Segunda
entrega
Investigaciones
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
 |
| Iniciativas. Cuando los transportistas han protestado
por falta de seguridad, el Gobierno ha respondido con diversos dispositivos
de seguridad.Foto EDH |
Los transportistas públicos eran, en apariencia, los más
afectados por las extorsiones hasta que la Cámara de Comercio,
filial San Miguel, manifestó públicamente que ya no aguantaba
continuar siendo chantajeados, sin que la policía hiciera algo.
El Gobierno reaccionó e incrementó sus esfuerzos en San
Miguel.
A partir de entonces, el fenómeno ha tomado otra dimensión:
extorsiones a maestros, a residentes de colonias enteras y a comerciantes
de todo género.
Rodrigo Contreras Teos, presidente de la Cámara Salvadoreña
de la Industria del Transporte (CASIT), ve con escepticismo las últimas
acciones del Gobierno, a las que llama “medidas apagafuegos”.
Para Contreras Teos, la dimensión que ha alcanzado el poder de
las maras en las extorsiones demuestra que el “Plan Bus”,
el “Plan Mirador” y el traer a la Policía Rural “para
subirlos un par de días a los unidades de transporte” sólo
fueron acciones para acallar el clamor ante los reclamos de los transportistas.
Según él, no es que hayan pecado de crédulos al
aceptar las medidas aisladas que la policía ls ofreció enmomentos
anteriores.
A pesar de sus críticas, Contreras Teos reconoce que las extorsiones
no sólo es un problema que debe resolver la policía.
El transportista considera que la Asamblea Legislativa también
debe actuar a la altura de las necesidades , dándole más
herramientas legales a la fiscalía y policía.
“Hay políticos que gastan su tiempo en discutir asuntos como
prohibir los matrimonios entre gay o la castración para los violadores
y pierden de vista estos grandes problemas”, sostuvo el presidente
de la CASIT, quien considera que para combatir la delincuencia actual,
los tres órganos del Estado deben unir esfuerzos.
En esto, lo secunda Elena de Alfaro, presidenta de la Cámara de
Comercio: “Aquí son los tres órganos del Estado los
que se tienen que sentar a discutir ese problema tan serio como es la
seguridad del país”.
Ella también exhorta a la ciudadanía a confiar en la policía
y denunciar a los extorsionistas, aunque tiene claro que para eso la policía
debe ganarse la confianza de la población primero.
Ayuda militar
Otras voces, como la del diputado Antonio Almendáriz, considera
que el Ejecutivo debe apoyarse más en la Fuerza Armada para combatir
lo que según él, es un problema de seguridad nacional.
“Ahorita lo que hay son soldados caminando junto a policías.
Eso no es apoyo. El apoyo del Ejército sería que en forma
integral, con inteligencia y operaciones, como lo he propuesto desde hace
tiempo”, asegura el político.
El fundamenta sus afirmaciones en que si la combinación de tropas
y policías hubiera funcionado, el país no tendría
los problemas delictivos actuales.
Un jefe policial, que pidió reserva de nombre, también concuerda
con el diputado pecenista: el patrullaje de un policía con varios
soldados no ha servido para disuadir a la delincuencia, que fue el espíritu
de la iniciativa de los estrategias del Plan Mano Dura y Súper
Mano Dura, dirigidos al combate de las pandillas.
Según el presidente de la CASIT, el poner a soldados a caminar
junto a policías es sólo para salir del lío. Desde
su punto de vista, la PNC no tiene la capacidad para enfrentar el problema
de las extorsiones.
“Es un problema de seguridad nacional. Si se continúa ignorando
el problema, las maras podrían llegar hasta ser parte de la Asamblea
Legislativa. Algunos dirigentes de maras ya han logrado infiltrarse en
varias instituciones”, reflexionó el transportista.
“Es muy facil hacer una extorsión, sólo basta
un teléfono”
Desde hace un par de semanas, el caso insignia de la lucha de la policía
contra los extorsionistas es el esfuerzo que están haciendo enSan
Miguel, según el subdirector general de la PNC, José Luis
Tobar.
En las últimas semanas han capturado a una veintena de extorsinistas,
incluyendo a particulares que estaban tras las estructuras operativas
de la pandilla Dieciocho, según el oficial.
Tobar tiene claro que las extorsiones se han vuelto un grave problema
desde finales del 2005 y que, incluso, el aumento de un 300% de denuncias
no refleja la dimensión real de ese delito. Hay mucha gente que
no denuncia.
“Naturalmente, es muy fácil hacer una extorsión. Sólo
basta tener un celular y una persona que llame y amenace”, aseguró
el subdirector.
El jefe policial asegura que muchas extorsiones se hacen desde las cárceles
a través de celulares. “Es un delito nuevo propio de las
maras pero hay particulares que se están aprovechando”.
Según Tobar Prieto, la policía está trabajando para
meter a la cárcel a los líderes de las estructuras y no
sólo a los que mandan a pedir el dinero.

|