Impunes delitos sexuales contra menores

Las víctimas son tres niñas nicaragüenses, quienes fueron traídas al país y vejadas. Los acusados de esos abusos quedaron libres días después de la detención, cuando un juez los favoreció con la exoneración provisional, a pesar de la gravedad de los hechos. Aunque el proceso sigue, los investigadores desconfían del mismo sistema para el que trabajan, debido a “muchas coincidencias”. El caso en sí reúne todas las variantes de la explotación sexual: tráfico, trata, prostitución y producción y distribución de pornografía infantil

Publicada 18 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Capturas. Tres miembros de la banda “Los Pilotos” fueron capturados el 27 de enero. Foto EDH

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Trata Leyes más duras no la han frenado

Esta investigación se inició por una llamada anónima: un importante caso en la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas y niños corre el peligro de quedar impune.

De acuerdo con el informante, el caso merece una mayor vigilancia por parte de la sociedad porque existe una alta probabilidad de que los imputados estén buscando la manera de sobornar a las autoridades para garantizar su libertad.

El caso en cuestión llegó a ser conocido como el de la banda de “Los Pilotos”, en referencia a cuatro hombres, estudiantes de aviación, acusados del tráfico y la trata de tres adolescentes nicaragüenses.

Los imputados, José Miguel Clará Uriarte, Óscar Ernesto Rodríguez Pérez y Jorge Armando Sorto Rodríguez, fueron capturados el 27 de enero de 2006 por la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil (PNC). Un hombre más, Roberto Carlos Melgar Suria, fue acusado por la Fiscalía General de la República en ausencia.

Antecedentes

El caso de “Los Pilotos” es clave porque reúne todas las variantes de explotación sexual de menores: tráfico, trata, prostitución de personas ajenas y, según el testimonio de las víctimas, la producción, posesión y distribución de pornografía infantil.

Debido a la minuciosa investigación de la División de Fronteras, a los fuertes testimonios de las tres adolescentes de 14, 15 y 16 años de edad, y al conjunto de peritajes, los dos fiscales asignados al caso nunca dudaron de que lograrían la judicialización y la condena de los explotadores.

Pero en un inesperado revés, el primero de febrero, el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, Eduardo Tenorio, ordenó sobreseimiento o exoneración provisional de cargos para los imputados por dos razones: porque las niñas habían venido al país por su propia voluntad y porque el tiempo que pasaron fue muy corto para que los implicados generaran ingresos “de tal situación” (la prostitución).

De acuerdo con el Código Penal de El Salvador, el consentimiento de las víctimas no cuenta en casos de tráfico o trata si éstas son menores de edad. Al contrario, cuando hay niños o niñas en condición de explotación, las penas se incrementan por la gravedad del caso.

Tampoco es un criterio legal el margen de ganancia de los proxenetas. De hecho, no hay ningún otro precedente legal en la historia judicial del país en el que un juez se haya apiadado de los explotadores porque no hicieron suficientes ganancias de sus víctimas.

La decisión del juez Tenorio no sólo ignoró las normativas nacionales. El Salvador ha firmado un total de 28 convenios internacionales con el fin de proteger a la niñez y prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Con su decisión, el juez Tenorio violó, de un solo golpe, 26 de estos convenios.

Pero los fiscales asignados al caso no cedieron. El 6 de febrero presentaron ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla una solicitud de reapertura del proceso. Esta vez consiguieron pasar la causa a la fase de “instrucción formal sin detención”, en otras palabras, a pesar de ser acusados de delitos muy graves, los cuatro imputados están libres.

A pesar de esta libertad condicionada, todavía pesa sobre ellos la acusación de tres graves delitos: tráfico ilegal de personas, trata de personas y agrupaciones ilícitas.

La sombra de una duda

La decisión inicial del juez Tenorio generó alarma entre los aplicadores de la ley y en los representantes de las instituciones que luchan contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

“No se trata en este caso de condenar a un inocente. Se trata de primas a primeras de soltar a personas que ni siquiera se habían investigado lo suficiente o con criterios que son realmente bastante discutibles”, expresó Ítalo Cardona, Coordinador Nacional del Programa Contra el Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.

Para la Unidad de Trata de la División de Fronteras de la PNC, que había logrado con éxito la rápida investigación y captura de los tres imputados, la decisión del juez Tenorio les causó frustración, pero no los sorprendió. ¿Por qué?

Según el sargento José Noé Ayala, jefe de sección de Trata de Personas, sólo hay dos opciones por considerar: “El juez, o desconocía la disposición (legal) o realmente había otra cosa”.

Una fuente anónima de la Fiscalía General de la República asegura que es imposible que el juez Tenorio haya desconocido los protocolos y las normativas sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, porque “no es la primera vez que él resolvía este tipo de casos. Es un juez con mucha experiencia”.

La cuestión a considerar es si los aplicadores de la ley enfrentan en este caso algo más que malas decisiones judiciales.

Vínculos

Hay un dato en particular que llamó la atención de los investigadores y los hizo considerar el grado de poder y de conexiones con que cuentan los imputados.

