En sus entrañas
Extorsiones

En los chantajes no sólo están implicados los pandilleros, sino también transportistas que, en una acción desleal, quieren hacer quebrar a colegas, y otros grupos de delincuentes comunes, que se aprovechan del río revuelto. Esta práctica ha cambiado el comportamiento cotidiano de diferentes sectores, al punto de someterlos.

Publicada 3 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Amenaza. La quema de unidades tiene un trasfondo más allá de la extorsión: eliminar la competencia. Foto EDH

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La evolución

¿Qué haría si usted tiene un negocio y las maras le dicen que a partir de hoy tendrá que dar empleo a uno de sus miembros en el área contable para tener más control de sus ingresos y, de acuerdo a eso, calcularle la “renta” que deberá pagarles?

Hasta ese extremo han llegado las pandillas, al menos en el sector de transporte público.
Eso ocurre en varias rutas de microbuses en las que, incluso, hay pandilleros que ya son dueños de unidades, según investigadores de la Fiscalía y la Policía.

Hay casos en que éstos están tras las extorsiones al sector transporte, algunos yendo más allá: sacando de la competencia a otros propietarios, a quienes les roban o les queman las unidades.

En la Ruta 140 las pandillas tienen a “supervisores” como empleados, así controlan las finanzas de la cooperativa y evitan que empresarios evadan la “renta”.

¿Y qué tal si mañana al amanecer encuentra bajo su puerta un manuscrito donde le digan que a partir de ese día pagará cierta cantidad de dinero por su seguridad?

Comunidades enteras, como Las Palmas, tienen varios meses de estar pagando “renta”. En esas colonias, la extorsión es un negocio que funciona como una empresa que se pasa entre manos de familiares o grupos de mafiosos.

Imputado. Carlos Rivas, Chino Tres Colas, es el líder de la mara 18 que extorsionaba a transportistas en el Parque Libertad, según la Fiscalía. Foto EDH

Por ejemplo, si los hombres caen presos, son las mujeres, sean hermanas o convivientes, las que se quedan al frente y, pistola en mano, recogen todos los sábados los diez, quince o más dólares.

De esta manera, las extorsiones se han convertido en un monstruo jineteado por las maras y otros grupos, que crecieron ante la mirada indiferente de las autoridades y de la población en general.

Ahora, muchos han puesto el grito en el cielo y piden un bloque común contra esa quimera, que para muchos es ya un problema de seguridad nacional y no simplemente de seguridad ciudadana.

La seguridad pública, la economía y hasta la misma democracia estaría en peligro, según políticos, empresarios y víctimas de extorsiones consultados por El Diario de Hoy.

Supuestos líderes del hampa con quienes El Diario de Hoy conversó dejaron entrever cuán grande es el problema y las cantidades exorbitantes de dólares que las maras se agencian para costear la manutención de parientes de pandilleros presos y los jugosos honorarios que dan a los abogados particulares que los defienden.

Pero el peligro no queda ahí, sino que los afluentes de dinero que tienen las mafias pandilleras a través de las extorsiones podrían darles el poder económico de financiar campañas políticas y filtrar aún más las instituciones estatales, acrecentando así su capital relacional.

Algunos gobiernos locales ya tienen entre sus concejales a miembros de pandillas plenamente identificados como tales, según la Policía Nacional Civil.

Una epidemia

De las extorsiones pocos se escapan. Hasta oficiales de alto rango de la policía pagan considerables sumas para mantener funcionando sus pequeños negocios.

Y de acuerdo con Elena de Alfaro, presidenta de la Cámara Salvadoreña de Comercio, los chantajes los sufren desde empresas transnacionales hasta familias humildes que se sostienen con un salario mínimo.

Según de Alfaro, las mafias de extorsionistas han ampliado tanto su “mercado” que hasta los salvadoreños que vienen de Estados Unidos a visitar a sus parientes son “renteados” por las maras.

