De pandilleros a mafiosos
La evolución

No son más los peones. Aunque iniciaron haciendo el trabajo sucio, Hoy son dueños de microbuses o puestos de mercados municipales, desde donde salen “las cachadas”

Publicada 3 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Avance criminal. Según la policía, el delito de extorsión no figuraba en las estadísticas de hace diez años. Ahora, la realidad es otra. Foto EDH

El poder adquirido ha permitido a las maras imponer en varias rutas a un marero como supervisor.

De esa forma saben cuál microbús no trabajó, qué motorista debe entregar la “renta” o a quién deben exigirle y cuánto debe pagar con base en lo recaudado durante cierto periodo.

Los mareros que en un tiempo algunos transportistas usaron en su favor, bien para acosar a la competencia o para encargarles microbuses para tener repuestos al alcance, se han convertido en azote para todo el sector. Esa es la tesis de las autoridades.

Extorsiones, robo y quema de unidades, asesinatos de empleados y eliminación de competencias son actividades ejecutadas por mareros dirigidos por otros que han alcanzado poder económico, al pasar de ser los mandaderos de empresarios deshonestos a manejar los hilos del hampa.

La Fiscalía y la Policía ilustran sus afirmaciones con tres casos investigados recientemente: tres mareros dueños de microbuses de la Ruta 140, y otros dos sujetos que tienen microbuses en la Ruta 41-D y en la Ruta 45-B, aunque de estos últimos no hay datos fehacientes de que sean pandilleros.

Algunos mareros hoy son propietarios de unidades que han comprado con el mismo dinero producto de la extorsión, afirman las autoridades.

El caso de Fredy Landaverde, apodado Tábatha, es un ejemplo de que “del mismo cuero salen las coyundas”, aseguran, aludiendo a las cinco unidades que tiene en la 140.

Según los investigadores, Tábatha comenzó robando microbuses de otras rutas para abastecer de repuestos a la cooperativa de un reconocido microbusero.

En el mundillo de los transportistas es un secreto a voces, aunque no falta quien diga que las unidades las compró con ayuda de parientes que viven en Estados Unidos, país que hace poco más de un año lo deportó.

Procesado por robo de microbuses

Tábatha no sería diferente al caso de dos microbuseros de la 41-D y 45-B que compraban microbuses robados, delito por el que actualmente están encarcelados. Landaverde fue capturado a finales de julio bajo cargos de robo de autos. Le hallaron partes de dos Hi-Ace con registro de robo.

Sin embargo, un juzgado de paz de Ilopango lo puso en libertad condicional, pese a que, según la Fiscalía, habían suficientes pruebas contra él.

En la ambición de mantenerse fácilmente en la ruta, los mareros, también eliminan la competencia. La presa fácil son aquellos que tienen una o dos unidades y que han logrado atemorizar.

A estos les imponen cantidades elevadas (lo bastante como para que no pueda pagarla o sostenerse mucho tiempo) como “renta” so pena de robar o quemar la unidad.

Así, cuando la carga se vuelve insostenible, los que están tras bambalinas, ordenan el robo para desmantelarla, o bien la quema. Así se surten de repuestos, eliminan competencia y ganan terreno en la cooperativa.

“Esto ya se volvió un problema de seguridad nacional”

Para el diputado pecenista, Antonio Almendáriz, el problema de delincuencia que vive El Salvador ya se volvió un problema de seguridad nacional.

Según Almendáriz, un coronel retirado, por eso quieren que la Asamblea Legislativa declare un “estado de grave perturbación del orden público”.

Con ello, se suspenderían algunas garantías constitucionales y las autoridades encargadas de investigar los delitos, podrían echar mano de las escuchas telefónicas como medio de prueba.

“Los narcotraficantes con el dinero que tienen pueden (comprar tecnología para) intervenir las llamadas telefónicas a celulares o fijos. La única que no lo puede hacer es la autoridad”, sostiene el político.

Almendáriz dice que las autoridades no pueden contra las maras y que prefiere no imaginarse el rumbo que pueden tomar.

Según el pecenista, la evolución criminal y financiera que tienen las maras representa un peligro incluso para la democracia, pues con el dinero acumulado de las actividades ilícitas, no está lejos el día en que, como suele hacerlo el narcotráfico, financien campañas políticas de personas que puedan responder a sus intereses.