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| Sospechas. Los imputados fueron detenidos, luego de seguirles las pistas durante meses. Foto EDH |
Segunda entrega
Jorge Ávalos
El
Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El ministro de Gobernación, René Figueroa, expresó ayer que no tolerará acciones delictivas por parte de empleados de gobierno que obstaculicen la labor de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República.
“Hemos iniciado una investigación, como parte afectada, y el culpable tendrá que atenerse a las consecuencias”, aseguró.
Figueroa hizo esta declaración desde Nueva York, en reacción a un artículo publicado el lunes 18 de septiembre en El Diario de Hoy en el que se informaba que un empleado de la Dirección General de Migración y Extranjería habría dado una llamada de alerta a una banda que en ese momento era investigada por el tráfico y la trata de menores de edad.
Según investigadores, el testimonio de las víctimas indicaba que un funcionario de Migración había alertado a Oscar Ernesto Rodríguez Pérez y a Jorge Armando Sorto Rodríguez de que agentes de la policía estaban por realizar cateos en los prostíbulos en los que ellos explotaban a menores de edad.
El portavoz del Ministerio de Gobernación, Porfirio Chicas, confirmó que se ha iniciado una pesquisa interna, y que para ello se ha solicitado información de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Dada la gravedad del delito y con el afán de deducir responsabilidades, agradeceremos ampliar los detalles del operativo y de cómo tiene conocimiento la PNC, que un funcionario de esta Institución les previno”, indica un memorándum dirigido a Héctor Abel Tobar Campos, jefe de la División de Fronteras de la PNC.
Testimonios
En febrero de este año, el caso de “Los Pilotos” entró al proceso judicial por decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
Además de Rodríguez Pérez y de Sorto Rodríguez, hay otros dos imputados, José Miguel Clará Uriarte y Roberto Carlos Melgar Suria. Los cuatro son acusados de tráfico ilegal de personas, trata de personas y agrupaciones ilícitas.
Las víctimas son tres nicaragüenses. El cargo de trata también ha sido citado por los fiscales en perjuicio de dos menores de edad salvadoreñas.
En el fundamento legal de la solicitud presentado por la Fiscalía el 6 de febrero se incluyeron fragmentos de los testimonios de las víctimas.
En ellos, las adolescentes de 14, 15 y 16 años detallan la forma en que fueron sometidas a explotación sexual en tres prostíbulos, en los que se cobraban precios de $80 por “servicio”. Asimismo, cuentan que fueron utilizadas en la producción de pornografía infantil.
Una de las víctimas relata que poco antes de ser rescatadas por la Unidad de Trata de la PNC en Santa Rosa de Lima, fueron sustraídas de una casa de citas de Santa Tecla.
Esto sucedió, de acuerdo a ese testimonio, después de que “Jorge (Sorto) y (Oscar) Rodríguez les manifestaron que las iban a llevar a otro lugar, ya que habían recibido una llamada de un amigo de ellos que trabajaba en Migración, trasladándolas a un hotel”.
Un testigo adulto aseguró que, en efecto, los imputados les habían manifestado de que se dedicaban al negocio de “damas de compañía”, y que vio a dos de las menores de edad en la casa de citas donde habían clientes para “contratar a las muchachas para trabajo de sexo”.
Ima Guirola, de Cemujer, observó que este caso confirma el estado de impunidad en que vivimos: “El Ministerio de Gobernación debe hacer una investigación exhaustiva y revisar sus canales de información”, dijo.
Y agregó: “De la Fiscalía esperamos una actitud más protagónica y activa en cuanto a la protección de las víctimas”.
Oscar Vásquez, el consultor que está elaborando el documento base del Plan Nacional Contra la Trata, advirtió que a pesar de los avances en la reformas legales “aún hace falta un acercamiento entre los operadores de justicia, que necesitan dialogar para ponerse de acuerdo sobre lo básico, por ejemplo: cómo tipificar una acción delictiva como la trata”.
Vásquez aseveró que si se descubre la identidad del funcionario que filtró la información a los proxenetas, éste no podrá ser procesado por trata, porque actividades de complicidad no han sido tipificadas para este delito.
“No es una persona, sino el sistema lo que tenemos que mejorar”, recalcó.
“Hemos iniciado una investigación; el culpable tendrá que atenerse a las consecuencias”
René Figueroa
Ministro de Gobernación
“Este caso, por el tráfico de influencias, evidencia la fragilidad del sistema judicial”
Ima Guirola
Cemujer
“Nuestro sistema judicial parece fuerte, pero al verlo en detalle es muy poroso”
Óscar Vásquez
Plan Nacional Contra la Trata

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