Días antes de las capturas, se realizaron cateos en las casas de citas de Santa Tecla donde las niñas nicaragüenses eran explotadas junto a otras dos salvadoreñas. Pero cuando los agentes llegaron no encontraron a ninguna menor de edad. Previamente, Jorge Sorto y Oscar Rodríguez habrían recibido una llamada de alerta de un amigo de ellos que trabaja en la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de El Salvador, según las fuentes.

Las niñas fueron llevadas a un hotel, donde, de acuerdo con un testimonio, Óscar violó a la menor de 14 años, quien ahora está embarazada.

La llamada de advertencia que vino de Migración no fue la única. Los imputados también se enteraron de que la Unidad de Trata los investigaba y fue así como decidieron llevar a las tres nicaragüenses a Santa Rosa de Lima, La Unión, donde también fueron prostituidas en una cervecería, utilizando para ese fin un cuarto oculto tras una puerta falsa.

Al final, la Unidad de Trata logró detener a los imputados, a quienes les decomisaron cuatro vehículos. De estos, el juez Tenorio ordenó que se les regresaran a los imputados los dos vehículos utilizados para el tráfico desde Nicaragua y para el transporte para fines de trata dentro de El Salvador. Los otros dos vehículos, los que no fueron utilizados en los delitos, todavía permanecen en manos de la División de Fronteras.

Dado que las niñas indicaron que fueron fotografiadas desnudas para una página de Internet, la Unidad de Trata también decomisó equipo informático: dos computadoras, un quemador de discos compactos y 30 CD.

Cuando la Fiscalía solicitó el peritaje técnico de este equipo se llevaron una sorpresa: el especialista del laboratorio de la Policía Técnica Científica de la Policía se recusó. Él no podía hacer el peritaje, sostuvo, porque era íntimo amigo de uno de los imputados.

Ese no es el único vínculo que los acusados tienen con personas que trabajan en las instituciones aplicadoras de la ley.

Casi inmediatamente después de las capturas se descubrió que José Miguel Clará Uriarte es hijo de una subcomisionada de la Policía Nacional Civil. Otro de los imputados es hijo de una auxiliar de la Procuraduría General de la República. El tercero es hijo de un empresario.

Irregularidades

Después de que los dos fiscales originalmente asignados al caso obtuvieron la instrucción formal para los imputados, fueron reemplazados por otro.

El nuevo fiscal ha enfrentado en los últimos meses medidas dilatorias por parte de la defensa y acciones que varias fuentes coinciden en llamar “inhumanas”, porque han llevado a la revictimización de las niñas nicaragüenses.

Entre estas medidas se cuentan la prolongada estadía de las víctimas en El Salvador para un reconocimiento que nunca se llevó a cabo, debido a la ausencia de los imputados. Aunque se frustró tres veces, al final la Fiscalía logró un anticipo de prueba con los testimonios de las víctimas.

En más de una ocasión durante esta etapa de instrucción, debido a las ausencias injustificadas, el juez tuvo la oportunidad de cambiar la medida sustitutiva de los imputados (la libertad condicional) por una medida privativa (detención), pero nunca ejerció esa opción.

Según el sargento Ayala, este es un caso “de crimen organizado, por lo tanto no deberían haberse aplicado medidas sustitutivas. El juez debería privarlos de su libertad para que no tengan la oportunidad de escapar del país”.

Aún más serio es el hecho de que los imputados han tenido acceso directo a las víctimas, presuntamente para intentar que cambien sus testimonios.

A pesar de que la producción, posesión y distribución de pornografía infantil podría significar por sí sola una fuerte condena para cada uno de los tres imputados, la Fiscalía no ha realizado ningún esfuerzo en los siete meses desde las capturas para obtener un peritaje técnico de las computadoras decomisadas.

Mientras tanto, las víctimas esperan. Viviendo aún en condiciones paupérrimas en su natal Nicaragua, ellas no saben que sus historias se han convertido en un caso tan importante para el futuro de la justicia en El Salvador porque, para bien o para mal, su resolución sentará un precedente.

	1) Nicaragua 15/12/2005 Los imputados establecieron contacto con las tres víctimas, que vivían en condiciones paupérrimas en Chinandega, y les prometieron trabajo en El Salvador.
	2) Rescate 19/01/2006 Las víctimas entraron al país por un punto ciego de la frontera El Amatillo, y de ahí fueron llevadas a Santa Rosa de Lima, de donde también fueron rescatadas.
	3) Captura 27/01/2006 Las víctimas fueron prostituidas en Santa Tecla y en Santa Rosa de Lima (donde está este cuarto tras una puerta falsa). La investigación llevó a la captura de tres hombres.

Cuando llegaron los policías que les seguían la pista, ya no encontraron a ninguno de los sospechosos. Un amigo, empleado de Migración, los había alertado

Los acusados tienen vínculos de amistad y familiares con técnicos y oficiales de la policía y con auxIliares de la procuraduría general de la república