Plan. Proyectos hidroeléctricas buscan vender estos títulos. Foto EDH

Los ingenios han visto un nicho de negocios potencial en la venta de bonos o certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como el Monóxido de Carbono (CO2) a los países desarrollados.

Así lo reflejan los “proyectos de desarrollo limpio” ejecutados por la Compañía Azucarera Salvadoreña (Cassa), y los ingenios El Ángel, Chanmico y La Cabaña que buscan disminuir la producción de estos gases -nocivos al medio ambiente- por medio de reducir el uso de combustibles fósiles, entre otras medidas.

Un ingenio que está a un paso de vender bonos, es la Compañía Azucarera Salvadoreña, que espera en diciembre de este año obtener la certificación para comercializar como mínimo unas 17 mil 612 toneladas libres de monóxido de carbono.

Claudia Figueroa, de la unidad de gestión ambiental de la empresa, afirmó que ya tienen negociado el 50 por ciento de los 86 mil bonos que emitirán a varias firmas de Japón.

Otra firma que le sigue los pasos, es el Ingenio Chanmico que ha cambiado su maquinaria para utilizar menos combustibles con el fin de iniciar el proceso para vender certificados, lo que representaría una emisión de 20 mil toneladas por año.

Arturo Domínguez, gerente de proyectos del Ingenio, dijo que las modificaciones han significado una inversión de alrededor de 16 millones de dólares.

El mercado de los certificados de emisiones es competitivo ya que éstos tienen mucha demanda. El precio de un bono oscila entre los siete dólares, 15 y hasta los 20 dólares.

Los principales compradores son Japón, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania Suecia y El Banco Mundial, incluso hay bolsas de valores de carbono que adquieren los certificados o bonos.

Estas entidades buscan aprovechar lo establecido por el Protocolo de Kyoto, en donde los países desarrollados se comprometieron, de 2008 a 2012, reducir por lo menos en un 5. 2 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para dañar lo menos posible la capa de ozono.

Mauricio Ayala, coordinador del Protocolo de Kyoto en el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que los países firmantes del Protocolo tienen la obligación de cumplirlo, porque es un compromiso legal.

Agregó que estas naciones pueden hacerlo al comprar certificados de reducción de emisiones de gases a proyectos de “desarrollo limpio” que se ejecutan en naciones en vías de desarrollo como El Salvador.

“Es por eso que los países más ricos e industrializados buscan proyectos como los que tienen los ingenios y algunas empresas hidroeléctricas y de geotermia. Ellos compran la reducción de los gases ”, añadió Ayala.

Gracias a esto es que entidades como LaGeo, venderá a Holanda 180 mil toneladas libres de C02, a siete euros por tonelada, a partir de octubre próximo.

El volumen de la reducción de emisiones de gases de un proyecto, es medido por la Organización de las Naciones Unidas, quien calcula las cantidades de gasolina y diesel utilizadas en los procesos de producción de las empresas. La verificación inicia con la evaluación del diseño del proyecto, la validación, la etapa de registro y por último la de certificación que es el aval para la venta de bonos.