Multa de $2 millones a Perla y otros de Anda

Sentencia. El ente contralor encontró que el ex funcionario pagó más de lo pactado por perforar 85 pozos. Además, hubo deficiente supervisión de la obra

Publicada 19 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

El proyecto.ULa entidad pagó a la empresa constructora por el mantenimiento de las estructuras en la capital. Foto EDH

La Corte de Cuentas dejó caer otra sentencia millonaria sobre Carlos Perla y otros ex y actuales directivos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) por irregularidades en la perforación de 85 pozos entre 1999 y 2003.

La Cámara Cuarta de Primera Instancia multó por un aproximado de $2 millones 300 mil a Perla, ex presidente de Anda, Mario Orellana, ex-gerente general, y diez personas más.
La contraloría sanciona de esta manera las irregularidades encontradas en la contratación y ejecución de la construcción de pozos.

Pese a que la obra fue asignada durante la administración de Carlos Perla, la Corte también impuso multas a su sucesor, Manuel Arrieta, a la actual gerente general, Violeta de Zaldaña, y a otros ex-funcionarios.

El trato era construir 85 pozos, pero un año antes de dejar la presidencia de Anda, Perla cambió las reglas del juego para hacer sólo 52 estructuras por el mismo precio, dijeron fuentes de la entidad paraestatal.

La instancia encontró irregularidades en la contratación de la empresa Drillmasters, a la cual la institución pagó más de $7.5 millones para que ejecutara la obra, pero en la sentencia se establece que no se hizo como se pactó.
Según las fuentes, la Corte hizo seis señalamientos a la Anda por resarcimiento patrimonial.

Entre los principales está que la diferencia entre lo que pagó Anda por la obra y lo que le entregaron al final era sustancial; además, el ente contralor recrimina la deficiente supervisión de los pozos, porque eso permitió que se elevaran los costos.

También, determinaron que había diferencia en las medidas iniciales de perforación de las estructuras.

Las personas sancionadas todavía tienen la oportunidad de pedir una revisión del fallo ante una cámara de segunda instancia.

De hecho, Arrieta adelantó ayer que lo hará, porque la Corte no estableció la diferencia entre el período de Perla (1994-2002) y el suyo (2002-2006), pese a que presentaron como prueba los contratos modificados.

Arrieta y otros ex-funcionarios han reiterado que no pueden responder por algo que se hizo previamente a su administración, aunque afecte a la misma entidad y hayan tenido que dar explicaciones inicialmente.

Mientras tanto, Carlos Perla está preso en Francia, en espera de la decisión del Consejo de Estado sobre el proceso de extradición que se le sigue por una serie de negociaciones ilícitas y actos de corrupción en la entidad paraestatal.

El ex-funcionario, su esposa y su hijo esperan recibir permiso para quedarse con el argumento de que Perla es “perseguido político” en El Salvador.

Mario Orellana, su ex-gerente general, era el “cerebro” de las negociaciones y ahora es el testigo clave, después de confesar en el juicio que se les sigue.

Las otras pesquisas

El secretario general de la Fiscalía, Aquiles Parada, explicó a El Diario de Hoy que, además de los señalamientos contra los ex funcionarios de la entidad paraestatal, la sentencia también abarca a Drillmasters.

Sin embargo, no se extendió en las implicaciones contra la empresa. Lo que sí adelantó es que “habría factores novedosos” en el documento que abonarían a la investigación penal que pidió hace unos cinco meses el ente contralor contra la firma.

Agregó que por ahora están en la fase de recabar las pruebas, para determinar si cometió algún delito contra el Estado. “El estado de las investigaciones va a variar con el informe que se ha recibido (de la Corte). Posiblemente algunos de los insumos que pueda dar la resolución, posiblemente sean novedosos”, afirmó Parada.

Pero el representante de Drillmasters, Kevin Smith, aseguró que “estamos tranquilos porque todo lo que hicimos lo realizamos correctamente. Hemos cumplido con más del ciento por ciento”.

Según el proceso, Perla ordenó una licitación o concurso, pero no especificó a las empresas concursantes dónde se harían las excavaciones ni siquiera qué clase de suelo se trataba.

Por esta razón, un comité evaluador de Anda recomendó que se declarara desierto el concurso, porque con estos vacíos las empresas no podrían precisar costos.
No obstante, la obra se le adjudicó a Drillmasters.

