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Casalco insiste en reformar Ley LACAP

Queja. Los empresarios quieren igual trato en C.A. que el ofrecido a los extranjeros en El Salvador. También que las alcaldías no cobren tasas ilegales y que se les pague a tiempo.

Publicada 5 de septiembre de 2006, El Diario de Hoy

Empleos. De llegar a concretar los cambios a la reformas de la Ley, la industria de la construcción espera generar un mayor número de trabajos en 2007. Foto EDH
Milady Cruz
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

La industria de la construcción de nuevo ha movido sus piezas para que los legisladores apresuren el paso para la revisión de la Ley de Adjudicaciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), antes de que finalice el año.

Los constructores sostienen que la ley actual presenta vacíos y es muy general.

Una queja recurrente es que, en el caso de la ley LACAP las empresas constructoras tienen que esperar mucho tiempo para que se les paguen los servicios prestados.

Anteriormente, el sector también se pronunció en contra del cobro de impuestos no establecidos de forma legal pero que amparadas en la autonomía de ciertas alcaldías se deben realizar.

En ese sentido, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), explicó que tanto el Estado como las empresas constructoras se han visto en dificultades por la incongruencia que genera la misma Ley.

“Hay varias propuestas que ya se han hecho y que queremos insistir en que se efectúen para bien del país y de las empresas constructoras. Queremos que nos oigan para que juntos con los señores de la Asamblea Legislativa revisemos la Ley LACAP”, insistió el empresario. “Buscamos que el país obtenga obras de calidad en el tiempo oportuno.

Nosotros hemos crecido porque buscamos nuevos mercados de participación”, subrayó Sansivirini.

La gremial también ha solicitado reciprocidad en cuanto a los contratos con otras empresas a nivel regional. Esto significa que así como las empresas del istmo pueden venir a invertir a El Salvador casi sin trabas así se le permita a las compañías locales trabajar sin obstáculos en el resto de la región. Además, se trae a colación el tema de los ajustes de precios porque la actual Ley sólo permite contratos establecidos a más de un año.

“Necesitamos ciertos mecanismos en las obras públicas que nos permita minimizar los problemas entre los contratistas y el gobierno frente a un contrato”, expresó Ángel Díaz, vicepresidente de el gremio.

“Ha quedado demostrado que muchos empresarios están trabajando en Nicaragua y están generando actividad económica. Queremos que nos den una oportunidad de que si el mercado nuestro está abierto que C.A. abra las puertas a las empresas locales”, dijo.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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