Comentando
Fiscalización con base en riesgo

Es por ello que se deben robustecer los procesos con que se administran los servicios regulados por el Estado, a la luz de las consecuencias legales y financieras que tendrían los errores operativos

Publicada 4 de septiembre de 2006, El Diario de Hoy

Francisco Sorto Rivas*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Dado que algunas reformas administrativas del Estado, se han traducido en la gestión de políticas públicas a través de terceros, esta labor se ha vuelto más compleja, ya que supone lograr ciertos objetivos mediante la introducción de incentivos y desincentivos económicos, para incidir en el comportamiento de mercado de los agentes que prestan determinados servicios, haciendo coincidir sus intereses particulares con los objetivos de las políticas que están gestionando inconcientemente.

En esta dinámica, las instituciones públicas encargadas del control y la fiscalización de las operaciones realizadas por dichas concesionarias, han venido utilizando para su labor, de manera convencional, la promulgación de normas operativas y la verificación, por diversos medios, de su cumplimiento, partiendo del supuesto que al ceñirse a estos procedimientos, se estarían reduciendo los riesgos operativos y financieros, que podrían afectar negativamente los intereses de los usuarios de la política.

Para lograr dicho objetivo de control, las instituciones públicas de fiscalización han adquirido las tecnologías duras y flexibles necesarias para verificar oportunamente el cumplimiento de las referidas normas, aunque esto no constituya una garantía suficiente para evitar errores en la prestación de los servicios regulados.

Es por ello que en estos momentos se revisan los procedimientos de control para elevar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos relacionados con la consecución de los objetivos de algunas políticas, trasladando mayor responsabilidad en la gestión de éstas, al operador privado del servicio; en eso consiste verdaderamente la fiscalización con base en la administración de riesgos, en que el gobierno corporativo de las empresas concesionarias de servicios públicos o proveedores de servicios controlados por el Estado, asuman mayor responsabilidad sobre los procesos que administran y tomen las providencias necesarias para mitigar los riesgos, que podrían derivar en perjuicios contra los usuarios del servicio o clientes.

En caso de no hacer lo anterior, tendría que incrementárseles más requerimientos de capital para enfrente eventuales demandas para la reparación de daños ocasionados por la calidad del servicio prestado; de ahí surge la idea de manejar nuevos requerimientos de capital, no sólo para atender las obligaciones convencionales con terceros --cuentas de pasivo en el balance--, sino que además, para cubrir obligaciones contingentes por el resarcimiento de perjuicios (requerimiento patrimonial operativo).

Debido a la existencia de procedimientos vulnerables a fallas, aunque acordes a la normativa emitida por los reguladores, resulta imperativo que las estructuras que gobiernan las empresas, tomen mayor conciencia de la calidad de sus procesos y las consecuencias que podrían tener las fallas generadas al administrarlos; esto les obligaría a considerar en su función de costos, las bondades de mejorar sus procesos y mitigar las vulnerabilidades detectadas en el ambiente operativo.

Es por ello que se deben robustecer los procesos con que se administran los servicios regulados por el Estado, a la luz de las consecuencias legales y financieras que tendrían los errores operativos; esto les permitiría identificar las fuentes de fallas potenciales y medir la probabilidad e impacto que tendrían sobre sus ganancias. Con esto se reducen los espacios para eludir responsabilidades, porque no puede alegarse que al haber cumplido la normativa del regulador, debe ser el Estado y no el privado, quien tiene que responder por eventuales fallas del sistema.

Con todo lo anterior se logra hacer más eficiente la gestión de las políticas públicas, ya que al sumarse recursos públicos a los esfuerzos focalizados del sector privado para solucionar problemas colectivos, se obtiene un impacto acumulativo superior, tanto en términos de resultados como en materia de los efectos perseguidos sobre el problema, la gestión pública se hace más efectiva.

*Economista y colaborador de El Diario de Hoy.