Según las fuentes, los investigadores encontraron dos contratos, con diferencias de forma y contenido. De hecho, no se construyó el número original de pozos y sólo ocho tenían tecnología de punta. No se respetó ni el diámetro establecido.

La administración Perla tampoco rehabilitó varios pozos existentes ni se realizaron trabajos de limpieza en ellos. Algunas de las estructuras construidas no pudieron funcionar por falta de equipo, establecieron las auditorías.

La gestión actual

Para César Funes, actual presidente de Anda, pese a que la institución no está ajena al proceso legal que se sigue por la perforación de los pozos, se desliga del embrollo jurídico que atañe a las anteriores administraciones.

Funes argumentó ayer tarde que no estaba enterado de la resolución de la Cámara Cuarta, porque a cada funcionario le notificarían de forma personal y a su oficina llegaría sólo un informe sobre el fallo.

Arrieta: “Corregimos lo que hicieron en tiempo de Perla”

Apelará. Manuel Arrieta (primero a la izquierda) aseguró que pedirá la revisión de la sentencia, porque no tuvo culpa. Foto EDH

Al ex presidente de Anda, Manuel Arrieta, le tocó pagar los platos rotos que dejó Carlos Perla. Al menos ese es el argumento del ex titular de la entidad autónoma.

El funcionario indicó ayer a El Diario de Hoy, que no comprende por qué la Corte de Cuentas falló contra la administración que presidió desde junio de 2002 hasta mayo de este año.

Esto porque durante el proceso que siguió el ente contralor, él y sus subalternos presentaron como pruebas los contratos que Perla modificó en 2001.

En ellos, según Arrieta, se cambió de 85 a 52 los pozos que serían rehabilitados por más de $7 millones. Eso les costó que la sentencia los abarcara.

El ex presidente recalcó que en su gestión denunciaron la camándula de irregularidades que hallaron.

“No entendemos por qué esa resolución si nosotros corregimos lo que hicieron antes y eso es lo que vamos a argumentar en la apelación”, dijo.

Pero lo que más lamenta Arrieta es que los jueces de la Cámara Cuarta “no diferenciaron entre una administración y la otra”, agregó.

Explicó que cuando llegó al cargo aún faltaban dos pozos por concluir y que aún no están pagados, a raíz de que la Corte Suprema estudia la demanda para establecer si el contrato fue lesivo o no.

Para él, los documentos que llevaron ante la Corte de Cuentas no les libró de las multas y no se quedarán de brazos cruzados.

Algunas dudas de los jueces

Las respuestas, según Manuel Arrieta, están en los contratos que hizo Perla:
- La Corte les cuestionó por qué no se rehabilitaron 33 pozos. La respuesta es que Perla cambió el acuerdo en 2001 en el que disminuyó las estructuras, pero no el gasto.
- Además les interpelaron por qué se elevaron los costos. Esto se derivó de la poca supervisión.

Drillmasters se siente excluido del caso

Se desmarcan. Kevin Donald Smith justificó las obras. Foto EDH

Pese a que el mismo secretario general de la Fiscalía, Aquiles Parada, dijo ayer que el fallo de la Corte de Cuentas también señalaría a la empresa Drillmasters, ésta no fue consultada, según Kevin Smith, representante de la firma.

Smith explicó que ellos pidieron ser parte del proceso que investigaba la Contraloría, pero no les dejaron, porque no son funcionarios públicos.

El empresario sostuvo que el 27 de julio de 2004 enviaron una carta a Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas, en la que le preguntaron si la institución indagaba a Anda por la perforación de los pozos, y que de ser así que les tuvieran como parte en el proceso.

Pero un mes después la respuestas les cayó como balde de agua fría. La Corte les contestó que sí auditaban a la entidad, pero que no podían tomar parte en el caso, porque era para los funcionarios públicos.

“No nos preguntaron nada sobre el contrato durante el proceso”, se quejó.
Y además se desmarcó de las acusaciones que les puedan hacer.

“Las obras que hemos hecho fueron garantizadas y recibidas por tres empleados diferentes. De parte de nosotros hemos cumplido al ciento por ciento. Estamos tranquilos que todo está correcto”, enfatizó.