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Guadalupe
Hernández
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com
La industria de la pesca sigue pagando veinte centavos de dólar
por cada galón de diésel que utilizan sus barcos en concepto
del impuesto del Fondo para la Conservación Vial (Fovial), a pesar
de que no utilizan las carreteras.
La contribución vial exceptúa la gasolina de avión,
por lo cual hace tres años la industria pesquera exigió
el cumplimiento del derecho de igualdad y solicitó a la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) la inconstitucionalidad de dicho cobro.
Los argumentos de los demandantes hicieron eco en la CSJ, la cual el 27
de julio de 2005 resolvió a favor de los demandantes.
La notificación de la inconstitucionalidad fue enviada a la Asamblea
Legislativa y a la Fiscalía General de la República.
Sin respuesta
“La Corte declaró inconstitucional el cobro, pero todavía
pagamos por el mantenimiento de las carreteras, a pesar de que no las
utilizamos”, dice Hernán Quintanar, gerente general de la
Cámara Salvadoreña de la Pesca y Acuicultura (Campac).
¿Pero por qué el Gobierno no aplica el mandato de la Corte?
Es la pregunta que se hacen los empresarios, quienes aseguran que hasta
se han reunido, junto a titulares del Ministerio de Agricultura, con un
equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para
resolver la exoneración de dicho pago.
Además enviaron cartas, pero a la fecha no han obtenido respuesta,
pese a las misivas enviadas.
El Diario de Hoy consultó al MOP, pero la fuente informó
que la “última versión que ofreció al respecto
de ese tema el Ministro –David Gutiérrez— es que no
se puede hacer nada mientras la Asamblea Legislativa no emita un decreto”.
Quintanar estima que el impuesto representa una carga que pasa el millón
de dólares por año, lo cual genera “un problema de
competitividad” frente a otros países como México
y Nicaragua.
“Ellos no pagan ese tipo de impuestos, y por el contrario, reciben
una serie de estímulos, con lo cual han podido ser más competitivos”,
advirtió.
Además de la exoneración del impuesto, la Cámara
solicita al Estado la creación de un Fondo de Garantía para
contar con un capital de trabajo). Pero además, incentivar y promover
las acciones que desarrollen y diversifiquen las empresas.
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