Según el diputado Antonio Almendáriz, del Río Paz al Goascorán y de El Poy hasta La Herradura, las maras y otros grupos se están llenando los bolsillos de dinero, a pesar de los esfuerzos policiales.

El político asegura que la recaudación es incalculable y no cree que exista la forma de deducir exactamente cuántos millones están recogiendo.

De ese peligro surge la idea en el seno de su partido, el de Conciliación Nacional, de que se declare en El Salvador el estado de “grave perturbación del orden”.

Con ello estarían dando a las autoridades las herramientas que han pedido. Una de las principales son las escuchas telefónicas para que sean usadas como pruebas en un proceso judicial.

Tanto Almendáriz como de Alfaro avalan la implantación de un toque de queda en aquellas comunidades más afectadas. “Qué tienen que andar haciendo los jóvenes a las tres de la madrugada”, se pregunta la empresaria.

Sin embargo, el Gobierno está pidiendo más que herramientas legales y recursos para la Fiscalía y la Policía.

Piden la confianza de la ciudadanía. El presidente Elías Antonio Saca, tanto como Rodrigo Ávila, director policial, y Astor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, ha pedido a la gente que denuncie a los extorsionistas sin temor.

Sin embargo, según Elena de Alfaro, la gente tiene temor de denunciar debido a las pocas garantías de seguridad, a la impunidad y la infiltración que las mafias pandilleras han hecho en instituciones estatales como la Policía y otras.

Un sector que ha sido castigado por las extorsiones es tajante en decir que no confía en la policía.

En diferentes sectores han tenido la experiencia de haber sido extorsionados por un grupo en el que, cuando menos, había un policía liderando la estructura.

Eso ocurrió, por ejemplo, cuando los investigadores detuvieron a una banda de extorsionistas. Al sentirse presionado, uno de los delincuentes delató a un policía apodado “El Garfiel”, destacado en ese entonces en la Delegación Centro de la PNC, como integrante del grupo.

La Fiscalía no desconoce este caso, pero ese policía, que primero estuvo destacado en San Marcos, no ha sido investigado.

Las fuentes consultadas también se refieren al caso en que un marero muy conocido en una colonia de San Marcos, ahora es policía. Es por eso que piden que existan mayores controles y depuración en la Policía.

Según el subdirector general de la PNC, José Luis TobarPrieto, hasta el momento, la institución no desarrolla ninguna investigación en torno a policías que estén ligados a las maras para extorsionar.

No indagan cómo las maras lavan el dinero

Cuando capturó al Chino Tres Colas, Carlos Alberto Rivas Barahona, la policía aseguró que poseía varios autos de lujo y varias casas.

De César DanielRenderos, El Cementerio, también se dijo que tenía varias casas.
Igual pasa con otro pandillero de la 18, Fredy Enamorado, Tábatha, quien, al parecer, es dueño de cinco microbuses de la Ruta 140, según la Fiscalía.

En estos tres casos, las autoridades le han entrado por el delito de extorsión, homicidios y robo de autos, respectivamente. De los tres citados, Enamorado está libre por decisión judicial, aunque sigue procesado.

Diversas fuentes de la Fiscalía y Policía dijeron que a los tres sujetos no se les investiga la forma cómo han obtenido sus bienes. En algunos casos dijeron que “no han llegado hasta allí” o porque “es otro equipo al que le compete indagar sobre el lavado de dinero”.

Del Chino tres colas y el Tábatha, las autoridades aseguran que lideran bandas de extorsionistas. Del último, aunque no hay ninguna acusación formal por cargos de extorsión, también las autoridades aseguran que los cinco microbuses los ha obtenido con dineros de extorsiones o porque los ha robado y alterado sus seriales.

De Renderos, El Cementerio, fuentes de la comunidad Las Palmas aseguran que se dedica desde el sicariato, pasando por el robo de autos hasta la venta de drogas sin obviar la extorsión.

Así, los extorsionistas están blanqueando los dineros que obtienen de diversas actividades ilícitas, sin correr el peligro de perder sus bienes malhabidos y la libertad.