Juez no admite que se equivocó

Contrabando. El funcionario sostiene que no hubo flagrancia para ordenar las capturas.

Publicada 8 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

David Posada Vidaurreta/Juez Primero de Instrucción Foto EDH

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El Juez Primero de Instrucción de Santa Tecla, David Posada Vidaurreta, respeta la resolución de la Cámara de la Cuarta Sección del Centro contra una banda de contrabandistas de lácteos, pero no la comparte.

El funcionario, que fue reprendido por el tribunal superior, aseguró que no se retracta de sobreseer o exonerar definitivamente al grupo de acusados capturado en San Juan Opico, La Libertad, en noviembre del año anterior.

Posada Vidaurreta explicó que la resolución que tomó y que fue revertida por la Cámara se basa en que la Fiscalía no dirigió las investigaciones como manda la ley y que los imputados no estaban en flagrancia.

Asegura que ordenó el sobreseimiento definitivo ya que a su juicio se violaron garantías constitucionales, así como la Ley de Aduanas y el Código Procesal Penal.

“La Fiscalía nunca fue comunicada por la policía (sobre el decomiso)... la policía debió comunicar esto (supuesto contrabando) a la Fiscalía para un direccionamiento funcional fiscal, ¿cuál es la base de esto? El artículo 193 de la Constitución”, explicó el juez.

Posada Vidaurreta rechazó la versión de que el decomiso y las capturas se hicieron tras el aviso de un informante anónimo.

Según el proceso, dijo el funcionario, el procedimiento policial surgió tras una entrevista entre el coordinador nacional anticontrabando con una persona, el 7 de noviembre de 2005, a las 3:00 de la tarde.

Según el juez, el coordinador informó a autoridades de Finanzas acerca de la información del contrabando y montaron un operativo el 8 de noviembre, para capturar a 19 personas.

“Aducen flagrancia, pero no ha habido... tienen la información y el tiempo para informar a la Fiscalía y no lo hacen, se van directamente a las capturas”, añadió el juez.

Asimismo criticó la decisión del director general de Aduanas, Gustavo Villatoro, al ordenar la destrucción de una parte del alijo de queso y otra fue vendida en subasta pública.

Esos productos estaban en calidad de depósito en las bodegas de Aduana. “Tuvo que existir una orden de este tribunal o notificar de lo que se hizo”, dijo Posada Vidaurreta.