente, en el proceso se han presentado cuatro análisis bacteriológicos y físico-químicos de diferentes laboratorios.

Uno, el presentado por los ofendidos, los representantes de las comunidades aledañas al relleno y la Fundación para la Recuperación Económica y Social de Áreas Rurales de El Salvador (Fresares). Una ONG que, según enfatizó su secretario, Felipe García Renderos, está inactiva hace algún tiempo.

Dos más, uno de la Universidad de El Salvador y otro de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA). Se completa con otro de Fusades. “De lo poco que entendemos, en tres de ellos hay indicios de algunos metales, en el de la UES, la UTLA y también en una mínima cantidad en el de Fusades”, acotó Marroquín. Añadió que el proceso ha pasado a vista pública, es decir, donde desfilarán las pruebas testimoniales y documentales que serán evaluadas por tres jueces en el Juzgado de Sentencia de Sonsonate, a más tardar en tres meses.

Según Merino, en la audiencia inicial realizada el lunes, los fiscales no presentaron el informe del Ministerio de Salud Pública, requerido por el juez para demostrar que el relleno está causando una epidemia en la zona, argumento que, según Merino, ha sido utilizado en su contra por los fiscales del caso en su contra.

El abogado defensor de Merino, Luis Mario Pérez Bennet, dijo que los peritos que analizarán las pruebas técnicas del caso en la vista pública, nombrados por los fiscales, no están acreditados en los tribunales.

Más le asombra que el juez Ricardo Alfonso Aguilar Magaña, después de haber admitido que el examen de Fusades le favorece a la defensa, y que él “podría definitivamente sobreseer”, optó por mandarlo a vista pública.

Cuatro pruebas de agua

Varios laboratorios han hecho pruebas a los pozos artesanales y de muestreo de CAPSA.

• Fusades
  Se realizó por una petición de la Fiscalía. Será evaluado en el juzgado de Sentencia. Merino asegura que los resultados están a su favor.
• UES
  Según Mateo Marroquín fue de los primeros análisis que se efectuaron al relleno de Sonsonate para comprobar que está contaminando.
• UTLA
  El abogado defensor de Merino refuta que las pruebas son inválidas. Dice que la entidad no cuenta con certificación de la CONACYT.
• Otra empresa
  Laboratorios Especializados en Control de Calidad fue el primer ente que hizo análisis a petición de Capsa. No indicaban contaminación.